Incompetencia de los tribunales españoles en una acción contra Ministerio de Economía, Crecimiento y Competitividad de la República de Cabo Verde relativa a un proyecto para la construcción en las islas de Boavista y Maio (AAP Alicante 4ª 17 junio 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Cuarta, de 17 de junio de 2020 confirma una resolución de instancia que declaró su incompetencia internacional para conocer de la demanda interpuesta por Resort Hispania S.L. en relación con un protocolo de acuerdo de intenciones suscrito entre esta entidad y el Ministerio de Economía, Crecimiento y Competitividad de la República de Cabo Verde relativo a un proyecto para la construcción de tres importantes complejos urbanísticos en las islas de Boavista y Maio, por un valor aproximado de 1.500.000.000 euros. La Audiencia justifica el rechazo de la apelación en los siguientes argumentos:

“(…) La Ley Orgánica del Poder Judicial en el art, 22 octies, apartado tercero, establece que «los Tribunales españoles se declararán incompetentes si su competencia no estuviera fundada en las disposiciones de las leyes españolas, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales», pero establece como excepción a esta regla que «los Tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia». En esta excepción, conocida doctrinalmente como «foro de necesidad», es en la que se basa el demandante pues entiende que aun cuando planteó sus pretensiones en el Tribunal Judicial de la Comarca de Praia la sentencia dictada por este el 24 de septiembre de 2015 supone materialmente una denegación de la tutela judicial, y esto es lo que en último término justifica y exige según su criterio la asunción del conocimiento del asunto por los Tribunales españoles en supuestos semejantes (…). Partiendo del carácter excepcional del foro en cuestión, que aparece expresamente reconocido en los fundamentos doctrinales citados por la recurrente y en los precedentes judiciales que invoca, cuya escasez es en sí misma reveladora, su pretensión no puede admitirse en atención a las siguientes razones:

A.- Aunque se parta del reconocimiento implícito de la competencia originaria de los tribunales de la República de Cabo Verde no parece ocioso recordar que la única conexión de este asunto con el Estado Español es la nacionalidad y domicilio de la demandante. El domicilio de los demás intervinientes en la negociación litigiosa, el lugar de firma del protocolo en cuestión, el lugar donde habían de cumplirse las obligaciones derivadas del mismo y el lugar donde se verificó el supuesto incumplimiento causante de los daños y perjuicios reclamados, y por tanto donde se habrían irrogado estos, son todos fueros de una u otra forma previstos en las leyes procesales españolas que invariablemente conectan el asunto litigioso con la jurisdicción de aquel Estado.

B.- La praxis judicial universal muestra como fenómeno normal y constante el enjuiciamiento de los Estados y sus instituciones por los Tribunales que forman la organización judicial de esos mismos Estados, sin que en esta mera circunstancia pueda basarse una alegación de falta de imparcialidad que habilite para acudir a los Tribunales de otros Estados, con alteración de las normas de competencia judicial internacional propias de cada caso.

