Competencia de los tribunales españoles para el conocimiento de los derecho a compensación de las víctimas de una infracción del Derecho de la competencia de la UE (AAP Avila 1ª 11 marzo 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Avila, Sección Primera, de 11 de marzo de 2020 revoca la sentencia de instancia y declara la competencia de la Jurisdicción española para el conocimiento de los hechos de que dimanan los autos referidoa los derecho a compensación de las víctimas de una infracción del Derecho de la competencia de la UE y el principio de efectividad. De acuerdo con el referido auto:

“(…) Competencia judicial internacional de los tribunales españoles sobre estas reclamaciones. Ninguna de las empresas declaradas infractoras por la Comisión en la decisión de 19 de julio de 2016 (AT.398 24-Camiones) está domiciliada en España, ahora bien, que los demandados estén domiciliados en Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda o Suecia no impide que puedan ser demandados en España y que la jurisdicción española sea competente para resolver esas demandas.

1.- Como es sabido, de acuerdo con el art. 21.1º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 del julio, del Poder Judicial (LOPJ), los tribunales españoles «conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas». La extensión de la jurisdicción vendrá determinada por la propia LOPJ, por el Derecho de la UE y por otros convenios internacionales firmados por España.

2.- También en la legislación Española se prescribe que, en el caso de los daños producidos por las conductas anticompetitivas prohibidas, los tribunales españoles serán competentes «cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español» ( art. 22quinquies, b) LOPJ).

3.- A salvo de la posible existencia de válidas cláusulas de atribución jurisdiccional (que comprendieran expresamente las controversias sobre la responsabilidad incurrida a causa de una infracción del Derecho de la competencia), existe una pluralidad de fueros alternativos para la reclamación de daños. Así resulta de la interpretación del art. 7 del Reglamento (UE) n°1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, conforme al cual (al margen del domicilio del demandado como fuero general): «Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: 2) en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso». El TJUE ha interpretado el art. 7 del Reglam ento 1215/2012 [debe advertirse que esta norma es igual que la contenida en el art. 5.3º del Reglamento (CE) nº 44/2001 de 22 de diciembre, derogado por el Reglamento 1215/2012], en relación a distintas reclamaciones de daños por prácticas anticompetitivas en varias sentencias, declarando que «se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción contra el demandado puede ejercitarse a elección del demandante ante los tribunales de cualquiera de esos dos lugares» (Párrafo 38 de la sentencia de la Sala 4ª del TJUE de 21 de mayo de 2015, C-352/13 CDC Hydrogen Peroxide, MP M Safjan, ECLI:EU:C:2 015:335; 28, 45 y 46 de la sentencia de la Sala 2ª TJUE de 5 de julio de 2018, C-27/17 AB flyLAL-Lithunian Airlines, MP C Toader, ECLI:EU:C:2 018:533 y 22 de la Sentencia de la Sala 1ª del TJUE de 12 de septiembre de 2018, C- 304/07, Helga Löber v. Barclays Bank PLC, MP R Silva Lapuerta ECLI:EU:C:2 018:701). La diferente tipología de las infracciones de las normas de defensa de la competencia y la forma en que se verifiquen sus efectos perniciosos harán que, dependiendo del caso concreto, conjugando esos dos puntos de conexión (lugar de surgimiento del hecho causal dañoso y lugar de materialización del perjuicio) puedan existir varios fueros disponibles con competencia para conocer de las reclamaciones judiciales de daños por las víctimas [véanse F Gascón «Aspectos procesales de las acciones de daños derivados de infracciones de las normas sobre defensa de la competencia: Apuntes a la luz de la Directiva 2014/104 y de la propuesta de Ley de transposición» Cuader nos de Derecho Transnacional 9/1 (2017) Párrafo 12; J Rodríguez «La responsabilidad extracontractual por ilícitos antitrust en Europa. Comentario del auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, de 23 mayo 2018» Cuader nos de Derecho Transnacional 11/1 (2019) 889-903; J Suderow, «Acciones derivadas de ilícitos antitrust: el foro especial de la obligación extracontractual después de la sentencia CDC Hydrogen Peroxide» Cuader nos de Derecho Transnacional 8/2 (2016) 306-329 y C Oró Martínez, «Reglamento Bruselas I y acciones indemnizatorias derivadas de un cártel: cuestiones de competencia judicial internacional», La Ley Unión Europea 30 (2015)]:

