La cuestión referida a la falta de competencia de los juzgados españoles solo puede ser impugnada por medio del cauce del recurso extraordinario por infracción procesal (ATS Civ 1ª 24 febrero 2021)

El Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 24 de febrero de 2021 declara que:

«(…) ) No se justifica el interés casacional por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales por cuanto no se acredita que existan soluciones diferentes para el mismo problema jurídico por parte de distintas Audiencias ya que se elude la base fáctica y la ratio decidendi de la sentencia recurrida, que declaró que no se decía nada sobre la extinción del régimen que se contrataba, por ello al configurar el contrato con una duración indefinida no se cumple con las previsiones de la Ley 42/1998. En todo caso, el interés casacional no puede venir referido a cuestiones procesales, y la cuestión referida a la falta de competencia de los juzgados españoles solo puede ser impugnada por medio del cauce del recurso extraordinario por infracción procesal (SSTS n.º 409/2017 de 27 de junio, n.º 640/2017 de 24 de noviembre). En definitiva, el planteamiento a través del recurso de casación de cuestiones de índole procesal, conduce a la inexistencia de interés casacional, pues éste en ningún caso puede venir referido a cuestiones procesales y aunque se citan preceptos sustantivos, lo que plantea la recurrente es una cuestión procesal, esto es, la aplicación del art. 25 del Reglamento n.º 1215/2012, sobre competencia judicial y la falta de jurisdicción de los tribunales españoles. Por ello, el ámbito estrictamente material del recurso de casación determina que el interés casacional, en cualquiera de los casos que contempla el art. 477.3 LEC ha de referirse a normas sustantivas, e igualmente sustantiva deberá de ser la jurisprudencia de esta sala o la doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales, en que se fundamente el interés casacional alegado (ATSS, de 5 de abril de 2017, Rec. 924/2015, 26 de abril de 2017, Rec. 993/2015, 8 de marzo de 2017, Rec. 1886/2016). (iii) En la formulación del recurso la recurrente elude la base fáctica y se aparta de la razón decisoria de la sentencia recurrida. En concreto, la Audiencia concluye que en el contrato celebrado entre las partes el nueve de abril de 2007 no concurren los requisitos exigidos por la Ley 42/1998 por lo que debe declararse su nulidad. En consecuencia, la sentencia recurrida es conforme con la reciente jurisprudencia de la sala que se ha pronunciado sobre este tipo de contratos en STS n.º 694/2018 de 11 de noviembre de 2018, rec. 2125/2016 y en STS n.º 706/2018 de 13 de diciembre de 2018, aclarada por auto de 15 de enero de 2019, en recurso 1674/2016, declarando que los contratos suscritos por la recurrente no respetaban la Ley 42/1998 porque no recogían el contenido mínimo del contrato que la Ley establece en su art. 9 y no se determinaba la duración ni el objeto del contrato. Las razones expuestas justifican la inadmisión del recurso interpuesto».

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