El nombramiento judicial de árbitro está supeditada a la concurrencia de la ostentación de legitimación activa en estos procesos con su propio y determinado objeto (STSJ Madrid 8 enero 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 8 de enero de 2020) acuerda la designación de un árbitro, con las siguientes consideraciones legales:

«(…) El art. 15 de la vigente Ley de Arbitraje, en su ap. 3, supedita la intervención de este Tribunal al efecto de nombrar árbitro a la concurrencia de una circunstancia de hecho que se constituye en presupuesto material de la acción: que no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes. En efecto, esta Sala viene afirmando explícitamente -y, desde siempre, de forma implícita- que el art. 15 de la vigente Ley de Arbitraje, en su ap. 3, supedita la intervención de este Tribunal al efecto de nombrar árbitro a la concurrencia de una circunstancia de hecho que se constituye en presupuesto material de la acción -es decir, en condición misma de la ostentación de legitimación activa en estos procesos con su propio y determinado objeto (en palabras, v.gr., del FJ 4º de la Sentencias de esta Sala 21/2017 , 66/2017, y del FJ 2º de dos Sentencias de 13 de marzo de 2018, recaídas en autos 89/2017 y 3/2018 : ‘que no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes’. En el caso de que tal procedimiento no se haya pactado una de las circunstancias relevantes para la estimación de la demanda será la verificación de si ha mediado o no una oposición al arbitraje del demandado con carácter previo a su incoación… Tanto en uno como en otro caso -previsión o no de procedimiento de designación- la Sala, para decidir si procede acordar el nombramiento de árbitro, ha de atender como elemento primordial a la buena o mala fe que evidencie la conducta pre-procesal de las partes, a su voluntad congruente con u obstante -de forma expresa o tácita- al cumplimiento efectivo del convenio arbitral».

«(…) Una vez desestimada la excepción procesal de falta de capacidad para ser parte, huelga decirlo, en el estricto ámbito del proceso en que nos hallamos, la Sala aprecia que la documental aportada a la causa, no impugnada, entraña un principio de prueba sobre la existencia de un convenio de sumisión a arbitraje en los términos supra reseñados, apareciendo en la cabecera del documento la denominación de la UTE aquí demandada. Demandada que no ha negado en esta causa la existencia de dicho convenio, sin perjuicio de lo que tenga a bien argüir o pueda resolverse al respecto en el eventual procedimiento arbitral. La referida cláusula compromisoria indica, prima facie, la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. Conforme establece el art. 9 de la vigente Ley de Arbitraje del 2003, el convenio arbitral puede adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, y deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. Pactado así inequívocamente el sometimiento a arbitraje de Derecho de ‘algún conflicto o diferencia de cualquier clase entre las partes en conexión con causa de este subcontrato’ -sin que quepa apreciar, en el ámbito limitado de cognición propio de este procedimiento, restricción alguna de la voluntad de los demandados en la asunción de dicha cláusula compromisoria-, debe procederse a la designación de árbitro interesada – subsidiariamente aceptada por la demandada en el acto de la vista-, sin entrar a decidir otras cuestiones,  puesto que la actora cumplió escrupulosamente con el requisito material de la acción a que hemos hecho referencia: consta acreditado que remitió los burofax supra indicados, con un contenido del todo inequívoco, instando en términos absolutamente diáfanos a llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de árbitro para dar cumplimiento al convenio arbitral. Ante un proceder así, claro, ajustado a la buena fe, la callada por respuesta, a juicio de esta Sala, no entraña una conducta acomodada al principio general del Derecho que es el deber de actuar conforme a la buena fe. La demandante pudo razonablemente pensar, visto el lapso transcurrido sin obtener respuesta, que la UTE se oponía a la designación de árbitro (…). Siendo procedente, pues, el nombramiento de un árbitro que decida, como árbitro único en Derecho, la controversia, el Tribunal, tal y como dispone el art. 15.6º LA, repara en lo expresamente manifestado por la actora en su escrito de demanda -la demandada nada precisa al respecto en el acto de la vista-, proponiendo la designación de un árbitro del Listado de la Corte de Arbitraje del ICAM, especialista en Derecho de la construcción».

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