Denegación de un despacho de ejecución pues la acreditación documental de que el laudo ha sido notificado a las partes integra el título ejecutivo (AAP Valencia 4 febrero 2020)

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Decimoprimera, de 4 de febrero de 2020 estima un recurso de apelación contra una sentencia del juzgado que ordenó la ejecución de un laudo arbitral. La Audiencia fundamenta su parecer en la siguiente argumentación:

«(…) se alega nulidad radical del despacho de ejecución por no cumplir los requisitos legales exigidos en los artículos 550-1º y 559-1-3º LEC al no incluir la ejecutante con su demanda de ejecución, como documento necesario para poder ser admitido su despacho, la notificación del laudo dictado a la demandada, con la consecuencia prevista en el art. 552 LEC de haber tenido que ser denegado su trámite. Con relación a ello, en la línea de lo resuelto por esta Audiencia Provincial, Sección 6ª, A. 18 abril 2016, corresponde señalar que la cuestión controvertida es si se está en presencia de una infracción meramente formal, y por tanto subsanable, o la falta de un requisito indispensable a la ejecución, cuya falta no es susceptible de subsanación, y así el art. 550-1-2 LEC dispone que: a la demanda ejecutiva se acompañará el título ejecutivo, salvo que la ejecución se funde en sentencia, acuerdo o transacción que conste en los autos, y que, cuando sea un laudo, además, el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquél a las partes. Normativa de la que cabe colegir que el laudo arbitral carece de fuerza ejecutiva si no se acompaña del convenio arbitral que le sirve de cobertura, extensible a los documentos que acrediten la notificación en forma del laudo a las partes. Por lo que la exigencia de la aportación de este conjunto documental con la demanda ejecutiva no es un mero formalismo sino un presupuesto procesal de ejecutividad sin poder considerar la ausencia de aportación con la demanda ejecutiva de cualquiera de ellos como un defecto formal subsanable -discrepando en este punto de lo que estima la Juzgadora de instancia-, pues los títulos base de ejecución forzosa, deben contener ab initio los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la ley, y no adolecer de ninguna irregularidad formal (art. 551-1 LEC), ya que, de lo contrario, adolecen de nulidad radical conforme a lo dispuesto en el art. 559-1-1º LEC. Siendo buena prueba de ello el que el art. 552-1 dispone que si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución dictará auto denegando el despacho de la ejecución sin contemplar mecanismo alguno de subsanación. En efecto, como igualmente indica el AAP Madrid, Sección 9ª, 17 enero 2017: integra el título ejecutivo la acreditación documental de que el laudo ha sido notificado a las partes, pues, a falta de tal acreditación, el título ejecutivo está defectuosamente formado y procede estimar el motivo de oposición por no cumplirse los requisitos establecidos para el despacho de ejecución. Por lo que procede, sin necesidad de entrar en ulteriores consideraciones, estimar la apelación y revocar la resolución recurrida, dejándola sin efecto, para, en su sustitución, estimar la oposición a la ejecución. A salvo la posibilidad de la demandante de plantear nueva demanda contra la ahora apelante en ejercicio de sus derechos que entienda legítimos, subsanada la deficiencia adolecida que se ha puesto de manifiesto con ocasión de la apelación, acompañando la totalidad de documentos exigidos por el art. 550-1 LEC».

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