Desestimación de una declinatoria arbitral por no existir sometimiento al Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi pues quien reclama es un ex socio (AAP Vitoria 1ª 31 marzo 2021)

El Auto de la Audiencia Provincial de Vitoria, Sección Primera, de 31 de marzo de 2021 revoca un Auto del Juzgado que declaró su a falta de jurisdicción para conocer del asunto por estar sometido el mismo a arbitraje ante el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi y estima que corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado de lo Mercantil.  Entre otras cosas la Audiencia afirma que:

«(…) Recurre en apelación la demandante solicitando la revocación del Auto y se declare que el asunto está sometido a la jurisdicción civil, no a arbitraje ante el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi. Razona el Auto que las pretensiones de la demandante ‘traen causa de la actividad de la cooperativa en relación a su padre precisamente por su condición de socio en aquellos momentos y a quien sucede su hija’. Frente a lo anterior alega la demandante que la condición de socio no se hereda, de modo que el convenio arbitral estatutario no vincula a los causahabientes de socio fallecido que no son socios. En efecto, el citado art. 50 de los Estatutos se refiere a las cuestiones litigiosas que se susciten entre la cooperativa y ‘sus socios’, en igual sentido que la Ley nº 11/2019 de Cooperativas de Euskadi , cuando en su art. 165.2º.f) establece que corresponde al Consejo Superior intervenir por vía de arbitraje en las cuestiones litigiosas que se susciten entre las cooperativas y ‘sus personas socias’ cuando ambas partes lo soliciten o estén obligadas a ello a tenor de sus estatutos (y en el mismo sentido, los arts. 3.Uno y 16.Uno.a) del Reglamento del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi sobre Procedimientos de Resolución de Conflictos en las Cooperativas Vascas). Y el art. 65.2º de la citada Ley, establece que las aportaciones podrán transmitirse por sucesión mortis causa a » las causahabientes, si fueran personas socias y así lo soliciten, o, si no lo fueran, previa admisión como tales realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, que habrá de solicitarse en el plazo de tres meses desde el fallecimiento. En otro caso, tendrán derecho a la liquidación del crédito correspondiente a la aportación social en los términos previstos en el artículo siguiente.» (el art. 20 regula la admisión de las personas socias, y el art. 66, el reembolso de las aportaciones). En parecidos términos, el art. 41.Tres de los Estatutos prevé la transmisión automática si la causahabiente fuera socia y así lo solicitase, y, si no fuera socia y solicita la admisión como socia en el plazo de tres meses desde el fallecimiento, se le podrá transmitir la aportación del causante en el supuesto de que se la admitiera como socia, y, si no, se le liquidará el crédito correspondiente a la aportación social del finado. La Cooperativa está de acuerdo con que la condición de socio no se hereda; pero hace hincapié en su argumento de que lo que se hereda es el conjunto de derechos y obligaciones derivado de la condición de socio, no sólo los derechos, también las obligaciones, como lo es, explica la Cooperativa, la obligación del pago de las cartillas de vino y uva, cuyo descuento admite la demandante en el cálculo del saldo que resulta a favor del socio fallecido. Sin embargo, una obligación del socio fallecido, consistente en una obligación que, como tal, forma parte de lo que es propiamente la liquidación del crédito del socio fallecido, no resulta equiparable con la obligación de sometimiento a arbitraje a la que el socio fallecido quedó vinculado por su admisión como socio; no hay identidad de causa. La demandante no hereda la condición de socio de su padre, pese a lo cual, ella pudo haber solicitado su admisión como socia, tal y como expresamente contemplan la Ley y los Estatutos, precisamente al regular la transmisión mortis causa de las aportaciones; la demandante pudo haber solicitado su admisión como socia, y haber quedado así obligada como tal socia a someterse a arbitraje. Porque si la demandante hubiera solicitado su admisión y hubiera sido admitida como socia, habría quedado obligada al arbitraje en las cuestiones litigiosas que tuviera con la Cooperativa en lo que respecta a las aportaciones de su padre, toda vez que con su admisión como socia se hubiera operado la transmisión de las aportaciones (si también hubiera solicitado la transmisión). La cuestión es que la demandante no solicitó su admisión como socia, siendo por tanto una persona no socia ajena a la Cooperativa causahabiente de un socio fallecido; y, para este caso, lo que la Ley prevé claramente y los Estatutos recogen, es que la causahabiente que no solicita su admisión como socia (incluso la que lo solicita y no es admitida) tiene un derecho propio (‘tendrán derecho’) a que la Cooperativa le abone lo que resulte de la liquidación del crédito que la Cooperativa debía al causante socio fallecido. Por otro lado, al hilo de la interpretación extensiva que defiende la Cooperativa se ha realizado en otras ocasiones de la cláusula de sometimiento a arbitraje, es de puntualizar que el presente supuesto es sustancialmente distinto del supuesto en el que quien reclama es un ex socio. Y por lo que hace a la aplicación analógica que alega la Cooperativa respecto del art. 10 de la Ley de Arbitraje (‘será válido el arbitraje instituido por disposición testamentaria para solucionar diferencias entre herederos no forzosos o legatarios por cuestiones relativas a la distribución o administración de la herencia’), a fin de sostener el deber de respetar la voluntad del difunto socio, entendemos que no cabe en supuestos como el presente, en el que, aparte que consta que el socio fallecido no otorgó testamento, sucede que su voluntad de someterse a arbitraje en realidad no fue más que una suerte de voluntad de adhesión, la voluntad que se supone implícita en la solicitud de admisión como persona socia, admisión a la que estatutariamente viene vinculado el sometimiento a arbitraje. La demandante no fundamenta su reclamación en una (aquí inexistente) transmisión mortis causa de las aportaciones del socio fallecido, sino en la adquisición de su derecho propio frente a la Cooperativa a la liquidación del crédito correspondiente a la aportación social del socio fallecido. De todo lo cual resulta que debió rechazarse la declinatoria por falta de jurisdicción».

Deja un comentario