Aunque la parte ejecutante de un titulo judicial europeo no impugnado no haya presentado inicialmente la certificación prevista en la normativa comunitaria, dicha ausencia puede sustituirse por documentos equivalentes (AAP Málaga 5ª 4 noviembre 2020)

Ante una demanda ejecutiva de titulo judicial europeo no impugnado, como demanda de Ejecución y Reconocimiento de Resolución de un Estado miembro de la Unión Europea, el Juzgado inadmitió la referida ejecución. Pero el Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 4 de noviembre de 2020 admitió el recurso de apelación con los siguientes argumentos:

«(…) La Comunidad Europea se fijó el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Con este fin la comunidad debe, entre otras cosas, adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior. Nace así El Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que se integra en el desarrollo de ese espacio común de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, y supone un avance en este campo respecto del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Esta integración en materia de justicia ha culminado, por el momento, con el Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre , que suprime la declaración de fuerza ejecutiva previa a la ejecución en el Estado miembro requerido. «Como consecuencia de ello, cualquier resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser tratada como si se hubiera dictado en el Estado miembro requerido » (considerando 26 del nuevo Reglamento, en relación al art. 39). Es por ello que el 30 de noviembre de 2000, el Consejo europeo adoptó un programa de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Este programa incluye en su primera fase la supresión del exequátur, es decir, la creación de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. Y en este marco surge el Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, que ahora es invocado por la parte actora».

«(…) En la instancia se deniega la ejecución interesada al entender que el título aportado carecía de los requisitos legales exigidos por el citado Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004. Debemos señalar, con carácter previo, que nuestra jurisprudencia, en interpretación de la normativa comunitaria sobre reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ha venido entendiendo que aunque la parte ejecutante no haya presentado inicialmente la certificación normalizada prevista en la normativa comunitaria, dicha ausencia no puede acarrear las consecuencias aquí acontecidas porque tal formalidad puede sustituirse por documentos equivalentes o incluso dispensarse de ellos si el Tribunal considera que dispone de suficiente información. Pero es más, en este caso cualquier defecto que pudiera existir, que no se aprecia, ha sido subsanado a la vista de la documentación presentada. Conforme al art. 20 del citado Reglamento para proceder a la ejecución «Se requerirá al acreedor que facilite a las autoridades competentes para la ejecución del Estado miembro donde deba llevarse a efecto la misma: a) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y b) una copia del certificado de título ejecutivo europeo que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y c) en caso de que sea necesario, la transcripción del certificado de título ejecutivo europeo o una traducción del certificado de título ejecutivo europeo en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución… la traducción será certificada por una persona cualificada para ello en uno de los Estados miembros.». No se fija en el texto cuales son las citadas condiciones necesarias de autenticidad que debe revestir el certificado, mas allá de lo establecido en el artículo 9 de dicho texto según el cual «El certificado de título ejecutivo europeo se expedirá cumplimentando el formulario normalizado que figura en el Anexo I. El certificado de título ejecutivo europeo se cumplimentará en la misma lengua que la resolución.» En el presente caso, la parte aporta tanto el formulario normalizado oportunamente cumplimentado con la firma y sello el fedatario de la oficina judicial, acompañado de su oportuna traducción jurada (documento 2), como la providencia de ejecución, también acompañada de traducción jurada, en la que aparece estampado el sello del Juzgado Local de Baviera, especificándose expresamente en dicho documento que al tratarse de un «procedimiento automatizado» es «válido sin la firma», (documento 3). Y por último se aporta también la certificación emitida por el Juzgado Local de Coburg donde se recoge que la referida providencia de ejecución, una vez notificada, es firme legalmente. Certificación que aparece sellada y firmada y acompañada de traducción jurada (documento 4). Es decir, se aporta el oportuno certificado a través del formulario previsto en el Reglamento, junto con la providencia de ejecución (título de ejecución) y la expresión de su firmeza. Lo que lleva a entender que la documentación aportada reúne condiciones necesarias de autenticidad. Por otro lado carece de sustento cualquier cuestión relativa a la competencia territorial, que viene determinada por el domicilio de la parte contra la que se solicitare la ejecución, pues en este caso el domicilio del demandado se fija en Marbella, según la documentación aportada por la parte, que no consta haya sido desvirtuada, en cuanto no consta diligencia negativa alguna al respecto. Razones todas ellas que llevan a la estimación del recurso y, con revocación de la resolución dictada en la instancia, a la admisión de la demanda ejecutiva».

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