Incompetencia del TSJ del País Vasco para conocer del procedimiento de ejecución del laudo arbitral dictado por el Tribunal Arbitral del Deporte (ATSJ País Vasco CP 1ª 1 marzo 2021)

El Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, de 1 de marzo de 2021 se declara incompetente para conocer del procedimiento de ejecución del laudo arbitral de fecha 6 de abril de 2020, dictado por el Tribunal Arbitral del Deporte. La decisión razona del siguiente modo:

«(…) La competencia de esta Sala en materia de reconocimiento de laudos extranjeros aparece en el artículo 8.6º LA, del siguiente tenor literal: ‘6. Para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquellos, determinándose subsidiariamente la competencia territorial por el lugar de ejecución o donde aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos’; en el presente caso, y habida cuenta que la parte demandada carece de domicilio o residencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la competencia de este Tribunal vendría, en su caso, determinada por el foro subsidiario, esto es, el lugar de ejecución o dónde el laudo deba producir sus efectos (…). 1.- En el escrito de demanda la parte actora manifiesta que «…se hace constar que es competente esa Sala dado que el demandado (C.A.H.), tiene diversos activos en la ciudad de VITORIA, por ser deudor del C.D.A. SAD con motivo de su participación en las cantidades que deban ser abonadas al S.L. por el traspaso-compra del jugador Ángel Daniel «. 2.- Por diligencia de ordenación dictada por la Letrada de Administración de Justicia el 25 de enero de 2021 se requirió a la parte actora para que acreditase «la concurrencia del requisito del número 6 del artículo 8 de la Ley 60/2003, de arbitraje, sobre competencia de este Tribunal». 3.- La parte actora, mediante escrito presentado el 10 de febrero de 2021, manifestó que: «Segundo: Que, en el presente caso, el Laudo Arbitral se dicta en un contencioso entre un intermediario Paraguayo y un Club Argentino, por lo que la competencia de ese TSJ no deriva, evidentemente, de los dos primeros criterios (lugar de residencia de las partes), sino que deriva de la competencia territorial donde se debe proceder a la ejecución y donde debe producir efectos el laudo. En tal sentido, como se ha indicado, esta parte tiene conocimiento de que el citado Club debe recibir un porcentaje (1.5%) de las cantidades que el CDA debe pagar al S.L. (SC L.) por la transferencia de un jugador llamado Ángel Daniel . En tal sentido, se aporta, al respecto, confirmación EXPRESA remitida por el citado Club a esta parte. (DOCUMENTO Nº. 1), indicando que tal porcentaje deriva de la aplicación de lo previsto en el art. 1 del ANEXO V al Reglamento FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia del Jugador, disponible en su versión oficial en https://resources.fifa.com/image/upload/reglamento-sobre-elestatuto-y-la-transferencia-de-jugadores-junio-2019.pdf? cloudid=o5g4zec5mrcndsl8h3ip Ello supone que el C.A.H. tiene un activo (derecho de crédito en Vitoria, susceptible de embargo, y, de conformidad con el art. 545.3 de la LEC, se podrá interesar la ejecución ante el Juzgado  de Primera Instancia «ante el de cualquier lugar en que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados» Por tanto, a nuestro entender, conforme a lo previsto en el citado art. 8.6º de la Ley 60/2003, de Arbitraje, en relación con el art. 545.3º  LEC, deba considerarse Vitoria (domicilio social del C.D.A. SAD), como el lugar de ejecución del citado Laudo Arbitral, y esa Sala a la que nos dirigimos, como competente para conocer sobre la homologación del Laudo extranjero, ex art. 8.6 de la Ley de Arbitraje». 4.- Finalmente, es relevante a estos efectos que, entre los documentos aportados se encuentra -página 61 de los autos-, un correo electrónico firmado por Arsenio en nombre del Deportivo Alavés SAD con el siguiente tenor literal:

‘Estimado colega, Según nuestros archivos, a fecha de la presente no existen cantidades pendientes de pago al Sporting de Lisboa en relación a los derechos federativos de Ángel Daniel . No obstante, en el supuesto de que resulte alguna cantidad conforme al contrato entre las partes, retendremos y abonaremos el porcentaje que le corresponda al club Huracán de Argentina correspondiente al mecanismo de solidaridad establecido por las normas FIFA si ello es requerido en virtud de resolución de FIFA y/o judicial al efecto. Un saludo,’

A la luz de lo expuesto esta Sala carece de competencia para conocer de la demanda de reconocimiento del laudo suizo en cuestión; no disponiendo de domicilio o residencia en España la parte demandada, como bien dice la parte actora, sólo gozaría de la citada competencia si el laudo fuese ejecutable en territorio de la Comunidad Autónoma Vasca o aquí fuese a producir sus efectos. En el presente caso no existe activo sobre el que ejecutar el laudo, habida cuenta que la propia demandante aporta documental conforme a la que el Deportivo Alavés SAD dice no constarle que deba nada al C.A.H.. Es decir, no se ha acreditado la existencia de objeto sobre el que eventualmente ejercitar la ejecución del laudo una vez homologado, y no existiendo objeto de la ejecución no es competente esta Sala para conocer de la acción ejercitada (…).  El art. IV del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 establece: ‘…’. Por su parte, el art. 54.4º LCJI, de aplicación supletoria conforme al art. 46 LA, requiere que se acompañe a la demanda de exequátur ‘El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados’, requisito igualmente recogido en el art. 2 del Tratado entre España y la Confederación Suiza para facilitar la pronta ejecución de las sentencias o fallos dictados recíprocamente en sus respectivos Estados en materia civil o comercial, hecho en Madrid el 19 de noviembre de 1896. Por todo ello, procede incorporar a las demandas de reconocimiento de laudo extranjero un documento que cumpla los requisitos formales reseñados, lo que tampoco ha hecho el demandante».

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