La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimocuarta, de 16 de abril de 2019 afirma que «el concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la relación con los consumidores . Y puede darse tanto en condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al que el consumidor se limita a adherirse. Es decir, siempre que no ha existido negociación individual. Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios. Pero habrá de tener en cuenta en cada caso las características específicas de la contratación entre empresas. En este sentido, sólo cuando exista un consumidor frente a un profesional es cuando operan plenamente la lista de cláusulas contractuales abusivas recogidas en la Ley, en concreto en la disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ahora se introduce. De conformidad con la Directiva transpuesta, el consumidor protegido será no sólo el destinatario final de los bienes y servicios objeto del contrato, sino cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional . En el caso se autos la demandada no ostenta la condición de consumidora por tanto no puede ampararse en el carácter abusivo del clausulado del contrato con base en la normativa tuitiva referida en los párrafos previos. Con respecto a la abusividad del clausulado con amparo en la normas generales de nulidad contractual no podemos afirmar que estemos ante un contrato de adhesión no negociado, ni siquiera que sea un contrato sometido a condiciones generales de contratación, pero lo que resulta indiscutible es que las cláusulas cuestionadas son claras y no se ha acreditado la situación de abuso de una posición dominante, pues no estamos ante una actividad monopolística ni podemos inferir aquella posición de la condición de extranjero del contratante o de su falta de dominio del idioma, ni siquiera podemos admitir que el clausulado del contrato sea contrario a la buena fe y cause un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes.