No concurren los presupuestos indispensables para que los tribunales puedan apreciar la existencia de un grupo laboral de empresas, lo que impide declarar la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles (STSJ Andalucía Soc 1ª 2 octubre 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, Sección Primera, de 2 de octubre de 2020 confirma la decisión de instancia que declaró la incompetencia de la jurisdicción española para conocer de la demanda interpuesta por un trabajador en la que solicitó que se declarara nulo o subsidiariamente improcedente del despido comunicado el día 10 de diciembre de 2015 por la sociedad
norteamericana Abengoa Bioernegy Company LLC, para la que había prestado servicios en la ciudad de
Chesterfield. La argumentación es la siguiente:

«(…)  – I.- En el único motivo de su recurso la parte actora denuncia la infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con lo establecido en el art. 1.4 del Estatuto de los Trabajadores. En su desarrollo argumental sostiene que desde el 8 de julio de 2011 hasta su cese trabajó para distintas sociedades del grupo Abengoa, que constituye un grupo de empresas desde la perspectiva del Derecho Laboral, en una primera etapa para Ecoagrícola, S.A., a continuación, desde el 7 de julio de 2012, bajo la dependencia de Abengoa Energy Trading Europe, B.V. en Róterdam, seguidamente, desde noviembre de 2012 hasta abril de 2013 nuevamente para Ecoagrícola y, por último, a partir del 1 de mayo de 2013, en EEUU, encuadrado en Abengoa Bioernegy Company LLC. II.- De entrada, y antes de cualquier consideración ulterior interesa precisar, para despejar cualquier confusión al respecto, que una cuestión es la relativa a la determinación de los órganos jurisdiccionales que han de resolver los litigios derivados del contrato de trabajo en los que concurra un elemento de extranjería jurídicamente relevante, regulada básicamente en el Reglamento (UE) 1215/2012 y en el art. 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable subsidiariamente en el caso de que no pueda entrar en juego la norma comunitaria, y otra cuestión distinta es el conjunto de normas sustantivas aplicables a ese tipo de contratos, de la que se ocupan el Reglamento Roma I (UE) sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales, así como los arts. 10.6º Cc y 1.4º del Estatuto de los Trabajadores. III.- Sentada esta premisa fundamental, debe añadirse a continuación que la competencia de los tribunales españoles del orden social para conocer de la reclamación formulada por un trabajador español exclusivamente contra una empresa norteamericana que, como la demandada, no consta ni se alega tenga agencia, sucursal o delegación en nuestro país, como consecuencia de la actividad laboral desarrollada en EEUU, en virtud de contrato de trabajo concertado en ese país, se regiría por el derecho interno español, esto es por la regla contenida en el art. 25.1º LOPJ. Según este precepto los órganos jurisdiccionales españoles ostentan competencia para conocer de los litigios en materia de derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo cuando, en lo que aquí interesa, «los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato». Esta disposición no permitiría sustentar la atribución de competencia de los tribunales laborales españoles para conocer de la presente controversia en ninguno de los elementos de conexión contemplados en la misma, pues los servicios se prestaron en Estados Unidos, la sociedad empleadora es de nacionalidad americana y no está domiciliada en España y el contrato tampoco se celebró en nuestro país. IV.- No obstante, como se ha dicho, dicha norma de fuente interna tiene carácter subsidiario, y los arts. 4, 20 y 21 del Reglamento comunitario anteriormente citado posibilitan que los tribunales españoles conozcan de la demanda en un supuesto como el de autos cuando la empleadora americana forme parte de un grupo de empresas a efectos laborales cuya empresa matriz y/o todos o parte de sus integrantes estén domiciliados en España, de manera que el problema se reconduce a determinar si concurren datos objetivos indicativos de la existencia de un conglomerado de esa naturaleza. V.- Situados en ese plano, es constante y notoria la doctrina jurisprudencial que establece que para que se pueda apreciar la existencia de un grupo patológico no basta con que la empleadora forme parte de un grupo de empresas o de un «grupo de sociedades» aunque estén estrechamente vinculadas entre sí y lleven a cabo actividades similares, conexas, complementarias o parcialmente coincidentes, mantengan intensas relaciones económicas como consecuencia de su especialización en diferentes áreas, estén sometidas a una dirección económica y/o comercial común, o a un control centralizado con unidad de decisión, desarrollen políticas de colaboración, o tengan la obligación de presentar cuentas consolidadas, o mantengan un sistema de gestión centralizada de tesorería debidamente documentado, datos todos ellos que sólo son determinantes de la existencia de un grupo empresarial desde la óptica mercantil pero no para acreditar la realidad de una posición empresarial plural porque ello no comporta necesariamente la pérdida de su independencia a efectos jurídico laborales. El reconocimiento de esa figura exige que concurra alguno de los elementos adicionales susceptibles de llevar a la conclusión fundada de que el grupo se configura como el verdadero empleador, lo que en el presente caso no ha quedado acreditado a la vista de la declaración de hechos probados de la sentencia impugnada cuya modificación no ha propuesto la parte recurrente, carga probatoria que no puede considerarse cumplida por la invocación de una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid de 19 de diciembre de 2016, fruto de la prueba practicada en dicho proceso, que no vincula a esta Sala. En efecto, del inalterado relato histórico de la sentencia impugnada, transcrito en los antecedentes de esta resolución, no se desprende que las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, incluida la empleadora del demandante, tuviesen un funcionamiento unitario. Tampoco se ha demostrado que la dirección unitaria no sea la propia del grupo regular de empresas y se haya extendido a la gestión y administración de las empresas que lo constituyen o haya sido objeto de un ejercicio anormal o abusivo en perjuicio de los trabajadores y tampoco que la filial americana sea una empresa aparente sin sustento real. Por otra parte, la circunstancia en la que hace hincapié la recurrente de que antes de incorporarse a la empresa norteamericana hubiese desarrollado su actividad en otras empresas del grupo Abengoa no constituye un indicio de la existencia de un grupo de empresas desde la perspectiva del Derecho Laboral, pues como advierte la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencias de 29 de diciembre de 2014 (Rec. 83/14) y 29 de septiembre de 2015 (Rec. 1/15), el concepto de «confusión de plantillas» como elemento de singular importancia para evidenciar la unidad empresarial se refiere a la prestación indiferenciada de servicios para las  empresas del grupo y no se produce por el simple hecho de que uno o más trabajadores terminen su relación laboral con una de ellas y a continuación la inicien con otra perteneciente al mismo. Esto último es lo que ha sucedido en el supuesto de autos en que el actor permaneció encuadrado en la empresa del grupo Abengoa Ecoagrícola, S.A. desde el 8 de julio de 2011 al 31 de julio de 2013, con la categoría profesional de ingeniero, sin perjuicio de que en un breve período intermedio fuese desplazado a Holanda para prestar servicios en otra filial, y que el 1 de agosto de 2013 comenzó a trabajar en la filial norteamericana como analista de producto previa oferta de empleo, que aceptó voluntariamente, sin que pueda compartirse por tanto la afirmación realizada en el recurso en el sentido de que fue objeto de traslado por parte de Abengoa. Tampoco se acredita que entre el 1 de agosto de 2013 y el 10 de diciembre de 2015 prestase servicios indiferenciados para su empleadora y para otra empresa del grupo Abengoa. VI.- La inconcurrencia de los presupuestos indispensables exigidos por la jurisprudencia para que los tribunales puedan apreciar la existencia de un grupo laboral de empresas impide declarar la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles para conocer del asunto con base en el Reglamento (UE) 1215/2012, pues la única y verdadera empleadora del actor que procedió a su cese es la sociedad norteamericana codemandada, domiciliada en los Estados Unidos. Conforme a lo anteriormente razonado, la asunción de competencia para conocer del asunto tampoco puede encontrar cobertura en el art. 25 LOPJ, lo que nos lleva a confirmar la sentencia de instancia y a desestimar el recurso del actor sin que proceda imponerle las costas causadas al gozar del beneficio de justicia gratuita, a lo que se une que las demandadas en el proceso no han presentado escritos de impugnación».

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