No se aprecia infracción de los principios rectores del procedimiento arbitral, pese a haberse seguido el procedimiento abreviado, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas y a hacer las pertinentes alegaciones en su defensa (STSJ Madrid CP 1ª 18 junio 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 18 de junio de 2021 (ponente:  Francisco José Goyena Salgado) desestima una acción de anulación , frente al Laudo de fecha 26 de febrero de 2020, corregido por Laudo de fecha 27 de abril de 2020, recaído en el expediente nº 2954-19/AM, que dictó el árbitro designado por la Corte de Arbitraje de Madrid. De acuerdo esta decisión:

«(…) Como primer motivo de nulidad se alega por D.F., S. A. el previsto en el ap. d) del art. 41.1º LA, por no ajustarse el procedimiento arbitral al acuerdo entre las partes (…). De acuerdo con la Cláusula de sumisión a arbitraje suscrita por las partes, la controversia se resolvería por medio de un arbitraje sujeto al Reglamento de la Cámara de Comercio de Madrid, España. Entre otros aspectos el reglamento prevé que la Corte determinará la cuantía del procedimiento (art. 10 Reglamento.), atendiendo a las pretensiones de las partes, al interés económico y a la complejidad del caso. La cuantía, a su vez, determina el tipo de procedimiento que habrá de seguir la disputa: ordinario o abreviado. Para procedimientos de cuantía inferior a 100.000 euros, el procedimiento correspondiente es el abreviado (art. 51.2º Reglamento). Según el tipo de procedimiento, hay mayores o menores posibilidades concedidas a las partes para la defensa y presentación de su caso. Por otra parte, los costes del arbitraje, consecuencia de lo anterior y de la mayor o menor complejidad de los trámites, serán, igualmente, mayores o menores. En el caso presente la demandante A. fijó en su escrito de solicitud de arbitraje la cuantía del procedimiento en 74.516,18 €, lo que llevó a la Corte a acordar su tramitación como abreviado. Sin embargo, meses después de esta circunstancia, la Corte pudo constatar que el verdadero interés económico del procedimiento ascendía a más de tres millones de euros, lo que le llevó a reclamar los gastos asociados a tal importe. Dicha constatación del mayor interés económico se produjo cuando esta parte se había visto obligada a defender su posición con las limitaciones propias de un procedimiento abreviado. Esto, señala el motivo, ha mermado, de forma indefectible, su capacidad de defensa, que no se le ha permitido ejercer de conformidad con la verdadera dificultad y relevancia del caso. Al tiempo, le ha supuesto un perjuicio económico en forma de mayores costes asociados a un procedimiento ordinario, que no ha tenido lugar.

El motivo de nulidad, así expuesto, debe ser desestimado (…). (L) as infracciones de procedimiento, para que puedan dar lugar a la nulidad de las actuaciones, han tenido que producir una efectiva indefensión, lo que en el caso presente no se acredita, no bastando al efecto la mera indicación de que se ha seguido un procedimiento abreviado, más constreñido en sus trámites procedimentales que el ordinario (…).. Las alegaciones en que se apoya el motivo, en definitiva, no acreditan la concurrencia de ninguno de los dos motivos de nulidad, ya sea el del ap. b) o del ap. d) del art. 41.1º L A, ya que no se constata que la parte no haya podido hacer valer sus derechos ante el Árbitro, ni que el procedimiento seguido -el abreviado-haya sido con infracción de lo acordado por las partes, dado que es uno de los previstos en el Reglamento de la Corte Arbitral, al que se sometieron las partes litigantes (…). El mayor coste de la administración concursal, en el presente caso desde luego, no le ha impedido a D.F. litigar, haciendo valer sus derechos, en defensa de sus intereses, en el procedimiento arbitral. De hecho, como pone de relieva el Laudo (parágrafo 240) fue A. la que adelantó la mayor parte del coste de la administración concursal (58.555,77 €), y D.F. tan solo abonó 4.620,71 € (IVA incluido) en concepto de provisión de fondos inicial. La discrepancia de D.F. con el coste de la administración arbitral, conforme a las alegaciones que se han expuesto en este motivo, deberá plantearlas ante la Corte Arbitral, impugnando, en su caso, la improcedente actuación de dicha Corte”.

