Competencia de los tribunales españoles respecto de un litigio sobre incumplimiento de contrato incoado por una entidad en liquidación por referirse a un bien inmueble sito en España (SAP Alicante 4ª 8 junio 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Cuarta, de 8 de junio de 2020 estima el recurso de apelación interpuesto contra auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Denia, con fecha 4 de abril de 2019 y revoca dicha resolución, acordando en su lugar declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Denia para el conocimiento del procedimiento, al que se remitirán las presentes actuaciones para que continúe con su tramitación. De acuerdo con la Audiencia:

“(…) Antes de entrar en la resolución del recurso debemos hacer las siguientes consideraciones: A) La parte que propuso la declinatoria sostiene que debe aplicarse la legislación del Estado en el que fue declarada en concurso. Ello supone la aplicación de un Derecho extranjero, que está permitida en los arts. 281.2º LEC y 33 de la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil. Ahora bien, sin perjuicio de que el primer precepto contemple la posibilidad de que el tribunal pueda averiguar directamente su contenido, no puede dejar de señalarse que se aporta con el escrito de la actora copia simple de varios artículos del Código de Comercio de Luxemburgo (452 ss) acompañada de una traducción que por lo que respecta al párrafo segundo de dicho precepto adolece de cierta impropiedad en el uso de los términos: «Sin embargo, el tribunal no puede recibir a la parte intervenida (coadyuvante) en quiebra». En cualquier caso, se afirma que se trata de una regulación idéntica a la contenida en la Ley Concursal española; esta consideración no se comparte porque no se regula expresamente la posibilidad de que se ejerciten acciones con trascendencia patrimonial contra el patrimonio del concursado. En efecto, se indica en el art. 452 que todas las acciones han de plantearse contra los administradores de la quiebra, cosa que no equivalen a la atribución de competencia para su conocimiento; el art. 453 se refiere exclusivamente a la suspensión de las vías de apremio contra el concursado, y el 454 desarrolla ese mismo efecto jurídico, debiendo destacarse del mismo que se aluda al proceso civil de verificación de créditos, cuando resulta que, como afirma la misma parte concernida, el procedimiento de concurso ya había llegado a la fase de liquidación cuando se presentó la demanda. En definitiva, la primera conclusión que se alcanza es que no se ha acreditado que en el Derecho luxemburgués, cuya aplicación postula la demandante, prevea que todas las acciones que se dirijan contra el patrimonio del concursado deban ejercitarse ante el tribunal que conozca del procedimiento de concurso. A mayor abundamiento de lo anterior, es significativo que en la copia de la sentencia de liquidación cuya traducción se aporta como documento 3 de la demanda se indique: «Los liquidadores tendrán asimismo el poder de defensa en todos los procesos, procedimientos y acciones incoadas contra ellos en calidad de liquidadores, o contra la entidad de crédito Landsbanki Luxembourg SA; de continuar, tanto en calidad de demandante como de demandado, y de intervenir en todos los procesos, procedimientos y acciones pendientes actualmente o en el futuro ante cualquier jurisdicción, así como de ejecutar todas las vías de recurso contra cualquier sentencia, ordenanza u otra decisión emitida o que en el futuro se emita en todos los litigios, procedimientos o procesos, todo ello en Luxemburgo o en el extranjero, y en la medida en que los liquidadores estimen convenientes o necesarias tales defensas, procesos, intervenciones y recursos para la protección de los haberes de LANDSBANKI LUXEMBOURG SA». El subrayado es añadido a los efectos de la presente resolución y con la finalidad de destacar que se prevé que otros órganos judiciales distintos al que emite la sentencia puedan resolver sobre acciones ejercitadas contra la entidad deudora e incluso que sean competentes tribunales extranjeros. B) En el auto recurrido se opta por aplicar el art. 11 de la Ley Concursal (llamada a regular los procedimientos de ese tipo incoados en España), pero no se indica si se debe a que no considera acreditado por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero ( art. 33.3 de la antes mencionada ley 29/2015) pues no fue objeto de controversia el contenido de los preceptos del Código de Comercio de Luxemburgo invocados. El art. 11, siguiendo el modelo del Reglamento (CE) nº 1.346/2000, dispone que «En el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del concurso comprende únicamente el conocimiento de aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación concursal y guarden una relación inmediata con el concurso». No se comparte que las acciones planteadas en la reconvención cumplan ambos requisitos. Como dice la sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2019 (Recurso: C-535/17) la voluntad del legislador de la Unión ha sido la de acoger una concepción amplia del concepto de «materia civil y mercantil» que figura en el Reglamento 44/2001. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que únicamente están excluidas del ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas y, por consiguiente, del Reglamento nº 44/2001 las demandas que derivan directamente de un procedimiento concursal y que están estrechamente relacionadas con él. Por otra parte, este mismo criterio, tal como fue definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del Convenio de Bruselas, ha sido retomado por el considerando 6 del Reglamento n.