El art. 54.4º LCJIMC se encuentra redactado de una forma abierta, puesto que no exige que se aporte una certificación de la firmeza de la resolución cuyo reconocimiento en España se pretende (AAP Barcelona 12ª 5 julio 2021)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 5 de julio de 2021 estima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 22 de marzo de 2.021, recaído en los autos de Execuátur nº 145/21, del Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona, revoca íntegramente la referida resolución que queda sin efecto, y en su lugar se acuerda que procede la admisión a trámite de la demanda formulada. En opinión de la Audiencia:

«(…) La resolución recaída en la primera instancia y objeto del recurso de apelación que ahora resolvemos, inadmite a trámite la demanda sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras al no haberse presentado por los demandantes el documento que acreditara la firmeza y fuerza ejecutiva de la sentencia de divorcio recaída en fecha 23 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Duodécimo Turno de Asunción (Paraguay), y ello en base a lo que dispone el art. 439.5º LEC en relación con el art. 54 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia Civil. Establece el art. 54.4º LCJIMC que, «La demanda (de execuátur) se ajustará a los requisitos del artículo 399 de la LEC y deberá ir acompañada de: a) El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o aportillados. b) El documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la Cédula de emplazamiento o el documento equivalente. c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la Ley aplicada por el tribunal de origen». Efectivamente, este precepto legal se encuentra redactado de una forma abierta, puesto que no exige que se aporte una certificación de la firmeza de la resolución cuyo reconocimiento en España se pretende por cuanto hace referencia a «cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva de la resolución extranjera en el Estado de origen», o incluso, pudiendo desprenderse esos extremos de la Ley aplicada por el tribunal de origen. Lo primero que debe ponerse de manifiesto es que se trata de una sentencia recaída en un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, y que la demanda de Exequatur se presenta igualmente por las dos partes interesadas. Por otro lado, la firmeza de la resolución cuyo reconocimiento en España se interesa por los demandantes, se desprende de la propia resolución que se acompaña en forma a la demanda presentada (Documento nº 1), en la que se hace constar en su parte dispositiva, lo siguiente: «Librar Oficio al Registro del Estado Civil, una vez ejecutoriada la presente resolución, ordenando su inscripción», ya que consta igualmente aportado a las actuaciones como Documento nº 2 el Certificado del Registro Civil con anotación marginal de la inscripción del divorcio, por lo que deberá concluirse que la resolución que declara la disolución del matrimonio por divorcio  ha adquirido firmeza y es ejecutoria, al menos en lo necesario para la admisión a trámite de la demanda de Exequatur formulada. Finalmente, la firmeza de la resolución extranjera cuyo reconocimiento se solicita en España, se desprende de la propia legislación Paraguaya, ya que el art. 533 del Código Procesal Civil, en lo relativo al capítulo dedicado a la ejecución y eficacia de resoluciones extranjeras, determina lo siguiente: «La ejecución de la sentencia dictada por un tribunal extranjero se pedirá ante el Juez de Primera Instancia de turno que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido, así como los testimonios de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma». En este sentido, el art. 519 del Código Procesal Civil determina que consentida, firme o ejecutoriada la sentencia judicial o arbitral y vencido el plazo para su cumplimiento, procederá su ejecución a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este capítulo, de donde debe entenderse como acreditada de igual forma la firmeza y ejecutoria de la resolución sobre la que se interesa el reconocimiento de efectos en España, por lo que procede estimar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución definitiva recaída en la primera instancia, y con revocación de la resolución de la referida resolución admitir a trámite la demanda formulada por los recurrentes».

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