La cuestión de anulación planteada es una cuestión meramente de alcance y valoración de la prueba que sólo al árbitro corresponde valorar (STSJ Aragón CP 1ª 24 marzo 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 24 de marzo de 2021 declara que o ha lugar a la anulación del laudo dictado el día 15 de julio de 2020 por un árbitro único en arbitraje administrado por la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación. Tras un inicio poco afortunado [“el laudo cuya parte dispositiva (llamada ‘Fallo’ por el árbitro, como si se tratara de una sentencia judicial en lugar de un laudo arbitral)…”], expresa los siguientes argumentos:

“(…) Considerada a la luz de la anterior doctrina la posible revisión del laudo por este Tribunal, es de observar que la valoración que el árbitro hizo de la prueba pericial a la que niega valor la demandante no presenta tacha de irregularidad que vulnere directa o indirectamente el orden público procesal entendido en la forma antes descrita. Porque, como resulta, en lo que ahora es relevante, de la lectura del laudo, sin necesidad de mayor interpretación que la literal (…), junto con la resolución que lo complementó (…) es indudable que el árbitro tomó su decisión tras ponderar las distintas pruebas obrantes en las actuaciones, tanto las dos periciales como las documentales. Si a la vista de las diligencias de prueba aceptadas y unidas al expediente pudo tomarse o no otra decisión de fondo y, en tal caso, si esta decisión sería la que desea la demandante, no es cuestión que pueda resolver esta Sala, cuya competencia en caso de impugnación de laudo arbitral debe limitarse, como se expuso, al control externo del arbitraje verificado, y a valorar si han sido respetados los derechos procesales de las partes que alcancen el rango de ser reconocidos como de orden público indeclinable. Y en el ejercicio de tal facultad limitada de control, se observa en el presente caso la evidencia de que el árbitro permitió sin cortapisas que las partes hicieran sus alegaciones fácticas y que, en su acreditación, aportaran ordenadamente las distintas pruebas que consideraron; veló por el hecho de que todos las tuvieran en su poder en momento en que podían contradecirlas o alegar sobre ellas; y, finalmente, las valoró en la medida en que consideró que cada una de ellas merecía credibilidad suficiente, bien por las explicaciones que por sí misma daban, bien por referencia con otras pruebas que las corroboraran o contradijeran. Frente a ello, no es de considerar que los activos propios de una sociedad sólo y exclusivamente podían acreditarse mediante la aportación de determinado documento, puesto que, como evidencian las explicaciones del laudo y su complemento, había otras formas de conocer cuál pudo ser el contenido de aquel documento no unido al expediente y, sobre todo, cuál era el activo real de la sociedad. No es tampoco admisible en contra de la conclusión de ser correcto el laudo que el documento en cuestión pudiera haber sido aportado por una u otra parte, ni cuál debía hacerlo, puesto que no se dio la situación de que alguna de las partes pretendiera su aportación y el árbitro lo denegara. Ni tampoco se suscitó cuestión de sobre quien recaía la carga de aportar la prueba, en el hipotético caso de haberse reputado necesaria. En todo caso, por demás, tales cuestiones son materias que debía resolver el árbitro, sin que su decisión en uno u otro modo afecte al orden público que se pretende vulnerado. Por último, tampoco son de admitir las alegaciones referidas a falta de credibilidad subjetiva de determinado perito o de posible connivencia de él con una de las partes, porque ningún atisbo existe de que tal situación se diera. En definitiva, la cuestión planteada, como la propia parte actora cuestiona en su demanda, tal y como antes ya se mencionó, es una cuestión meramente de alcance y valoración de la prueba obrante en el expediente y de determinación de a quién correspondía la carga de proporcionar determinadas pruebas, en caso de que su aportación hubiera sido totalmente imprescindible, cuestiones todas ellas sobre acreditación de los hechos alegados en el expediente arbitral que sólo al árbitro corresponde valorar”.

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