Incompetencia de la jurisdicción española para obtener la nulidad del contrato suscrito por sociedades domiciliadas en Reino Unido

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La el Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 6 de noviembre de 2017,  confirma la decisión del  Juzgado de Primera Instancia que estimó la declinatoria de competencia internacional planteada por el Club La Costa Vacation Club Limited y Club La Costa (UK) PLC declarando la falta de jurisdicción de los tribunales españoles. De acuerdo con esta decisión “la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles en materia de obligaciones contractuales, viene establecida por el Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento de Bruselas I Bis)”. Tomando como referente dicho instrumento y la jurisprudencia anterior de la Sala, la Audiencia afirma que “puesto que, según la condición general transcrita, precisamente se pacta que la competencia de los tribunales ingleses no es exclusiva, lo que quiere decir que no la consideran excluyente de la jurisdicción civil española, si esta ostentara competencia, puesto que se desprende del propio art. 36.2º de la LEC que para sustraer el conocimiento de la controversia a la jurisdicción española la atribución a la de otro Estado ha de ser exclusiva; pero el caso es que el Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia, consciente, es de suponer, de la trascendencia de esa circunstancia, no invoca para nada el citado art. 23 del Convenio para apreciar la falta de jurisdicción, sino que, excluido el criterio del fuero del lugar en que radique el inmueble por no tener por objeto la controversia un derecho real, se atiene al fuero general del domicilio del demandado (art. 2 del Convenio) (…). Como quiera que se trata de una acción entablada por (…) para obtener la nulidad del contrato suscrito con CLUB LA COSTA, ambas domiciliadas en Reino Unido, todos los criterios establecidos en el Reglamento apuntan a la jurisdicción de los tribunales de dicho Estado.

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