A) Por lo que se refiere en primer lugar al lugar del hecho causal dañoso (donde surge el mismo), en el caso de las infracciones de las prohibiciones anticompetitivas, la forma y el momento de la verificación de la conducta típica será determinante para la determinación de la causa última del daño se origina (Párrafo 48 de la S TJUE de 5 de julio de 2018, C-27/17 AB flyLAL-Lithunian Airlines, ECLI:EU:C:2 018:533). Así, en el caso de muchos cárteles industriales transnacionales, el lugar donde éstas conductas ocurrieron puede conducir a diversas jurisdicciones si existieron diversos acuerdos, arreglos o reuniones en varias de ellas, pudiendo individualizarse en alguno de ellos la causa del perjuicio sufrido por la víctima (Párrafos 43-50 de la Sentencia del TJUE de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, ECLI:EU:C:2 015:335). En su caso, con la dificultad que entrañe «una concatenación de acontecimientos que podrían constituir cada uno por sí solo el «hecho causal que originó el daño» alegado, quedando asimismo abierta no obstante la hipótesis de que el daño resultara de la interacción de estos» (47 de la STJUE de 5 de julio de 2018, C-27/17 AB flyLALLithunian Airlines, ECLI:EU:C:2 018:533). En cambio, en los casos de conductas unilaterales anticompetitivas (prohibidas por el art. 102 TFUE), «a diferencia del daño resultante de un acuerdo ilícito entre diversos participantes, el hecho causal que origina el daño en los casos de explotación abusiva de una posición dominante no se basa en un acuerdo, sino que reside en la puesta en práctica de esa explotación, es decir, en los actos llevados a cabo por la empresa dominante para ponerla en práctica, concretamente ofreciendo y aplicando precios predatorios en el mercado de que se trate» (52 de la S TJUE C-27/17 AB flyLAL-Lithunian Airlines, ECLI:EU:C:2 018:533) .

B) De otro lado, por lo que se refiere al lugar de materialización del perjuicio, éste dependerá también de las particularidades de la infracción y de los bienes o servicios afectados por la misma y a través de los cuales se verifica el daño. En el caso de los cárteles en la medida que el daño «sólo es identificable en relación con cada una de las presuntas víctimas considerada de forma individualizada» conduce a la jurisdicción de domicilio de la víctima (Párrafo 52 de la STJUE C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide, ECLI:EU:C:2 015:335, respecto a los daños derivados del cártel del peróxido de hidrógeno y del perborato sódico sancionado por la Decisión 2006/903/ CE de la Comisión de 3 de mayo de 2006 (COMP/F /C.38.620 Peróxido de hidrógeno y perborato). En cambio, en el caso de una práctica unilateral anticompetitiva, cuando perjuicio se materializase en una pérdida de ventas por las víctimas, debe entenderse que se trata del «lugar del mercado afectado por tales prácticas en el que la víctima afirma haber sufrido esas pérdidas» (Párrafo 43 de la STJUE C-27/17 AB flyLALLithunian Airlines, ECLI:EU:C:2 018:533). En este caso concreto, la víctima del abuso era una compañía aérea lituana (en liquidación), que habría experimentado el potencial daño en el aeropuerto de Vilna (Lituania), del que salían y al que llegaban sus vuelos, que se habrían visto afectados -por la caída en las ventas y a la postre su expulsión del mercado- por los precios predatorios practicados por una compañía aérea letona y por el aeropuerto de Riga. A vista de lo anterior, la aplicación de las reglas anteriores a los daños causados por el cártel de los fabricantes camiones no parece difícil, aun así el 10 de Julio de 2018 se ha elevado cuestión prejudicial al TJUE (C-451/ 18, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. v DAF TRUCKS N.V.) para que interprete la cláusula de atribución de jurisdicción del art. 7.2 del Reglamento 1215/2012 y que precise si el «lugar donde ocurrió el evento dañoso» es el domicilio de la víctima, el lugar de actividad económica principal o de los intereses patrimoniales de la víctima (demandante) si el demandado no está domiciliado en ese lugar, los camiones se adquirieron a otro cartelista, ninguna de las reuniones o acuerdos tuvieron lugar allí, y los camiones se adquirieron con un contrato de arrendamiento financiero o leasing con un arrendador domiciliado en el Estado del domicilio de la víctima, a pesar de que la víctima negociara directamente con un concesionario de ese lugar.

2.4.- Y efectivamente en respuesta a la citada cuestión prejudicial planteada el Tribunal de Justicia de la Union Europea se ha pronunciado en sentencia de fecha 29 de julio de 2019, de la que cabe resaltar a estos efectos, los siguientes extremos de interés ‘…’.

Así se han pronunciado los autos del juzgado de lo mercantil nº12 de Madrid 23 de mayo de 2018, 5 y 12 de septiembre de 2018 (MP J Montul, respectivamente, ECLI:E S:JMM:2018:65A; ECLI:E S:JMM:2018:101A y ECLI:E S:JMM:2018:152A); el auto del juzgado de lo mercantil nº2 de Valencia de 31 de mayo de 2018 (MP J Talens, P.O. 298/2018); los autos del juzgado de lo mercantil nº2 de Pontevedra de 3 de septiembre y 12 de diciembre de 2018 (MP N Fachal, P.O. 112/2018); el auto del juzgado mercantil nº 3 de Valencia de 4 de octubre de 2018 (MP E Pastor, ECLI:E S:JMV:2018:103A); el auto del juzgado de lo mercantil nº 12 de Madrid de 10 de octubre de 2018 (MP M Guillamón, ECLI:E S:JMM:2018:109A) y del mismo Juzgado auto de fecha 15/01/2019 y los autos de la Audiencia Provincial de Lugo (Sec. 1ª) de 12 de diciembre de 2018 (MP J A Varela, ECLI: ES:APLU:2018:90A) y de 1 de enero de 2019 (MP M Z Gento, ECLI: ES:APLU:2019:12A). Tambi én el Tribunal Supremo en resolución de conflictos negativos de competencia territorial en esta materia, viene admitiendo la competencia de los Tribunales nacionales para el conocimiento de la misma. (Autos 4 de febrero de 2020, 28/01/2020, 14/01/2020)”.

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