“(…) Los siguientes motivos de nulidad del laudo impugnado, que plantea la demanda que examinamos, se concretan en: – Nulidad por realizar el laudo una motivación arbitraria, ilógica e irracional, vulnerando el art. 24 CE. Vulneración del orden público (art. 41.1º.f) L A). – Nulidad por vulneración del orden público, al omitir la valoración de pruebas relevantes y acoger una arbitraria motivación en relación con la determinación y cumplimiento de las obligaciones de A. bajo el Contrato. (art. 41.1º. f) L A). Los dos motivos tienen en común la alegación de vulneración del orden público, bien por omitir la valoración de pruebas relevantes o por incurrir en una arbitraria motivación, vulnerando el art. 24 CE. Examinaremos conjuntamente ambos motivos (…). El examen del Laudo, sin entrar en la valoración sobre el fondo de la cuestión litigiosa debatida en el procedimiento arbitral, en la que no puede entrar la Sala, a tenor de la doctrina que ya expusimos, nos lleva a rechazar la calificación que imputa la parte demandante a la motivación que contiene el Laudo (…). No se acredita, por tanto, la alegación de ser la motivación del Laudo arbitraria, ilógica o irracional, advirtiéndose más bien, que los argumentos que se vierten en el correspondiente motivo de la demanda de anulación, obedecen a la postura discrepante de la parte demandada, que lógicamente no comparte, pues sustentan un resultado laudado contrario a sus intereses. Debemos recalcar, en lo que insistiremos a modo de corolario al final de nuestra resolución, que no corresponde a la Sala, pese al esfuerzo realizado por la demandante, con un trabajado cuadro contraponiendo ‘conclusión del Laudo’  vs  irrazonabilidad / arbitrariedad, con los correspondientes comentarios y conclusiones, entrar a valorar el acierto de la valoración y conclusiones que alcanza el Árbitro, sino comprobar que ha realizado un examen motivado, racional y asumible desde el punto de vista externo o formal de la cuestión litigiosa. c) La alegación de la omisión de la valoración de pruebas relevantes y acoger una arbitraria motivación en relación con la determinación y cumplimiento de las obligaciones de A. bajo el Contrato, en realidad se concreta en que ‘el Laudo ignora la manifestación unilateral de A.’, consistente en que ‘ésta manifiesta que ha dejado de cumplir el Contrato, en el mismo período de tiempo que el laudo entiende ha estado a disposición de D.F..’ ‘También ignora la manifestación unilateral del Sr. Humberto , representante de A., quien abiertamente reconoció que la labor de consultoría de A. se limitó a proporcionar a D.F. información que estaba al alcance del público.’ Como consecuencia de lo anterior, para la parte demandante, es la privación del carácter sinalagmático del Contrato, ‘ya que la interpretación del Laudo lleva a concluir que el simple hecho de ‘estar a disposición’ de la contraparte supone su cumplimiento, de tal forma que de ello debe derivarse el pago de una comisión, con independencia de que tal cumplimiento pueda verdaderamente constatarse.’ Las alegaciones que sustentan el motivo deben desestimarse, empezando por que la consecuencia última que se indica y que determinaría privar del carácter sinalagmático al Contrato, es una conclusión que no se alcanza de la lectura del Laudo, mucho más complejo en su argumentación, como hemos examinado. El Árbitro ha analizado y valorado la prueba practicada, haciéndolo, como ya indicábamos, de forma individualizada y con expresión del resultado en cada caso, respecto de la conclusión que va alcanzando, en un discurso argumentativo lineal, estructurado, coherente y razonable, que plasma en el Laudo. La falta de referencia a tan concretas manifestaciones (dos), en modo alguno restan valor al examen conjunto de la prueba, máxime cuando no es exigible una exposición exhaustiva de toda la prueba practicada, bastando con que de la valorada se concluya racional y conforme a los criterios hermenéuticos y de experiencia, las conclusiones a las que después el árbitro anude las consecuencias jurídicas aplicables a la controversia sometida a su decisión. Lógicamente la excepción será la omisión de un elemento de prueba que, por sí solo, determine la afirmación o negación o la interpretación de un hecho o negocio jurídico, lo que no cabe predicar de la omisión que se alega por la parte demandante. Procede, por lo expuesto, desestimar los dos motivos analizados conjuntamente”.

