La oposición al despacho de ejecución de un laudo arbitral debe encuadrarse en las causas o motivos de oposición legalmente previstos entre las que no figura el orden público (AAP Madrid 25 febrero 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoquinta, de 25 de febrero de 2020 confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 101 de Madrid que procedió al despacho de ejecución de un laudo arbitral con las siguientes consideraciones:

«(…) El proceso de ejecución -todo proceso de ejecución- persigue la inmediata efectividad de un derecho a exigir una determinada prestación, que aparece expresamente reconocido en un título ejecutivo, mediante la realización, por el órgano jurisdiccional, de la actividad ejecutiva que debería haber realizado voluntariamente el ejecutado para dar cumplimiento a aquella prestación -que el propio título ejecutivo le imponía- integrada por una obligación de dar (o entregar), hacer o no hacer alguna cosa. El proceso de ejecución no es apto, por tanto, para pretender de los tribunales un pronunciamiento judicial, sino -únicamente- para recabar de los mismos la realización de una conducta física productora de un cambio real en el mundo exterior a fin de acomodar la realidad al contenido de un título ejecutivo(…).  El ejercicio de la acción ejecutiva ha de fundarse, por tanto, necesariamente, en un título ejecutivo, esto es, en un título que tenga aparejada ejecución. Y, consecuentemente, la actividad ejecutiva ha de ajustarse y acomodarse plenamente al contenido del título ejecutivo que le sirve de fundamento. Únicamente tienen la consideración de títulos ejecutivos los expresamente enumerados en el art. 517 LEC (…). En el presente caso, el título ejecutivo que sirve de fundamento a la ejecución de la que dimana el incidente al que esta alzada se contrae no es otro que -por virtud de lo dispuesto en el art. 517.2.2.º LEC- el laudo o resolución arbitral dictado en Madrid, en fecha 18 de septiembre de  2018, por doña María del Mar Garvín López, designada árbitro por el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, en el Arbitraje de Derecho nº 1/2018, en cuya parte dispositiva, se establece, por un lado, la obligación de la ejecutada, doña Marisol , de desalojar la vivienda Nº del edificio número … de la … de Setembre de Viladecans (Barcelona), poniéndola a disposición del ejecutante; y, por otro lado, la obligación de la misma ejecutada de abonar al ejecutante, las sumas de 8435,02 euros en concepto de rentas debidas y de 847?00 euros (700,00 más IVA) en concepto de costas del procedimiento arbitral (…). La oposición a la ejecución -concebida en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil como un incidente declarativo, de naturaleza sumaria, intercalado en un proceso de ejecución- tiene por objeto obtener del tribunal la declaración de improcedencia de la ejecución despachada a instancia del ejecutante, bien por concurrencia de defectos procesales, bien por razones de fondo, expresa y específicamente previstas en la Ley (…) La oposición a la ejecución fundada en resolución arbitral -como acontece en el presente caso-, única y exclusivamente puede fundarse y sustentarse, bien en la concurrencia de alguno de los defectos procesales expresamente enumerados en el art. 559 LEC: 1.º.- Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda. 2.º.- Falta de capacidad o representación del ejecutante o no acreditar el carácter o representación con que demanda. 3.º.- Nulidad radical del despacho de ejecución por no contener el laudo arbitral, que integra el título ejecutivo invocado, pronunciamiento de condena o por no cumplir el laudo los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución-; bien, por motivos de fondo, en alguna de las causas taxativamente enumeradas en el art. 556.1 de la repetida Ley Procesal: El pago o cumplimiento de la obligación objeto de condena, la caducidad de la acción ejecutiva, o el pacto o transacción convenido para evitar la ejecución que conste en documento público (…). En el supuesto enjuiciado, la oposición deducida por la ejecutada -como se desprende del correspondiente escrito promotor del incidente- se fundamenta sustancialmente en la oposición del laudo arbitral al orden público. En base a ello, resulta, en todo caso, totalmente evidente e incontestable que la oposición pretendida por la ejecutada no puede encuadrarse en ninguna de las causas o motivos de oposición legalmente previstos, por lo que es indiscutible su total y absoluta improcedencia. Por otra parte, ha de tenerse presente, a mayor abundamiento, que no cabe alegar como motivos de oposición a la ejecución, los motivos que pudieron y debieron haber fundamentado, en su caso, la oposición a la demanda de arbitraje, o un recurso de nulidad contra el mismo laudo (…). Por todo lo precedentemente expuesto, procede confirmar en su integridad la resolución apelada, con total desestimación del recurso de apelación interpuesto y expresa condena de la recurrente al pago de las costas causadas en esta alzada, de conformidad con lo prevenido por el art. 398.1, en relación con el 394, LEC».

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