El TSJ Madrid confirma el laudo dictado por el Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol que condenó  al Villarreal CF SAD al pago de de 300.000 € al Real Sporting de Gijón SAD por la cancelación de licencia del jugador Rogelio (STSJ Madrid CP 1ª 10 diciembre 2021)

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Primera, de 10 de diciembre de 2021, nº 75: 2021 de (ponente: David Suárez Leoz) desestima una acción de anulación contra el Laudo dictado por el Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol que condenó  al Villarreal CF SAD al pago de T 300.000 € al Real Sporting de Gijón SAD
como consecuencia de la cancelación de licencia del jugador Rogelio solicitada por el Villarreal CF SAD.. De acuerdo con la presente decisión:

«(…) – Debemos señalar, sucintamente, que la cuestión que se somete a nuestra revisión tiene por objeto determinar si la decisión adoptada por el Comité Jurisdiccional de la RFEF supone una vulneración de las normas y principios que rigen el procedimiento arbitral, en relación con la petición del VILLARREAL CF SAD de cancelación de una licencia deportiva de un jugador de futbol formado en la cantera del Club ahora demandado, que decide abandonar este último y firmar contrato laboral con la actora, constante la temporada deportiva. El Comité Jurisdiccional indica en una primera resolución – con nº 11/2020-21 y de fecha 20 de noviembre de 2020 – que esa incorporación, siendo lícita, se realiza en medio de la temporada, lo que supone que el Club que pierde el jugador tenga derecho a que se le indemnice por tal perjuicio; posteriormente, el mismo Comité, en la resolución 11-Bis de fecha 12 enero 2021, cuantifica en 300.000 € el importe económico de tal perjuicio, decisión que es ahora la única impugnada por la demandante. Pues bien, si limitamos nuestro examen del Laudo impugnado a los motivos que nos señala la referida Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, no podemos sino rechazar la denunciada vulneración del orden público. En primer lugar, y con respecto a la naturaleza arbitral de la decisión del Comité, como dijimos en Sentencia de esta Sala de 18 de febrero de 2020, «la condición de institución arbitral del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol , ha sido reconocida tanto por las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo, cuando eran competentes para el conocimiento y resolución de la acción de nulidad de laudos arbitrales, como por esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la actualidad, en la que la competencia le ha sido atribuida a tales efectos, por ejemplo en sentencia de fecha 12 de septiembre de 2017 .» «[…] La competencia, para conocer, entre otras materias, de cuestiones de mediación y arbitraje, corresponde en la RFEF al Comité Jurisdiccional, de acuerdo con el art. 41 del Reglamento General Real FederaciónEspañola de Fútbol , a cuyo tenor: «Competencia 1. El Comité Jurisdiccional es el órgano a quien corresponde conocer y resolver de las cuestiones, pretensiones o reclamacionesque no tengan carácter disciplinario ni competicional y que se susciten o deduzcan entre o por personas físicas o jurídicas que conforman la organización federativa de ámbito estatal, en relación con las operacionesque registren en la RFEF. Asimismo, el Comité Jurisdiccional será competente de las anteriores cuestiones cuando estas afecten a los intermediarios debidamente registrados en la RFEF siempre que sus actividades hayan sido registradas en la RFEF y de conformidad con el Reglamento de Intermediarios. Todo lo anterior, sin perjuicio de las competencias propias de la jurisdicción competente.» En el caso que nos ocupa, es la propia demandante la que determina en su demanda que nos hallamos ante una decisión arbitral, dictada en fecha 20 de noviembre de 2021, por la que se le concede lo solicitado ante el Comité, esto es, la cancelación de la licencia deportiva del jugador formado en la cantera de otro Club deportivo, para empezar a jugar, como profesional, en el Club solicitante, pero lo que cuestiona es la correcta determinación por esta vía arbitral de la indemnización fijada por tal Comité; igualmente, la demandada le niega tal naturaleza arbitral a la decisión ahora impugnada.  Sin embargo, ninguna de las dos partes niega la íntima vinculación entre la primera decisión – cancelación de la licencia deportiva – y la segunda – indemnización que por daño cuantificable se determina por los perjuicios causados por tal cancelación – llegando ambas partes a argumentar sus posiciones procesales frente a una decisión que en todo momento se califica de arbitral. Como ya ha tenido ocasión de pronunciarse este Tribunal en resoluciones anteriores, Sentencia de 26 de septiembre de 2016, » la jurisprudencia ha venido insistiendo en la flexibilidad con que ha de ser apreciada la correspondencia entre lo controvertido y lo que puede ser decidido por los árbitros; así, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1982 ya señaló que las facultades de los árbitros vienen determinadas por el thema decidendi establecido por la voluntad de las partes, estando ciertamente aquéllos sometidos al principio de congruencia, sinque puedan traspasar los límites del compromiso resolviendo cuestión no sometida a su decisión; pero eso no implica que estén obligados a interpretarlo tan restrictivamente que se coarte su misión decisoria de conflictos de forma extrajudicial, sino que la naturaleza y finalidad del arbitraje permite una mayor elasticidad en la interpretación de las estipulaciones que describen las cuestiones a decidir, las que deben apreciarse no aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad y a sus antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en el compromiso aquella facetas de la cuestión a resolver íntimamente vinculadas a la misma y sin cuya aportación quedaría la controversia insuficientemente fallada; en