Anulación parcial de un laudo al existir dudas acerca de que la codemandada fuera debidamente notificada y emplazada la y de que pudiera defender sus intereses (STSJ Madrid CP 1ª 25 junio 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 25 de junio de 2021 (ponente: Francisco José Goyena Salgado) declara la nulidad parcial de un laudo pronunciado por una árbitra designada por el Colegio Notarial de Madrid, con las siguientes consideraciones legales:

«(…) Es cierto, a la vista de la prueba aportada, que un primer intento de citación en el domicilio arrendado, mediante correo certificado, se realiza con éxito, pero suspendida la vista por la Covid-19, la tercera vez que se notifica la celebración de la vista -la segunda resultó fallida por un error en la dirección–, e intentada la notificación en dicho domicilio, no tiene igual resultado, constando que no fue recogido por la citada de Correos el acuse de recibo y en definitiva la documentación acompañada en la que se le emplazaba para la vista. El Laudo señala (Antecedente de Hecho IV, segundo párrafo), que ‘se comunicó a la dirección de email establecida en el contrato a efectos de notificaciones a existencia de la demanda arbitral y la citación para la vista a los demandantes y al abogado de la parte demandada que contestó a la demanda en ambas ocasiones’. Con base en lo anterior entiende la árbitra debidamente practicada la notificación. Atendido lo anterior, el propio Laudo viene a reconocer que no se notificó a la codemandada Sra. Paulina la orden procesal para contestar a la demanda, con la documentación correspondiente, sin que sea suficiente la consideración de que el letrado de los demandados contestara a la demanda, pues no podemos comprobar el alcance de dicha contestación, dado que no se requirió por las partes la incorporación del expediente arbitral. Existen cuando menos serias dudas acerca de que fuera debidamente notificada y emplazada la codemandada de la demanda y para su contestación y que pudiera defender sus intereses, que no tienen por qué coincidir con el otro codemandado, lo que implica una evidente indefensión en el ejercicio de sus derechos ( art. 24 CE), que debe resolverse a favor de la misma, por el carácter expansivo de los derechos fundamentales. Dicha infracción incide en el orden público procesal, que sí puede revisar la Sala, incluso de oficio, por lo que cabe afirmar que concurre en el caso presente y respecto de D.ª Paulina , la causa de nulidad prevista en el art. 41.1º.f) de la L A, con los efectos que se dirán (…)

«(…) Como siguiente motivo se alega por la parte demandante: Ser una cuestión de orden público lo resuelto por la árbitra, pues el arrendamiento tiene como única causa la adjudicación judicial a una menor. La adjudicación de una vivienda a una menor de edad de la que se presente el lanzamiento de la vivienda es una cuestión de orden público. Como primera consideración que cabe hacer, es que no es correcta la afirmación de que el arrendamiento tiene como causa la adjudicación judicial de la vivienda a la menor. La causa del contrato de arrendamiento, que recordemos es un contrato bilateral o sinalagmático, viene constituida por las respectivas obligaciones que asumen las partes contratantes, de una parte, ‘el arrendador se obliga a ceder el goce o uso de la cosa, y de la otra el arrendatario se obliga a pagar un precio cierto por el uso o goce’. Como correctamente señala el Laudo, la condición de arrendatario la ostenta D. Narciso , en virtud del contrato de cesión al que ya hemos hecho referencia, en ningún caso la menor, no obstante tener reconocido el derecho al uso del que fuera domicilio familiar, junto con el progenitor al que se atribuye la custodia, en virtud de lo resuelto por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, por mor de lo que previene el art. 96 Cc. Dicha atribución se hace en consideración a la menor edad de la hija, pero pierde dicho efecto cuando la hija alcanza la mayoría de edad, ya que en tal caso la edad ya no es criterio de atribución preferente de dicho uso, por ser el más necesitado de protección. En el caso presente la hija menor a la que se atribuyó el uso del domicilio familiar, nació el …de 2002 y al tiempo en que se inicia el procedimiento arbitral (24 febrero 2020), la hija ya había alcanzado la mayoría de edad, y no habiéndose establecido en la resolución judicial del JVM un límite temporal para dicho uso, debe entenderse que el uso lo era con el límite temporal de la adquisición de la mayoría de edad de la menor (…). El contrato de arrendamiento litigioso desplegará sus efectos, en los términos pactados por las partes y en particular, en el caso presente en cuanto a la concurrencia del vencimiento del plazo del arriendo. En consecuencia, el laudo arbitral no incurre en vulneración del orden público, por lo que debe desestimarse el motivo alegado».

«(…) Como tercer motivo de impugnación se alega que, a pesar de estimar parcialmente la demanda, impone las costas a los demandados, ahora demandantes, con lo que se vulnera el principio del vencimiento objetivo y el art. 29 de las normas de funcionamiento del Consejo Arbitral, aprobadas para la Comunidad de Madrid. Sin perjuicio de la incidencia que va a tener la estimación parcial de la demanda respecto de la demandante, el motivo debe ser desestimado. El Laudo trata el tema de las costas y su imposición, ciertamente en su totalidad a los entonces demandados, en el fundamento jurídico VII y en el Laudo de aclaración, en los términos que exponíamos al principio de nuestra resolución. El citado art. 29 del Reglamento del consejo Arbitral para el Alquiler en la Comunidad de Madrid establece: ‘El laudo se pronunciará sobre la condena en los costes del proceso arbitral, para lo cual regirá el principio del vencimiento. Si el laudo estimara parcialmente las pretensiones de una de las partes o de ambas, el árbitro se pronunciará sobre la imposición de los costes y la proporcionalidad en que deberán ser abonados por las partes’. En similares términos se pronuncia el art. 394 LEC. Como criterio principal en materia de costas, rige el del vencimiento, que ha sido interpretado jurisprudencialmente, en el sentido de que equivale al vencimiento, esto es la estimación total de las pretensiones de una de las partes litigantes, cuando dicha estimación, aun no siendo completa, representa una estimación casi total o muy sustancial, por ejemplo, cuanto se acogen pretensiones principales deducidas y se desestiman solo pretensiones accesorias. En el caso presente cabe afirmar, que las pretensiones principales: resolución del contrato de arrendamiento, desahucio y fijación de la obligación del pago de rentas que se devenguen hasta la salida de la vivienda, junto con parte de los gastos, han sido estimadas y que tan solo dos conceptos por gastos, por un importe de 25,87 euros y 80,04 euros, se han desestimado, por lo que el resultado de la decisión del Laudo puede razonablemente equipararse a una estimación total, a los efectos de la imposición de costas. Dicho lo cual, la condena al pago de las costas del procedimiento arbitral deberá residenciarse únicamente en el demandado D. Narciso y por el importe del 50 % de las causadas, dado que respecto de D.ª Paulina , se declarará la nulidad del Laudo, dejando lo sin efecto respecto de la misma, lo que alcanza a la parte de las costas que se le imponían».

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