Fijación de daños y perjuicios derivados de la ejecución provisional de un laudo arbitral posteriormente anulado (AAP Asturias 26 mayo 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Septima, de 26 de mayo de 2020 desestima un recurso de apelación interpuesto, contra un Auto, dictado en Ejecución forzosa del laudo arbitral 296/17, por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gijón, el que se confirma en su integridad. De acuerdo con la Audiencia:

«(…) La parte no discutió en su escrito de alegaciones a la presentación por la contraria de la liquidación de daños y perjuicios conforme al art. 712 LEC y a tenor de lo establecido en el art. 715, como puede verse de la lectura del escrito de 14 de julio de 2019, en el que debiera haber formulado oposición la cuantificación de los perjuicios y partidas reclamadas, sino exclusivamente, el hecho de que se pueda iniciar el incidente y fijarse con motivo de la ejecución provisional despachada de un laudo arbitral ulteriormente anulado, supuesto que no debe confundirse con la ejecución provisional de las sentencias, dado que aquel produce eficacia de cosas juzgada. Una cosa sin embargo es que el laudo arbitral sea inmediatamente ejecutivo y otra que su ejecución anticipada cuando no es firme, pues sobre él pende un recurso de anulación que pudiera dejarlo sin efecto, no permita la indemnización de perjuicios al ejecutado, si la ley lo autoriza, y la norma específica que regula este supuesto, no es sino el art. 45.3º LA que tras contemplar las posibles causas de suspensión y reanudación de la ejecución del laudo, define además los efectos de un recurso de anulación estimatorio para declarar lo siguiente: El Secretario judicial alzará la ejecución, con los efectos previstos en los arts. 533 y 534 LEC, cuando conste al Tribunal que ha sido estimada la acción de anulación (…). Esta norma especial se remite pues a los preceptos de la ejecución provisional de sentencias para regular los efectos de la anulación del laudo ejecutado y concretamente el art. 533.1ºcon claridad dispone que: «Si el pronunciamiento provisionalmente ejecutado fuere de condena al pago de dinero y se revocara totalmente, se sobreseerá por el Letrado de la Administración de Justicia la ejecución provisional y el ejecutante deberá devolver la cantidad que, en su caso, hubiere percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que éste hubiere satisfecho y resarcirle de los daños y perjuicios que dicha ejecución le hubiere ocasionado.» De ahí que la obligación de indemnizar en estos supuestos y por tanto la posibilidad de abrir el incidente objeto de impugnación y fijar los perjuicios irrogados al ejecutado, se halla expresamente prevista en la ley y así lo recoge la jurisprudencia, a, como por ejemplo Auto AP Barcelona de 26 de octubre de 2018 y más específicamente, el Auto TSJ Cataluña de 15 de diciembre de 2016…».

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