El convenio arbitral está limitado aquellas cuestiones en las que explícita, clara, terminante e inequívocamente consta su aceptación de que fueron sometidas a arbitraje, sin que se pueda hacer extensiva a otras cuestiones que no se indicaron expresamente como arbitrables (AAP Valencia 7ª 14 octubre 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, de 14 de octubre de 2020 (ponente: Gonzalo María Caruana Font de Mora) rechaza una declinatoria por sometimiento al arbitraje con los siguientes argumentos:

“(…) resulta necesario iniciar por el sometimiento de la cuestión al arbitraje que sustenta su primera petición, ex art. 63.1ºLEC, de la declinatoria planteada. La cláusula 6.6 del contrato causa de la acción entablada, suscrito en documento privado, pero luego elevado a público por sus otorgantes ante el Notario de Torrent en fecha de 23 febrero 2017, dice ‘Las partes acuerdan dirimir cualquier controversia con origen en la interpretación de las condiciones del presente contrato privado y sus correspondientes escrituras públicas mediante arbitraje, y cuyo dictamen acuerdan respetar, prescindiendo de actuar ante los Tribunales que les correspondan. No obstante, cualquier controversia en sede judicial, que traiga como causa el presente contrato privado y las correspondientes escrituras públicas se someterá a los tribunales de jurisdicción española en general y en particular de los Tribunales de Valencia’. El art. 63.1º LEC fija como contenido de la declinatoria, entre otros supuestos, que el conocimiento de la demanda corresponda a los árbitros. Respecto a las cláusulas de sometimiento al arbitraje, como reflejo del poder de disposición inmerso en la autonomía de la voluntad de los contratantes como medio alternativo de solución de conflictos, debemos efectuar las siguientes precisiones; a) La aplicación e interpretación de tales cláusulas ha de ser rigorista y en sus propios términos, es decir con carácter restrictivo. En tal sentido podemos citar la STS 5 septiembre 2006, que ha destacado la relación del contenido literal en la interpretación de las cláusulas arbitrales, poniendo de manifiesto que ha de estarse a lo efectivamente pactado como objeto de arbitraje, pues, conforme a los arts. 1 y 9 LA/2003, la sumisión a la decisión arbitral ha de entenderse con carácter decisorio y exclusivo, no de forma concurrente o alternativa con otras jurisdicciones y para ser tenida por eficaz es necesario que se manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la decisión de uno o más árbitros (SSTS de 18 de marzo de 2002, 20 de junio de 2002, 31 de mayo de 2003, etc.). b) En sentido similar, el Tribunal Constitucional español ha indicado: ‘Este Tribunal ha reiterado, en relación con el sometimiento de controversias al arbitraje, que si bien el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1º CE) tiene carácter irrenunciable e indisponible, ello no impide que pueda reputarse constitucionalmente legítima la voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones en pos de unos beneficios cuyo eventual logro es para el interesado más ventajoso que el que pudiera resultar de aquel ejercicio. A esos efectos, se ha incidido en que dicha renuncia debe ser explícita, clara, terminante e inequívoca y si bien, por la protección que se debe dispensar a la buena fe, se ha declarado que la renuncia puede inferirse de la conducta de los titulares del derecho, no es lícito deducirla de una conducta no suficientemente expresiva del ánimo de renunciar (por todas, STC 65/2009, de 9 de marzo, FJ 4). Esta circunstancia es lo que ha determinado que se haya considerado contrario al derecho a la tutela judicial efectiva (árbitros art. 24.1º CE) la imposición obligatoria e imperativa del sometimiento a arbitraje (por todas, STC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3)’. c) El fundamento de ese posicionamiento es que la cláusula arbitral viene fundamentada principalmente en el hecho de ser una excepción al sistema de justicia ordinaria, que determina la renuncia al juez natural que en la mayoría de: a) los sistemas democráticos es un derecho constitucional. Este requisito también ha sido incorporado por la Sala Primera al indicar que dado que la jurisdicción arbitral implica una renuncia a la jurisdicción ordinaria que ejercen los tribunales comunes, se entiende que la voluntad manifestada en tal sentido debe ser clara y expresa. d) En consecuencia, lo procedente es considerar que el convenio arbitral no es omnicomprensivo, sino limitado aquellas cuestiones en las que explícita, clara, terminante e inequívocamente consta su aceptación de que fueron sometidas a arbitraje, sin que se pueda hacer extensiva a otras cuestiones que no se indicaron expresamente como arbitrables en la cláusula compromisoria. e) La STS 27 junio 2017 (…),- que cita a su vez la del Tribunal Constitucional 75/1996, de 30 de abril-, señala, en lo que aquí y ahora interesa, para que una cláusula de sumisión a arbitraje sea eficaz es necesario que manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la decisión de uno o más árbitros (…). Teniendo presente tales directrices y visto el pacto arbitral, la Sala no acepta el razonamiento del Juzgado de Instancia, al efectuar una interpretación y aplicación no solo extensiva de la cláusula, sino incluso no congruente con la misma. Con la demanda presentada se entabla una acción de resolución de un contrato de compraventa de participaciones sociales y la literalidad del pacto en el inicio del ordinal 6-6 remite al arbitraje cuestiones controvertidas en la ‘interpretación’ de las condiciones del contrato; no abarca, siquiera menciona, la ejecución de este y por ende su resolución, por lo que esta cuestión no está sometida al arbitraje. Es más, claramente se observa de todo el contenido de la cláusula que las partes si aceptaron que podían dirimir controversias sobre tal contrato en sede judicial pues en la leyenda escrita del pacto, de forma seguida, tras someter las divergencias interpretativas de las cláusulas al árbitro, se fija que ‘cualquier controversia’ que se plantee en sede judicial, un acuerdo de jurisdicción y de competencia territorial. Ello no tiene un carácter subsidiario como se motiva en el auto recurrido, pues, ni se deriva del sentido gramatical inicial (‘No obstante,’) y tal razonamiento implicaría que toda controversia es obligatoria (así explicita el auto del juzgado) en sede arbitral, lo que de manera alguna se compagina con la literalidad del pacto. Esa dicción literal en su totalidad y con el carácter restrictivo del sometimiento al arbitraje determina que las partes fijaron cuestiones contractuales que se deslindaban para ser conocidas en sede de arbitraje (las de interpretación de las condiciones del contrato) y otras en sede judicial que obviamente son aquellas a las que no alcance la interpretación de las condiciones. Por consiguiente, resulta procedente la estimación de la impugnación y la revocación del auto del Juzgado Primera Instancia para rechazarse la declinatoria en cuanto sometimiento al arbitraje”.

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