“(…) Como último motivo de nulidad del Laudo se alega la vulneración del orden público, pues su cumplimiento implica, de forma inmediata y directa, incurrir en malas prácticas y la infracción de normas éticas. (art. 41.1º.f) L A). La cuestión es examinada monográficamente por el Laudo en sus parágrafos 215 a 229. En línea con lo que señala la parte demandante, se recoge en el Laudo que: ‘Más allá del régimen penal, la proscripción de prácticas ilegales es relevante desde la perspectiva contractual por cuanto impide tales prácticas por las partes en el desarrollo de su cumplimiento contractual, a la vez que prohíbe que éstas concluyan contratos que tengan como objeto o efecto vulnerar la legalidad. Así se deriva del art. 1255 Cc…’ Dicha prohibición se contiene expresamente en varias cláusulas del Contrato, a las que hace referencia el Laudo en su parágrafo 223 y 224. Tras examinar la prueba procedente al respecto, que individualiza y refleja en el Laudo, así como la interpretación que cabía dar a los ‘pagos’ mencionados en un correo electrónico dirigido por Humberto a Joaquín , de 2 de marzo de 2018 y que el Árbitro considera razonable (parágrafos 226 y 227), concluye: ‘Ni la prueba documental ni el testimonio del Sr. Humberto permiten afirmar con la certeza que pretende D.F. que existieron tales pagos y que los mismos fueron del tipo que están prohibidos por las Cláusulas del Contrato y la legislación vigente. De hecho contrasta la severidad de la citada afirmación con el empleo del término ‘sospecha’ en la siguiente oración en su Escrito de Conclusiones. Tales afirmaciones no satisfacen la caga de la prueba exigida por el art. 29.2 del Reglamento para que tales hechos controvertidos puedan ser tenidos en cuenta para la resolución de la presente disputa. Además, este Árbitro Único entiende que no existen circunstancias que requieran una actuación ulterior por su parte en este arbitraje.’ En definitiva, la conclusión del Árbitro es palmaria, rechazando la afirmación alegada por D.F., y mantenida en la presente demanda de anulación, por lo que no cabe apreciar vulneración del orden público, respecto de una conducta que no se ha acreditado y que no impone, por lo demás el Laudo, conforme a lo que resuelve, por lo que debe desestimarse el último motivo de nulidad” (…). El examen del laudo impugnado lleva a la Sala, en conclusión y como decíamos a modo de corolario, a la luz de la doctrina expuesta, a rechazar las objeciones formuladas por la parte demandante, incluido el que el laudo haya motivado de forma ilógica, arbitraria o irracionalmente las conclusiones que sienta, bastando al efecto para comprobar que sí existe una verdadera y suficiente motivación, la mera lectura del mismo. El laudo contiene una motivación que es acorde a la resolución del litigio que se ha presentado ante el tribunal arbitral, dando respuesta argumentada, con independencia del acierto o no de la misma, a los planteamientos que sostienen tanto la parte demandante como la parte demandada, en apoyo de sus respectivas pretensiones, deducidas respectivamente en sus escritos de demanda y contestación. Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos encontramos y el concepto acuñado de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues por una parte desborda claramente el marco de aplicación del recurso interpuesto y, por otra parte, el laudo dictado no vulnera el orden público. Desborda el marco de aplicación de la acción de anulación formulada ya que, en realidad, lo que subyace en la demanda planteada, es la pretensión de revisión de la cuestión litigiosa en cuanto al fondo, a modo de una segunda instancia plena. Por otra parte, del examen del laudo arbitral impugnado, en modo alguno se desprende que haya infringido el orden público. El Tribunal arbitral asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento al arbitraje acordado por las partes, sujetándose a las previsiones acordadas por las partes para su resolución, lo que no es impugnado por la parte demandante, alegando causa de nulidad al respecto. No se aprecia y a ello responde nuestro fundamento jurídico quinto, infracción de los principios que deben regir el procedimiento arbitral, pese a haberse seguido el procedimiento abreviado, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en su defensa, en definitiva, los aspectos que integrarían el orden público como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal (el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba). A juicio de la Sala, como ya hemos afirmado, no existe falta de motivación, ya sea porque el laudo carezca de ésta, ya por una sustantiva insuficiencia, irrazonabilidad o arbitrariedad. En este sentido el examen del laudo, tal como se ha expuesto en los fundamentos anteriores, pone de manifiesto como el Árbitro ha desarrollado un esquema argumental claro, preciso, secuenciado, de manera que ha ido sentando las premisas a partir de las cuáles pasa a desarrollar las siguientes consideraciones, valoración y conclusiones; de manera razonada y razonable, sin que entre la Sala, dado el alcance del procedimiento en el que nos encontramos, a valorar, a su vez, ni la prueba tenida en cuenta por el Árbitro, ni el acierto o desacierto jurídico que se establece. Sí hemos comprobado cómo, partiendo de las reglas de la hermenéutica contractual, el Laudo califica el negocio jurídico que vincula a las partes y a partir de ahí las obligaciones, de carácter sinalagmático, que se derivan para cada parte contratante. Las consideraciones que se hacen en la demanda de anulación, entrando en el examen de los argumentos del laudo impugnado, aun cuando pudieran en algún aspecto poner en evidencia alguna omisión argumental del mismo, no desvirtúan en su conjunto la valoración, aplicación del derecho y respuesta a las pretensiones de las partes. La respuesta dada por el Árbitro, desde el punto de vista externo, es decir sin entrar a valorar el mayor o menor acierto de la misma, en lo que la Sala no puede entrar, cumple suficientemente con el deber de motivación, que por otra parte no se revela ni ilógico, ni arbitrario ni absurdo o representativo de una mera apariencia vacua de dicha motivación, por lo que debe ser refrendada por esta Sala, en el ámbito del procedimiento en el que nos encontramos. En definitiva y como señala la STC. de 15 de marzo de 2021, ‘… excepcionalmente cabe anular una decisión arbitral cuando se hayan incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica o irracional; cuando se haya infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad de una resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo arbitral, como máxima expresión de la autonomía de las partes (art. 10 CE) y del ejercicio de su libertad (art. 1 CE) por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes o, simplemente, porque de haber sido sometidas la controversia a su valoración, hubiera llegado a otras bien diferentes.’ Las partes, mediante la lectura del laudo, pueden tener una cabal compresión de las razones por las que el Tribunal arbitral resuelve la controversia sometida a su consideración, aunque alguna parte pueda, lógicamente, no estar de acuerdo, dando argumentos, además fundados en derecho, razonables y razonados, aunque no se compartan, o hubiera podido resolverse la cuestión litigiosa en otros términos, por lo que resulta procedente su confirmación”.

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