Internamiento a efectos de expulsión en un centro penitenciario de un nacional de un tercer país que representa una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública (STJ 1ª 2 julio 2020, as. C-18/19)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 2 de julio de 2020 (asunto C‑18/19: Stadt Frankfurt am Main) declara que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite el internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular a efectos de expulsión en un centro penitenciario, separado de los presos ordinarios, debido a que representa una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad o a la seguridad interior o exterior del Estado miembro de que se trata.

WM es un nacional tunecino que residía en Alemania. Mediante orden de 1 de agosto de 2017, el ministerio competente del Land de Hesse (Alemania) decretó su expulsión a Túnez con arreglo al art. 58a, ap. 1, de la AufenthG, debido a que representaba un peligro especialmente grave para la seguridad nacional, en particular, habida cuenta de su personalidad, su comportamiento, sus convicciones islamistas radicales, su catalogación como «traficante de personas y reclutador para la organización terrorista Estado islámico» por los servicios de información, y su actividad para esta misma organización en Siria. Ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania), por una parte, WM interpuso recurso contra la orden de 1 de agosto de 2017 y, por otra, presentó una demanda de medidas provisionales con objeto de que se suspendiera la ejecución de dicha orden. Mediante resolución de 19 de septiembre de 2017, dicho órgano jurisdiccional desestimó la demanda de medidas provisionales debido a que era probable que WM cometiese un atentado terrorista en Alemania. Mediante resolución de 18 de agosto de 2017, el Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunal de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania), a solicitud del servicio de extranjería competente, ordenó el internamiento de WM a efectos de expulsión en un centro penitenciario hasta el 23 de octubre de 2017, con arreglo al art. 62a, ap. 1, de la AufenthG. WM interpuso recurso contra esta resolución ante el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania), que lo desestimó mediante resolución de 24 de agosto de 2017. WM interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) con objeto de que se declarara la ilegalidad de su internamiento respecto al período comprendido entre el 18 de agosto de 2017 y el 23 de octubre de 2017. Sin embargo, el 9 de mayo de 2018, WM fue expulsado a Túnez. Dicho Tribunal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia si el art. 16, ap. 1, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite el internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular a efectos de expulsión en un centro penitenciario, separado de los presos ordinarios, debido a que representa un peligro sustancial para la vida y la integridad física de otras personas o para la seguridad nacional. En la presente decisión el Tribunal de Justicia considera que si bien, esencialmente, los Estados miembros gozan de libertad para definir, con arreglo a sus necesidades nacionales, que pueden variar de un Estado miembro a otro y de una época a otra, las exigencias de orden público, no obstante, en el contexto de la Unión, en particular como justificación de una excepción a una obligación establecida con objeto de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países al ser expulsados de la Unión, tales exigencias deben interpretarse en sentido estricto, de manera que su alcance no puede ser determinado unilateralmente por cada Estado miembro sin control de las instituciones de la Unión. Continúa el Tribunal de Justicia afirmando que la exigencia, para fundamentar la reducción o la supresión del plazo para la salida voluntaria del nacional de un tercer país en virtud del art. 7, ap. 4, de la Directiva 2008/115, de una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad se impone a fortiori para justificar la ejecución del internamiento a efectos de expulsión en un centro penitenciario, con arreglo al art. 16, ap. 1, segunda frase, de la Directiva 2008/115. Así pues, el hecho de que se ponga en peligro el orden público o la seguridad pública solo puede justificar el internamiento de un nacional de un tercer país a efectos de expulsión en un centro penitenciario de conformidad con el art. 16, ap. 1, segunda frase, de la Directiva 2008/115 si su comportamiento individual representa una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad o a la seguridad interior o exterior del Estado miembro de que se trata. Habida cuenta de lo anterior el Tribunal de Justicia responde que el art. 16, ap. 1, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite el internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular a efectos de expulsión en un centro penitenciario, separado de los presos ordinarios, debido a que representa una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad o a la seguridad interior o exterior del Estado miembro de que se trata».

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