º 1346/2000 para delimitar el objeto de este último y ha sido confirmado por el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia,- no aplicable ratione temporis al presente asunto-, cuyo art. 6 prevé que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se haya abierto un procedimiento de insolvencia serán competentes para conocer de cualquier acción que se derive directamente del procedimiento de insolvencia y guarde una estrecha vinculación con este. De este modo, el criterio decisivo en que el Tribunal de Justicia se basa para determinar el ámbito al que corresponde una demanda no es el contexto procesal en el que esta se inscribe, sino el fundamento jurídico de la propia demanda. Y en la misma línea el TJUE añade: «el hecho de que, con posterioridad a la apertura de un procedimiento concursal, el síndico designado en el marco de dicho procedimiento ejercite una acción y de que actúe en interés de los acreedores no modifica de manera sustancial la naturaleza de tal acción, que es independiente de un procedimiento concursal y que sigue estando sujeta, en cuanto al fondo, a las reglas generales del Derecho». Esto es así a causa de la intensidad del vínculo existente entre una acción jurisdiccional y el procedimiento de insolvencia; por consiguiente, cuando no resulta ni suficientemente directo ni suficientemente estrecho no debe aplicarse la norma que atribuye el tribunal que conoce del concurso para atraer a su competencia las acciones ejercitadas contra le entidad concursada. C) La tesis de la demandante parte de la base de que los reglamentos de la UE a los que se hará referencia en el apartado siguiente no le son de aplicación por tratarse de una entidad financiera. Siempre según su planteamiento, rige la Directiva de saneamiento (2001/24/CE). Sin embargo, resulta que dicha directiva ya ha sido traspuesta al derecho español, precisamente mediante la Ley 3/2005 que la misma parte invoca. Además, la Jurisprudencia del TJUE es clara sobre la imposibilidad de aplicación directa de las directivas comunitarias a los particulares (se considera que este sería el caso porque se plantea para dejar sin efecto la reconvención planteada por los demandados); y, en cualquier caso, si se estimase que se trata de un supuesto de alegación frente al Estado, la misma doctrina jurisprudencial determina que es preciso que no se haya adaptado el ordenamiento jurídico a la Directiva y, por otra parte, que las disposiciones sean incondicionales y lo suficientemente claras y precisas (por ejemplo, sentencias de 5 de abril de 1979, asunto 148/78, y sentencia de 26 de febrero de 1986, asunto 152/1984). La Sala considera que no se está en este caso el art. 10 invocado por la actora, pues remite al Derecho del Estado de origen y no es necesario abundar en lo expuesto anteriormente acerca del contenido de las normas del Código de Comercio de Luxemburgo alegadas. En sentido contrario, el art. 8.1º, c de la Ley 29/2015 establece que los efectos sobre los derechos de la entidad sobre los bienes inmuebles que estén sujetos a inscripción en un registro público se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve. D) Se cita en el recurso el auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Málaga de 23 de octubre de 2015 (recurso 741/2014) en el que hace mención, junto a otros argumentos, a que respecto de la resolución judicial que declara a la apelada en concurso de acreedores no se había solicitado el «exequátur». Frente a ello aduce la afectada la aplicación del art. 19 de la Ley 6/2005 («Cuando respecto a una entidad de crédito autorizada en un Estado miembro de la Unión Europea que tenga al menos una sucursal o preste servicios en España se haya adoptado una medida de saneamiento o incoado un procedimiento de liquidación, dicha medida o procedimiento surtirá, sin más formalidades, todos sus efectos en España tan pronto como lo haga en el Estado miembro en el que se haya adoptado la medida o incoado el procedimiento»). En cualquier caso, la misma resolución citada emplea otros argumentos para concluir que la jurisdicción española es competente para el conocimiento de un asunto similar al presente, como, por ejemplo, el art. 22 LOPJ en lo que se refiere a las acciones reales sobre bienes inmuebles sitos en España o validez de las inscripciones practicadas en sus Registros. E) En el auto del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Denia se indica que la relación sobre la que se basa su declaración de falta de competencia internacional estriba en que las acciones ejercitadas tienen su fundamento y finalidad en obtener el cobro de dinero por parte de quien se considera acreedor. Sin embargo, la discrepancia sobre la que se articula la reconvención no tiene un vínculo directo con la insolvencia de la demandante en cualquier circunstancia; más bien se trata de una defensa jurídica amplia contra la acción de cumplimiento de contrato ejercida por la entidad en liquidación, precisamente, ante los tribunales españoles por referirse a un bien inmueble sito en España. Ha de tenerse presente que se plantea contra una relación jurídica articulada sobre varios negocios jurídicos vinculados para la obtención de una finalidad económica concreta. Desde este punto de vista, y en congruencia con lo expuesto en los apartados anteriores, no es razonable sostener que existe una relación inmediata con el concurso. F) El criterio de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Alicante,- entre otros, autos de 10 de julio y 29 de septiembre de 2019 (rollos 318 y 444 de 2019)-, se fundamenta en que la condición de consumidores de los demandados determina la aplicación del Reglamento Bruselas I Bis. Ciertamente, el artículo 5 establece como excepción al fuero general del domicilio del demandado que se trate de materia que concierna a los derechos de los consumidores. Además, en su considerando número 24 se recoge una directriz útil para resolver el supuesto objeto de revisión: «A la hora de apreciar la buena administración de justicia, el órgano jurisdiccional del Estado miembro del que se trate debe valorar todas las circunstancias del asunto de que conoce». Desde esta perspectiva, cabe señalar que el art. 1.2 b) se refiere a que están excluidos «la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos», mención que es susceptible de una interpretación restrictiva, máxime, cuando en el art. 18 se establece que el consumidor podrá ejercitar ante el órgano jurisdiccional de su domicilio sus pretensiones contra la otra parte contratante; y añade en el apartado tercero que lo indicado no afectará al derecho a formular reconvención”

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