Plazo (de caducidad) para la interposición de la demanda de nulidad de laudo arbitral establecido en el art. 41.4º de la ley de Arbitraje (STSJ Madrid CP 1ª 2 febrero 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 2 de febrero de 2021 (ponente: Celso Rodríguez Padrón) desestima la demanda interpuesta  contra la Agencia Negociadora del Alquiler S.L. y D. Jorge , por caducidad, y  decide no haber lugar a la declaración de nulidad del laudo arbitral dictado por árbitro único en fecha 19 de julio de 2019, aclarado en 15 de octubre. De acuerdo con esta decisión:

«(…) La cronología que resulta acreditada en las presentes actuaciones y que debe analizarse a la hora de valorar la alegación de caducidad de la acción responde a los siguientes indicadores. 1.- La notificación del laudo aclaratorio se produjo (en la persona de un hermano del demandante) -según consta documentado- el 16 de octubre de 2019. 2.- Consta en la causa la solicitud del demandante de concesión del beneficio de justicia gratuita, cursada a través del Servicio de Orientación Jurídica de los Juzgados de Madrid el 5 de noviembre de 2019, esto es, veinte días después de la recepción de la notificación del complemento aclaratorio del laudo que hoy se impugna. 3.- La designación de defensa efectuada por el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid se produce el 2 de diciembre de 2019. No es posible acreditar la fecha en la que se produjo la notificación al demandante de la designación de abogado y procurador de turno de oficio. Tras varios requerimientos para que se llevase a cabo esta precisión – dispuestos a través de sucesivas Diligencias de Ordenación de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia lo más preciso que se ha logrado obtener como respuesta es cuanto consta en el escrito presentado por la Procuradora Dña. Lucía Gloria Sánchez Nieto (el 11 de marzo de 2020) en el que expone que la designación mencionada se realizó por el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid el día 2 de diciembre de 2019, y se notificó por correo ordinario al solicitante (no con acuse de recibo donde pudiera constar fecha de entrega); tales manifestaciones se corresponden con la certificación del Colegio de Abogados de fecha 9 de marzo que consta unida al proceso. El demandante afirma como fecha de la recepción el 19 de diciembre. 4.- La demanda se firma electrónicamente por el Letrado del actor el día 3 de febrero de 2020; se remite a través de Lexnet al Tribunal Superior de Justicia a las 19:33 horas de ese día. Y se registra, finalmente, en el Registro General del Tribunal Superior de Justicia el 4 de febrero de 2020. Dado que el plazo (de caducidad) para la interposición de la demanda de nulidad de laudo arbitral establecido en el artículo 41.4 de la ley de Arbitraje se ciñe a los dos meses siguientes a la notificación del laudo o de su complemento o aclaración, y que la solicitud del beneficio de justicia gratuita suspende dicho plazo según el artículo antes citado, es evidente que la reanudación del mismo se producía con el límite de días que restaban descontando el período inicialmente ya transcurrido. Encuentra esto su lógica a fin de no dejar al albur de quien pretenda acogerse al régimen de justicia gratuita la demora en la solicitud del beneficio y en consecuencia la indefinición sine die de un período cronológico que responde a los condicionantes de la caducidad y no de la prescripción. Siendo ello así, esa reanudación determinaba como resto del período para la interposición de la demanda 40 días, que computados a partir del 19 de diciembre (incluso dando por válida la simple manifestación del demandante sobre la fecha de recepción de la notificación por correo ordinario) finalizan sin lugar a dudas antes del 4 de febrero. El demandante de nulidad del laudo ha empleado 65 días para la interposición de la demanda, sobrepasando por tanto el plazo de caducidad establecido inexorablemente por la ley. Todo lo anterior conduce a una conclusión: la demanda fue interpuesta después de agotado el plazo de caducidad (incluso considerando la paralización que produjo la suspensión por justicia gratuita). De tal modo, ha de declararse la caducidad de la acción, lo que comporta inexorablemente la desestimación de la demanda».

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