El 24 de agosto de 2018 la Policía Nacional ha devuelto a Marruecos a los 116 subsaharianos que el día anterior saltaron la valla de Ceuta. Únicamente permanecen en España los dos menores que participaron en la entrada. El Gobierno ha recurrido para repatriarlos a un convenido firmado en 1992 por los entonces ministros del Interior de ambos países, José Luis Corcuera y Driss Basri, que contemplaba la expulsión en menos de 10 días de los ciudadanos de terceros países que entraran ilegalmente en España desde Marruecos. En sus 26 años, el acuerdo solo se había aplicado de manera excepcional. Los responsables de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha desplegado un amplio dispositivo para cumplimentar los trámites en pocas horas. Los migrantes fueron trasladados de 10 en 10 desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta a dependencias policiales para tramitar el expediente de devolución de forma exprés. Tras tomarles la filiación, se les entregaba la orden de expulsión en presencia de un abogado. De allí, pasaban a los calabozos para su posterior traslado en vehículos a la frontera. Interior intenta distancianciarses con las polémicas devoluciones en caliente, en las que no se produce ninguna de estas circunstancias y que ya han costado una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Portavoces del ministerio recalcaban que “ninguno” de los 116 inmigrantes ahora devueltos a Marruecos solicitó asilo durante este trámite. Sin embargo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amnistía Internacional y Andalucía Acoge han coincidido en calificar de «enfoque desacertado» esta nueva expulsión de migrantes a Marruecos por parte del Ejecutivo español y han alertado de que esta acción puede vulnerar los Derechos Humanos.