C.- La propia apelante así lo entendió cuando planteó sus pretensiones ante el Tribunal Judicial de la Comarca de Praia. Evidentemente no es función de esta Sala revisar la sentencia dictada por dicho Tribunal más que para apreciar si constituye materialmente una «declinación de competencia», dando por supuesta la viabilidad de la interpretación extensiva de este concepto en la que se sustenta el recurso. Y la respuesta ha de ser por fuerza negativa. Por más que la parte actora trate de interpretar a su conveniencia los términos del protocolo de 7 de diciembre de 2007 está claro que las obligaciones directamente asumidas en dicho documento por el Ministerio de Economía, Crecimiento y Competitividad de la República de Cabo Verde eran puramente instrumentales: celebración de convenios de establecimiento, concesión de licencias y permisos, concesión de visados de entrada y permanencia a los representantes y técnicos extranjeros, etc.; mientras para los aspectos sustantivos en donde se habrían generado los perjuicios reclamados el mismo protocolo remitía al «establecimiento inmediato de negociaciones entre las instituciones sectoriales responsables y los representantes de Resort Hispania SL». En concreto, además de mencionar entre otras a la Empresa Nacional de Administración de Puertos (ENAPOR), con la que la demandante suscribió un segundo protocolo en fecha 12 de marzo de 2008, la cláusula segunda destacaba en sus dos apartados el papel primordial que en dicha negociación habría de jugar la Sociedad de Desarrollo Turístico de las islas de Boavista y Mario (SDTIBM), ante quien la demandante ya había presentado el 16 de julio de 2007 los tres Masters Plans para la construcción de los complejos urbanísticos que constituían el objeto último de todas sus operaciones y cuya falta de realización en los términos que ella considera prometidos, comprometidos o pactados es la causa determinante de los perjuicios que alega. En vista del contenido del protocolo, de las negociaciones que pormenorizadamente describe la presente demanda y de las alegaciones vertidas por el Estado demandado en aquel otro proceso, en modo alguno puede considerarse carente de razonabilidad que el tribunal competente haya negado la legitimación pasiva del Estado dando a entender que en caso de prosperar la tesis de la demanda los perjuicios reclamados debieran imputarse a aquella institución sectorial y no al Estado como tal («obsérvese que, según lo que el propio demandante alegó y probó, al haber alguna responsabilidad precontractual, ésta sólo podría haber sido causada por la que el demandante considera que fue un retroceso cometido por la SDTIBM … quien claramente se prueba que mantuvo negociaciones con el demandante y eventualmente quebró su confianza habría sido la SDTIBM … etc.»). La sentencia resalta que se trata de entidades distintas, y en este sentido también ha de recordarse que la propia demandante manifiesta que la SDTIBM es una sociedad en la que el Estado tiene sólo un 51 por ciento de participación, correspondiendo el 49 por ciento restante a los municipios o entes autónomos de Boavista y Mario, de manera que la conclusión judicial puede discutirse, pero no considerarse absurda, ilógica o extravagante.

D.- Dando por reproducidos los fundamentos jurídicos con los que el auto dictado en la instancia se ha extendido sobre esta cuestión, hay que concluir con el Juzgado que la sentencia examinada no es ni formal ni materialmente una declinación de competencia, sino que, acertada o erróneamente, termina por resolver el caso planteado ante el Tribunal con argumentos fundados en Derecho. Los eventuales errores en la apreciación o en la calificación de la excepción o las posibles irregularidades procesales anteriores (entre otras, por no haber integrado debidamente la litis si el estatuto procesal del tribunal lo permitía) eran susceptibles de corrección mediante un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo de la República, y la hoy apelante lo interpuso en tiempo y forma, siendo admitido con el número 69/2016, para luego desistir del mismo por escrito cuya fecha no consta (documento nº 53 de la demanda). Alega que desistió en la errónea creencia de que con ello facilitaba una negociación amistosa que reputaba más conveniente para sus intereses, pero son en último término estos actos propios y no las decisiones judiciales de los tribunales caboverdianos los que han podido conducirle a una pérdida de sus derechos que no cabe suplir acudiendo a una interpretación forzada y una aplicación indebida del precepto legal al principio citado.

E.- Nada de lo anterior se modifica por el hecho de que el tribunal de Praia tantas veces mencionado haya podido incurrir en dilaciones indebidas, cosa que lamentablemente no puede reputarse extraordinaria, ni porque su sentencia tenga ya fuerza de cosa juzgada o las demás acciones a disposición de la demandante haya podido prescribir, ni, en fin, por el contenido del informe del Ministerio de Asuntos Exteriores antes mencionado, que lógicamente, y como el art. 27-2 de la Ley 29/2015 dice con claridad, limita su eficacia al ámbito propio de sus funciones (inmunidades de jurisdicción y ejecución) y no se extiende a la calificación de la competencia del tribunal que lo solicitó (…). Con los razonamientos expuestos ha de confirmarse la resolución apelada, pues una vez declarada la falta de jurisdicción de los tribunales españoles no es necesario especular sobre cuál sería el orden jurisdiccional competente en caso contrario”.

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