El Reglamento Bruselas II distingue entre la competencia para conocer del divorcio y lo relativo a la adopción de medidas sobre la persona y bienes de los menores (AAP Valencia 10ª 12 noviembre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección décima, de 12 de noviembre de 2020 confirma la decisión de instancia que estimó una declinatoria por falta de competencia de los órganos jurisdiccionales españoles para conocer de la demanda de divorcio, con la siguiente fundamentación:

«(…)  Resulta de aplicación el Reglamento 2201/2003. Este distingue entre la competencia para conocer del divorcio y lo relativo a la adopción de medidas sobre la persona y bienes de los menores. Por lo que se refiere a los menores será competente el lugar de su residencia. Aun cuando el cambio de residencia es reciente, no es de aplicación lo dispuesto en el art. 9.1º, porque no se trata de la modificación de una resolución judicial previa. No cabe duda de que serían competentes los Tribunales franceses. Y en lo atinente al fuero para conocer de la demanda de divorcio, existen unos fueros electivos amplios. Sin embargo, no nos encontramos ante ninguno de los supuestos previstos en el art. 3 del Reglamento,  puesto que de la prueba que consta en autos se deduce que el último domicilio común de los cónyuges se encontraba en Francia, sin que sean atendibles las alegaciones del recurrente de que su estancia era meramente provisional. Por esa misma razón, no se considera que el demandante haya tenido un domicilio en España durante el plazo de un año previo a la interposición de la demanda. El demandante estableció su domicilio en Francia, sin perjuicio de que sus planes se frustraran casi inmediatamente después. Su regreso a España no puede considerarse como un domicilio habitual de forma ininterrumpida a los efectos de establecer la competencia de los Tribunales españoles. Una vez que se trasladó a Francia, ese es su domicilio habitual, y solo después de la crisis matrimonial es cuando regresa a España. Por otro lado, en el presente caso, al no ser competentes los Tribunales españoles para conocer de la demanda de divorcio, tampoco resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento que regula la «prórroga de competencia», que permite que los órganos jurisdiccionales que conozcan de la demanda de divorcio tengan competencia «en las cuestiones relativas a la responsabilidad parental vinculadas a dicha demanda». Además, para que eso ocurriera, es necesario que se den como requisitos cumulativos los señalados en el propio artículo, entre los que se encuentra que la competencia de dicho órgano haya sido aceptada por los cónyuges. Y es obvio que no existe tal acuerdo sobre la competencia de los tribunales españoles, por haber sido planteada declinatoria. Ni los Tribunales españoles son competentes para conocer del divorcio, ni tampoco podrían extender su competencia a las cuestiones relativas a los hijos menores de edad. Para terminar, no resulta aplicable el concepto de residencia habitual que propone el recurrente en su escrito, pues la STJUE citada de 2 de abril de 2009 se refiere a un supuesto en que los menores llevaban una vida errante, por lo que existía dificultad para establecer una interpretación literal de lo que debe entenderse por residencia habitual, para ello se desarrollaron unos conceptos apropiados a un supuesto en que no existía una determinada vocación de permanencia en un determinado lugar, sino meras estancias temporales. La STJUE de 22 de diciembre de 2010, también citada en el recurso, trata de evitar que se considere como residencia habitual un lugar en que se resida con carácter temporal u ocasional. En el presente caso es obvio que residencia habitual es el lugar donde existe una voluntad de desarrollar todos los aspectos de la vida con cierta vocación de permanencia. Y es obvio que los menores residen desde julio de 2019 de forma permanente en Francia, donde acuden al colegio y despliegan todas las facetas de su vida habitual, sin que tal estancia pueda considerarse como temporal u ocasional. Obvio es que la integración no puede resultar inmediata, pero desde luego es evidente que esa residencia tiene una vocación de permanencia y lo que se pretende es que perdure en el tiempo. Y la realidad es que el progenitor, bajo cuya custodia se encuentran los menores, lleva viviendo en Francia desde 2017, por lo que no parece razonable calificar su estancia como meramente accidental. De los indicios obrantes en autos puede deducirse que fueron ambos progenitores los que decidieron ese traslado, aun cuando la pareja ya tuviera ciertos problemas conyugales que derivaron en la solicitud de divorcio que ahora se plantea. En consecuencia, procede desestimar el recurso con confirmación de la resolución recurrida».

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