No concurre contradicción en la resolución de falta de competencia internacional en la solicitud de medidas cautelares dado que no existe constancia de la solicitud dirigida al Tribunal de Menores de Calgliari (AAP Granada 5ª enero 2021)

 

El Auto de la Audiencia Provincuial de Granada, Sección Quinta, de 15 de enero de 2021 desestima una solicitud de nulidad de actuaciones del auto resolutorio del recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada, sobre inadmisión a trámite, por falta de competencia internacional, de la solicitud de suspensión cautelar de la patria potestad, custodia y régimen de visitas de D. Ricardo sobre los hijos habidos del matrimonio que formó en su día con dicha recurrente. Se tenían en cuenta por la Juzgadora de instancia los arts. 8 y 12 del Reglamento de la CEE nº 2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, así como la doctrina del TJUE que se citaba en dicho auto. La apelante, en su recurso, insistía en la presentación de la circunstancia de urgencia requerida por el art. 20 del citado Reglamento, para la adopción de las medidas solicitadas, en contra de la competencia internacional de los tribunales italianos, dada la residencia habitual de los menores en Italia, bajo la responsabilidad parental del padre, según resolución acordada en dicho foro; ello, en razón a lo que tachaba de inacción de las autoridades A administrativas y judiciales, tanto españolas como italianas, ante las sucesivas solicitudes deducidas en relación con los mismos hechos, a raíz de acontecimientos ya puestos de manifiesto desde la anterior estancia de los menores con la madre en el período vacacional de las fiestas de la Navidad de 2019. Habiéndose dictado por esta Sala auto de fecha 11 de septiembre de 2020, por el que se declaraba la inaplicabilidad de este último precepto, por rechazo de la situación de urgencia denunciada, en valoración de la prueba documental aportada en relación con la STJUE de 23 de diciembre de 2009; razonándose, además, la improcedencia de la intervención de las autoridades de otro estado no competente para el conocimiento de la cuestión de fondo cuando, como es el caso y así se hacía constar en el escrito de recurso, la misma cuestión ya había sido suscitada ante el Tribunal de Menores de Calgliari. La promotora del presente incidente, al amparo de los art. 241 de la LOPJ y 228 LEC, invoca la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la CE y en los convenios internacionales en materia de protección del interés del menor; insiste en la inaplicación de normas internacionales determinante de incongruencia de la resolución impugnada con la jurisprudencia existente sobre el interés superior del menor; y, por último, alega la indefensión por inacción de la justicia ante lo que se considera situación de grave riesgo para los menores, en razón a la documental aportada. De acuerdo con la Audiencia:

«(…) a diferencia de la posición mantenida en el recurso, resulta ser la propia recurrente la que incurre en incongruencia argumental, al pretender excluir del objeto de la alzada la razón de decidir de la resolución impugnada, derivando el debate hacia una cuestión para la que, en este caso con mayor rotundidad si cabe, sí que carecen de competencia los tribunales españoles; como lo es la de proporcionar una respuesta jurisdiccional, no a la competencia internacional para conocer de la pretensión de amparo a los menores en términos de medidas cautelares, sino a la falta de actuación de los tribunales y autoridades competentes ante los que se han formulado las correspondientes solicitudes. En planteamiento que pasa por hacer un uso de la jurisdicción a modo de policía, o como mecanismo residual, para la resolución de un conflicto en el que, a su parecer, no se da la respuesta requerida por las autoridades competentes. Y en clara contravención del carácter imperativo de la norma procesal y, muy especialmente, del de igualdad de los Estados miembros de la UE, en los términos que contempla el art. 4.2º del Tratado Fundacional, según el cual, «la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente  a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro». Así, resulta de todo punto improcedente la alegación que pretende tener por infringidos, a efectos de nulidad de actuaciones, preceptos cuya aplicación no está al alcance del tribunal ante el que se formula la pretensión, precisamente por la falta de competencia internacional profusamente razonada y ni siquiera discutida por la parte promotora del incidente. Siendo así que, si lo que se plantea por dicha recurrente se limita a la falta de aplicación de las normas de derecho sustantivo nacionales y comunitarias relativas a la protección del interés superior del menor, ante solicitudes sucesivamente deducidas en torno a un estado de cosas que se presenta como de riesgo para sus hijos, lo que debió hacer era acudir o bien a los mecanismos de derecho interno propios de la soberana potestad legislativa del Estado italiano, en el control de la actuación de sus tribunales y demás autoridades competentes; o bien, al instrumento de fiscalización, control y cooperación que contempla el art. 55 del citado Reglamento CEE nº 2201/2003, del siguiente tenor: ‘Cooperación en casos específicamente relacionados con la responsabilidad parental. A petición de una autoridad central de otro Estado miembro o de un titular de la responsabilidad parental, las autoridades centrales cooperarán en asuntos concretos con el fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento. A tal efecto, adoptarán, ya sea directamente o por conducto de las autoridades públicas u otros organismos, todas las medidas adecuadas, con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro en materia de protección de datos personales, para: a) recabar e intercambiar información: i) sobre la situación del menor, ii) sobre los procedimientos pendientes, o iii) sobre las resoluciones adoptadas que conciernan al menor; b) proporcionar información y ayuda a los titulares de la responsabilidad parentalque soliciten el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en su territorio, en especial en materia de derechos de visita y de restitución del menor; c) facilitar las comunicaciones entre órganos jurisdiccionales, en especial para la aplicación de los apartados 6 y 7 del artículo 11 y del artículo 15; d) proporcionar toda la información y la asistencia que puedan ser de utilidad para la aplicación por los órganos jurisdiccionales del artículo 56; e) facilitar la celebración de acuerdos entre los titulares de la responsabilidad parental a través de la mediación o por otros medios, y facilitar con este fin la cooperación transfronteriza’. En definitiva, considera la Sala que, a los efectos de los invocados art. 341 de la LOPJ y 228 de la LEC, ni concurre, en términos de contradicción de derechos fundamentales, infracción de norma de contenido formal rectora de la resolución por la que se acordó y, posteriormente, se mantuvo en la alzada la falta de competencia internacional del órgano jurisdiccional ante el que se presentó la solicitud de medidas cautelares; ni, en todo caso, cabe aquí apreciar indefensión, dado que no existe constancia documental en autos de la solicitud dirigida al Tribunal de Menores de Calgliari, a que se aludía en aquél escrito, como así tampoco de cualquier queja, protesta o solicitud de impulso de actuaciones relativas a pretensiones promovidas ante la jurisdicción italiana competente. Por todo lo cual, se desestima la pretensión de nulidad».

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