La inclusión de una cláusula de sumisión a arbitraje, en un contrato con condiciones generales de la contratación no resulta contraria al art. 54.2º LEC (SAP Valencia 9ª 15 junio 2021)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 15 de junio de 2021  rechaza que se hubiera consentido un arbitraje más amplio del realmente delimitado en la cláusula de sumisión y que no es incompatible que determinados aspectos de la relación jurídica queden sometidos al arbitraje y otros distintos a la jurisdicción de los tribunales. Y añade en aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional 136/2010, de 2 de diciembre, que:

«(…)  El convenio arbitral es aquel que expresa la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación o ámbito jurídico, contractual o no contractual. Se trata de un negocio jurídico y, como tal, ha de ser objeto de interpretación para poder ser aplicado. Dada su naturaleza negocial y la trascendencia que tiene la voluntad de las partes de renunciar a la solución jurisdiccional de los litigios que puedan producirse respecto de determinadas cuestiones, que entronca con su justificación constitucional, tiene especial relevancia que el convenio arbitral sea el resultado de la negociación de las partes o se encuentre contenido en un contrato de adhesión, que ha sido predispuesto por una de las partes, que es la que ha escogido la solución arbitral como la más conveniente a sus intereses, y que la otra parte haya prestado su consentimiento por la adhesión a tal contrato. Se excepciona el caso de las cláusulas no negociadas contenidas en contratos concertados con consumidores que establezcan la sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto específico (art. 90.1º en relación con el 57.4º, ambos TRLCU), que son nulas de pleno derecho, por ser abusivas (…). Podemos obtener varias conclusiones de esta doctrina. Dicha sentencia no exige que la voluntad clara, inequívoca, explícita y terminante conste de una manera específica en el contrato, siendo suficiente que se preste el consentimiento mediante la adhesión a tal contrato. Deberán ser las partes en cada caso quienes acrediten a través de los oportunos medios de prueba estos extremos. Sólo afirma que son abusivas, como excepción, las cláusulas de arbitraje en contratos con consumidores, en determinados supuestos, que no es el caso. De hecho, no ha sido un hecho controvertido que la recurrente no es consumidora sino una sociedad mercantil que actúa en el ámbito de su actividad empresarial. Por tanto, la cláusula de sumisión a arbitraje se considera aceptada de forma inequívoca y clara por la mera adhesión al contrato, es decir, la firma del contrato. No se exige una prueba específica o reforzada. En el caso concreto, la juez a quo valoró que el contrato de 1 de septiembre de 2015 se encuentra firmado, sin que resulte de dicho documento la voluntad contraria de la parte recurrente. Es cierto que, de igual manera, en el contrato de 23 de abril de 2014 consta la cláusula de sumisión a favor de los tribunales de Madrid. El hecho de que el contrato anterior ya contuviera una cláusula de sumisión a favor de órganos judiciales distintos debió hacer que la recurrente extremara la diligencia sobre este aspecto del contrato, y ello a pesar del contenido de la carta de 26 de agosto de 2015. En ningún caso podemos olvidar que no estamos en sede de consumidores sino ante sociedades mercantiles, aunque se trata de un contrato con condiciones generales de la contratación. De la misma forma, tampoco consta que la parte recurrente, de forma inmediata a la firma del contrato dirigiera reclamación a la parte demandada por la inclusión de dicha cláusula o que en algún momento mostrara su oposición a la misma ni ha desplegado mayor actividad probatoria para tratar de acreditar que no prestó su voluntad a dicho pacto de sumisión (…) El fundamento de la demanda consiste en que la cláusula de sumisión a arbitraje sería nula, conforme al art. 8.1º LCGC, porque se trataría de una condición general de la contratación contraria a normas imperativas. En la STS que estamos desgranando, la mención al art. 54.2 LEC no se hace en referencia a la cláusula de sumisión a arbitraje sino en respecto una cláusula subsidiaria de sumisión a favor de determinados juzgados, aplicable en defecto de la cláusula de sumisión de arbitraje. Así establece » 11.- Tampoco puede estimarse el último argumento expuesto en el recurso. La existencia de una cláusula de sumisión expresa a determinados juzgados, prevista para el caso de que no exista sumisión a arbitraje, no es significativa de que el convenio  arbitral sea omnicomprensivo en el sentido pretendido por el B.P., que incluiría como cuestión sometida a arbitraje el conocimiento de las acciones de nulidad de los contratos de swap y put. En primer lugar, porque esa cláusula de sumisión expresa, contenida en una condición general de un contrato de adhesión, carece de validez conforme al art. 54.2º LEC. Y ello resulta así del propio tenor del art. 54.2º LEC, que se rubrica ‘Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial’, a su vez ubicado dentro de la Sección 2ª de ‘competencia territorial’, dentro del Capítulo II sobre » De las reglas para determinar la competencia», a diferencia del Capítulo I regulador ‘ De la jurisdicción de los tribunales civiles y las cuestiones prejudiciales’. La conclusión es que, en su caso, el art. 54.2º LEC tampoco es una norma que resulte vulnerada por la cláusula sumisión al arbitraje porque el arbitraje no tiene cabida en su supuesto de hecho, que se limita a la competencia territorial de los órganos judiciales. Por todo ello, rechazamos el argumento de la parte actora. La Sentencia del Tribunal Supremo analizada no afirma, en ninguno de sus argumentos, que la inclusión de una cláusula de sumisión a arbitraje, en un contrato con condiciones generales de la contratación, resulte contraria al art. 54.2º LEC».

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