La DGRN incumple la normativa en cuanto al expediente de adquisición de la nacionalidad y en lo tocante a la declaración de caducidad del expediente (SAP Logroño 1ª 26 febrero 2021)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño, Sección Primera, de 26 de ferbrero de 2021 estimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 5 de febrero de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño en el Juicio Ordinario seguido con el nº 1173/2019, en el que también fueron parte la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Ministerio Fiscal, debemos revocarla declarando la nulidad de todo lo actuado, incluida la declaración de caducidad, a partir del momento en el que D. José Augusto debió ser citado para la prestación del juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las Leyes, con retroacción del expediente a ese momento a fin de que la nueva citación se lleve a cabo con observancia de la normativa aplicable, y con revocación del pronunciamiento sobre costas de la primera instancia, que se imponen a la Dirección General de los Registros y del Notariado. De acuerdo con la Audiencia:

De lo dicho hasta aquí se desprende ya con claridad que el Registro Civil no dio cumplimiento a lo exigido legal y reglamentariamente en punto a la citación del recurrente para la realización del trámite previsto en el art. 224 del Reglamento del Registro Civil, pues tras el primer intento infructuoso en el domicilio indicado por él, en el momento en que el inquilino transmitió al funcionario de auxilio que desde hacía años D. José Augusto no vivía ya allí, debió el órgano mencionado realizar una averiguación domiciliaria, intentar la citación en forma personal en los domicilios que surgieren de la búsqueda y por último, caso de ser infructuosas esas nuevas citaciones o caso de ser infructuosa la propia averiguación domiciliaria, haber realizado una comunicación edictal, siendo así que ninguna de esas obligaciones se llevó a cabo. Obsérvese que dada la naturaleza del acto para el que se debió citar al recurrente, nada resta a lo dicho el hecho de que D. José Augusto no comunicara su domicilio. Ha de puntualizarse que pese a que en el auto por el que se declaró la caducidad del expediente se hizo constar que «consultada la base de datos de este Registro Civil no aparece otro posible domicilio para su localización», tal afirmación no solamente no resulta contrastada documentalmente en el expediente aportado a los autos, sino que ni siquiera se esgrime por la DGRN que, al contrario, reconoce en la resolución por la que desestima el recurso de reposición de D. José Augusto : hay que decir que el registro no realizó todas las actuaciones precisas hasta agotar los intentos de notificación (diligencias de averiguación de nuevo domicilio mediante consulta padronal o petición de informe policial y, en última instancia, notificación mediante la publicación de edictos). Tampoco puede aceptarse la afirmación de la sentencia recurrida relativa a que la notificación se realizó conforme a lo dispuesto en el artículo 271 LOPJ, toda vez que D. Jose Augusto no estaba obligado a emplear sistemas telemáticos o electrónicos, y una llamada telefónica infructuosa no dejaba constancia de las circunstancias esenciales de un acto de comunicación que no tuvo lugar. Y mucho menos puede asumirse la que viene a ser la ratio decidendi del juzgador de la instancia, que aunque constata que el Registro Civil no desplegó la diligencia debida en punto a la localización de D. Jose Augusto no otorga a esa circunstancia la menor relevancia en la resolución del asunto y no duda en afirmar: La actora refiere que no se realizó consulta domiciliaria o notificación edictal en su caso. Sin embargo, llegados a este punto hemos de manifestar lo siguiente. El art. 217 LEC , en referencia a la carga de la prueba, establece la obligación del actor de acreditar los hechos que alega en su demanda, y en este caso es destacable referir que el mismo en modo alguno acredita que en caso de haber realizado consulta al padrón o a la policía el resultado hubiera sido positivo. Desde luego le corresponde acreditar que tal averiguación hubiera dado un resultado positivo, por lo que tal invocación en la demanda ni siquiera puede ser tenida en consideración. Baste decir que si la dificultad probatoria para el demandante de un hecho negativo (como es la ausencia de repetición de intentos de citación, la ausencia de averiguación domiciliaria o la ausencia de comunicación edictal) implica con arreglo al art. 217.7º LEC que la carga de la prueba del hecho positivo contrario sea desplazada a la contraparte, no se ve cómo podría colegirse del artículo mencionado que corresponde al actor el hipotético resultado positivo de la hipotética realización de un trámite por un tercero, amén de que, y sobre todo, la prueba de tal extremo no resulta exigida por ninguna de las normas citadas. Y si el incumplimiento de la normativa es claro en cuanto al expediente de adquisición de la nacionalidad, más lo es si cabe en lo tocante a la declaración de caducidad del expediente, pues el art. 354 mencionado ut supra exige para declararla la previa citación al promotor, y en el caso de autos no solamente no se ha acreditado esa previa citación, sino que ni siquiera se alega el intento».

«(…) Consecuencias del incumplimiento. La propia Ley de Enjuiciamiento Civil declara en el apartado 1 de su art.166.1º -en el caso de autos nadie aduce que fuera aplicable al recurrente el apartado 2- cuál es la consecuencia de la no observancia de lo preceptuado en ella: serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo a lo dispuesto en este capítulo y pudieren causar indefensión. Sentado ya que no se llevó a cabo lo que la ley rituaria ordenaba ha de comprobarse si se pudo con ello causar indefensión a D. Jose Augusto , y a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto la respuesta no puede ser sino rotundamente afirmativa. Son numerosas las sentencias de ese tribunal relativas a supuestos similares al de autos, entre ellas la acertadamente citada por el Ministerio Fiscal -la 47/2019 de 8 de abril-, precedida por muchas otras – como la 50/2017 de 8 de mayo- y seguida por otras -como la 119/2020 de 21 de septiembre.(…). En el caso de autos no se apunta por ninguno de los intervinientes que D. Jose Augusto tuviera conocimiento extraprocesal de que el Registro Civil estuviera intentando citarlo, y del tipo de expediente y de su resolución estimando la solicitud del interesado no cabe en modo alguno inferir que D. José Augusto intentara sustraerse a los llamados de la autoridad judicial o de obstaculizar la tramitación o de evitar consecuencias coactivas, sancionadoras o perjudiciales en algún sentido: D. Jose Augusto había pedido se le concediera la nacionalidad española y su solicitud había sido atendida, a falta de que prestara juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes; difícil es pensar que voluntariamente quisiera colocarse al margen de ese momento final del proceso en el que lograría lo que pretendía. Tampoco tuvo conocimiento de la tramitación de la caducidad de su expediente, a la que ni siquiera se le intentó citar. En suma, todo lo actuado desde el momento en el que debió citarse a D. José Augusto para cumplir el trámite del juramento o promesa es nulo, y tal y como interesa el recurrente debe retrotraerse el expediente a ese momento a fin de reponerle en el derecho que le fue vulnerado».

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