el mismo sentido, las SSTS de 9 de octubre de 1984 , 17 de septiembre de 1985 , 17 de junio de 1987 , 28 de noviembre de 1988 y 20 de noviembre de 1989 .» «La congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensionesque constituyen el objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la relación entre estos dos últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente alteradas ( SSTS de 29 de febrero de 1996 y 20 de octubre de 1997 ). La congruencia exigible al laudo se predica de las concretas pretensiones contenidas en los escritos de las partes, y no de las meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las mismas en defensa o apoyo de aquellas. La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo viene declarando reiteradamente que la congruencia de las sentencias no exige una correspondencia absolutamente rígida entre lo pedido y lo acordado sino que también se cumple cuando el fallo, pese a no concordar literalmente con lo pedido, se adecue racionalmente a las pretensiones de las partes y a los hechos que las fundamenten, hasta el punto de ser admisibles pronunciamientos complementarios del juzgador no pedidos por las partes pero sí encaminados a facilitar la ejecución del fallo o a evitar nuevos pleitos…». La ahora parte demandante aceptó expresamente el contenido de la primera resolución o el primer Laudo Arbitral, en el que se estableció, ya de forma palmaria, que había existido un daño al SPORTING DE GIJON por la cancelación de la licencia de su jugador, y que debía indemnizarse tal daño; por ello, la resolución de 12 de enero de 2021 no puede considerarse independiente, a los efectos de la sumisión al procedimiento arbitral, de la Resolución de 20 de noviembre de 2020 de ese mismo Comité, porque en esta ya dejaba claro el Comité que la allí demandada solicitaba, «para el supuesto de no ser atendidas sus anteriores peticiones (falta de competencia y denegación de la solicitud de cancelación de licencia), subsidiariamente se reconozca su derecho a ser indemnizado por la formación del jugador y para evitar el indebido enriquecimiento del CF Villarreal SAD, en la cuantía de 300.000 euros.» El VILLARREAL CF SAD acepta, y así lo pone de manifiesto en su demanda, el contenido de la primera resolución de 20 de noviembre de 2020, en el que – reiteramos – se estableció expresamente que había existido un daño al SPORTING DE GIJON que debía indemnizarse, y esta indemnización se fija en su segunda decisión de 12 de enero de 2021, por lo que en modo alguno podemos considerar que este se ha dictado con extralimitación de sus funciones arbitrales, ya que incluso la actora reconoce haber abonado tal cantidad para que el jugador pueda jugar con normalidad en la temporada. Por otra parte, no se alega en ningún momento en la demanda de anulación infracción alguna de los principios que deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en su defensa. Basta la lectura del laudo para tener una cabal compresión de las razones por las que el colegio arbitral resuelve la controversia sometida a su consideración, aunque la ahora actora no comparta sus conclusiones, y lo hace con argumentos fundados en derecho, razonables y razonados. De los autos queda acreditado con claridad que el Comité practicó y valoró toda la prueba propuesta y extrajo determinadas consecuencias, lo que pertenece a la exclusiva íntima convicción de quien debe acometer dicha labor, no pudiendo tacharse la motivación de insuficiente, ni irracional o ilógica. En definitiva, puede afirmarse con la sola lectura de la decisión – que sin duda es de naturaleza arbitral – impugnada que en ella se contiene una suficiente y lógica motivación, no apreciándose algún tipo de quiebra, incoherencia o contradicción; la propia resolución 11 – 2020/21 dejaba claramente establecido que existía un perjuicio por la cancelación de la licencia  que se solicitaba, y resulta que todas las alegaciones realizadas sobre incongruencia, arbitrariedad y falta de motivación de tal resolución son manifestaciones del desacuerdo con la decisión adoptada, insuficientes para apreciar vulneración del orden público. En definitiva y como señala la STC. de 15 de febrero de 2021, «… resulta manifiestamente irrazonable y claramente arbitrario pretender incluir en la noción de orden público ex art. 41.1 f) LA lo que simplemente constituye una pura revisión de la valoración de la prueba realizada motivadamente por el árbitro, porque a través de esta revisión probatoria lo que se está operando es una auténtica mutación de la acción de anulación, que es un remedio extremo y excepcional que no puede fundarse en infracciones puramente formales, sino que debe servir únicamente para remediar situaciones de indefensión efectiva y real o vulneraciones de derechos fundamentales o salvaguardar el orden público español, lo que excluye que las infracciones de procedimiento, sin afectación material de los derechos o situación jurídica de las partes, puedan servir de excusa para lograr la anulación de laudos.» Por ello, si esta Sala no se limita a realizar un examen externo de la motivación, sino que entra a hacer su propia valoración de la prueba, nos excederíamos de lo que es procedente en el procedimiento de impugnación de los laudos arbitrales. Nos encontramos ante una interpretación correcta realizada por el Comité Jurisdiccional sobre los efectos de la cancelación de una licencia deportiva de un jugador formado en otro Club deportivo, que no puede considerarse vulneración de un derecho fundamental, y menos de ninguno de los alegados por la demandante. Estamos ante una mera discrepancia de valoración de la prueba, que como señala la Sentencia de esta Sala de 21 de abril de 2015, no permite apreciar la acción de nulidad de laudo arbitral. Resulta por todo ello, procedente rechazar los motivos de anulación planteados».

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