Vulneración del llamado orden público formal, en cuanto todo gira en torno a la corrección en que se pudo llevar a cabo la notificación inicial del procedimiento arbitral (STSJ Madrid CP 1ª 15 junio 201)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 15 de junio de 2021 nº 40/2021 (ponente: Celso Rodríguez Padrón) declara de nulidad del laudo arbitral dictado por árbitro un único en el seno de la Corte de Arbitraje del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid. De acuerdo con la presente decisión:

«(…) En el presente supuesto nos hallamos ante un claro ejemplo de denuncia de vulneración del llamado orden público formal, en cuanto todo gira en torno a la corrección en que se pudo llevar a cabo la notificación inicial del procedimiento arbitral a la Sra. Milagros , y si la omisión del cuidado exigible a la hora de efectuarlo, ha podido causarle verdadera indefensión, y haber ésa alcanzado la dimensión material que viene exigiendo el Tribunal Constitucional a la hora de examinar la proyección de los derechos reconocidos en el art. 24 del texto fundamental. El examen de la prueba practicada, ya podemos avanzar que sí conduce a la apreciación de la indefensión denunciada. Resultan relevantes los siguientes hitos procesales: 1.- En primer lugar cobra un papel prioritario el documento que plasma el contrato de arrendamiento, y que figura no solo aportado por la parte demandada (la actora dice que ni lo tenía) y en el procedimiento arbitral que se unió a nuestras actuaciones. Carece de razón la demandante al decir que no era arrendataria del inmueble. Figura sin lugar a dudas en el contrato con esta condición junto con otra persona (que no es parte en esta causa) y no tacha de falsedad la firma que aparece al pie de cada página en la que puede leerse » Milagros «. Es completamente gratuita la negación. Ninguna duda cabe acerca de la suscripción del contrato por parte de Milagros y Mónica . Asiste la razón a la parte contraria a la hora de incidir en que la condición contractual de arrendatario se adquiere por la firma de un contrato, con independencia del uso que luego se haga de la vivienda -en este caso- que ha sido objeto del pacto arrendaticio. 2.- Sin embargo, a los efectos de la infracción procesal que se denuncia en este caso, hemos de reparar en un dato crucial: en la propia parte inicial del contrato que reseña los datos de las partes contratantes se expresa como domicilio a efectos de notificaciones, la propia vivienda alquilada. Ahora bien: se añade que en el caso de no poderse efectuar en este domicilio tales notificaciones, las arrendatarias designan como alternativo el domicilio familiar, calle… 3.- La árbitro designada por el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid dictó resolución de aceptación del arbitraje y admisión a trámite el 14 de julio de 2020, disponiendo que se llevase a efecto la notificación la misma a las partes. En dicha resolución se confería traslado de la demanda con sus documentos y se citaba a las partes a una vista para el 7 de septiembre, a la que deberían concurrir con los medios de prueba de los que intentasen valerse (pág. 30 y ss del procedimiento arbitral). Por el Secretario de la corte arbitral se dispuso en Diligencia de Ordenación el traslado acordado, lo que se intenta a través de correo certificado con acuse de recibo en la propia vivienda arrendada: calle. Prospera la diligencia para Ángela (quien firma personalmente la recepción del correo) pero no así para Milagros , ausente en el momento de la entrega (…). 4.- Se celebra audiencia el día 7 de septiembre, a la que no comparece ninguna de las arrendatarias, y se hace constar: ‘a pesar de haber sido notificada la parte demandada en debida forma con arreglo a lo estipulado en el contrato y a la Ley de Arbitraje’ (…). 5.- El laudo estima íntegramente las pretensiones de la arrendadora, y -lo que cobra una importancia capitales notificado a la hoy demandante ya no en la vivienda objeto de la controversia, sino en el domicilio de sus familiares que precisamente figuraba en el contrato con absoluta claridad para el supuesto de que fracasase alguna notificación en el primero: calle…, donde es recogido sin problema por quien hace constar que es su marido (…). A la vista de estos datos, no podemos aceptar la corrección de lo actuado, y por ello asiste la razón a la actora a la hora de denunciar indefensión. De acuerdo con lo señalado en el art. 5 LA, las notificaciones se practicarán en el domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. Solo en el caso de que no fuese posible el descubrimiento de alguno de estos lugares -señala el indicado precepto- se  tendrá por recibida por la entrega o intento de entrega por medio que deje constancia fehaciente. También indica el mismo artículo ‘tras una indagación razonable’. Con esta precisión, el legislador era consciente de la obligación que pesa sobre los órganos judiciales a la hora de evitar la indefensión en la práctica de las notificaciones, y quiso trasladar estas cautelas (como propias del derecho de defensa) al ámbito del arbitraje. Hemos sostenido en numerosas ocasiones la importancia que reviste la observancia de las garantías procesales en esta forma alternativa de resolución de conflictos, y así se ha visto resaltado también por la Jurisprudencia constitucional; desde la tradicional hasta los pronunciamientos más recientes. Cuanto llama poderosamente la atención en el presente supuesto es que, constando con palmaria nitidez en el contrato un domicilio alternativo para la recepción de notificaciones (se dice que es el domicilio familiar) no se hubiese practicado el emplazamiento de la hoy actora en este domicilio (…) y se sostenga en la comparecencia arbitral en la que se la declara en rebeldía que ha sido notificada «en debida forma con arreglo a lo estipulado en el contrato». No podemos admitir esta sencilla visión: en el contrato se plasmaron dos domicilios alternativos (o sucesivos) para la práctica de las notificaciones. Fracasado el emplazamiento arbitral en el primero, tendría que haberse intentado en el segundo. Llama la atención también el hecho de que es en este segundo domicilio donde se practica la notificación (directa) del Laudo, con pleno éxito al ser recogida por el marido de la Sra. Milagros».

«(…) No vamos a descender al debate -no desarrollado- que plantea la demanda en torno a la ocupación del inmueble por la Sra. Milagros . Pero sí debemos recordar -en sintonía con la jurisprudencia que invoca- los fundamentos del concepto constitucional de indefensión. La indefensión, proscrita en el conocido artículo 24.1 del texto constitucional, si bien se extiende a todas las manifestaciones del derecho fundamental de tutela, encuentra relación más estrecha que con otras en lo que afecta al derecho de defensa, a la prueba, a la contradicción, de tal modo que aun siendo una obligación constitucional apriorística y perenne para Jueces y Magistrados la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, ha de garantizarse que estos puedan introducir y defender en el proceso legítimamente sus pretensiones, y han de obtener una respuesta fundada en derecho sobre tales pretensiones. Entre otras muchas, entendemos que resulta pertinente la cita de la STC 205/2007, de 24 de septiembre (…). Tiene cabida perfectamente dentro del ámbito del orden público formal, en cuyo examen de respeto no está vedado a los tribunales de Justicia el análisis que juega con relación al orden material de acuerdo con el Tribunal constitucional en su tradicional doctrina. La vulneración del derecho de la hoy demandante a ser notificada de acuerdo con las previsiones explícitas contenidas en el contrato de arrendamiento, determinó su posterior declaración de rebeldía, y el seguimiento del procedimiento arbitral sin su presencia. Ello no puede calificarse en otra dimensión que la imposibilidad de llevar a cabo en el seno de dicho procedimiento el ejercicio de su defensa. Lo expuesto ha de conducir, por haberse producido verdadera indefensión material, a la clara estimación de la demanda…»

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