Para el Abogado General el concepto de “cónyuge” incluye, en relación con la libertad de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, a los cónyuges del mismo sexo

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En sus conclusiones presentadas el 11 de enero de 2018, el Abogado General Wathelet declara que “aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando la concesión a su cónyuge, del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, un derecho de residencia permanente en su territorio. Precisa el Abogado General que, ante todo, que el problema jurídico que constituye el eje central del litigio no es la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. Pues bien, aunque los Estados miembros disponen de la libertad de prever o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus ordenamientos jurídicos internos, deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión. A continuación, el Abogado General observa que la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros no contiene ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar la condición de “cónyuge”, de modo que dicho concepto debe tener en toda la Unión una interpretación autónoma y uniforme. Sobre este particular, el Abogado General subraya que el concepto de “cónyuge” en el sentido de la Directiva está ligado a un vínculo basado en el matrimonio, aun siendo al mismo tiempo neutro desde el punto de vista del género de las personas de que se trata e indiferente en relación con el lugar donde se ha contraído el matrimonio. En este marco, el Abogado General considera que, a la luz de la evolución general de las sociedades de los Estados miembros de la Unión durante el último decenio en materia de autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en virtud de la cual el término ‘matrimonio’, según la definición admitida en general por los Estados miembros, designa una unión entre dos personas de distinto sexo ya no puede seguir aplicándose”.

Un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano haya residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado además de su nacionalidad de origen

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 14 de noviembre de 2017, asunto C-165/16: Lounes el Tribunal de Justicia comienza recordando que la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento no otorga ningún derecho autónomo a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que sean nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, sino únicamente derechos derivados de aquellos de los que disfruta el ciudadano de la Unión de que se trate por el hecho de ejercer su libertad de circulación. A continuación, el Tribunal de Justicia señala que, de conformidad con la Directiva, son beneficiarios de los derechos que ésta confiere los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un «Estado miembro distinto del Estado del que tenga[n] la nacionalidad», así como los miembros de sus familias que los acompañen o se reúnan con ellos. Además, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva, que enmarca las condiciones de ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no pretende regular la residencia de los ciudadanos de la Unión en un Estado miembro del que son nacionales, puesto que éstos disponen en dicho Estado de un derecho de residencia incondicionado en virtud de un principio de Derecho Internacional. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos del de su nacionalidad y, por ende, no puede servir de base a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que éste es nacional.

Expulsión del territorio español de una persona que acumula un relevante historial delictivo, pese a tratarse de un ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección Novena, de 1 de junio de 2017  confirma la decisión de expulsar del territorio español a una persona que acumula un relevante historial delictivo por representar un peligro para el orden y la seguridad pública, pese a tratarse de un ciudadano perteneciente a un país de la Unión Europea (Rumanía). La Sección tuvo en cuenta “los antecedentes policiales por meras detenciones efectuadas por las Fuerzas de Seguridad cuando de cuestiones de Derecho comunitario se trata, sin que se les pueda dar la consideración de antecedentes penales dado que si así se hiciera, se infringiría la presunción de inocencia pues se le darían los efectos propios de una condena penal a lo que son meras intervenciones administrativas”.

Determinación de la aplicabilidad o no del art. 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero , a la reagrupación de familiares no comunitarios de ciudadanos españoles

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Quinta, de 18 de julio de 2017 estima el recurso de casación del Abogado del Estado contra la Sentencia de 4 de octubre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cuyo objeto era comprobar la correcta aplicación de la causa de denegación de la tarjeta de familiar de ciudadano de la UE conforme al art. 7 RD 240/07. El TSJ  había considerado incluidos en dicho Real Decreto, a los familiares de un ciudadano español residente en España, con cita de la STUE de 8 de diciembre de 2015, C-202/13 , McCarthy. Según el TSJ si el titular de ese derecho originario es nacional de otro Estado de la Unión que ejerce su libertad de circulación y residencia (beneficiario de la a Directiva 2004/38/UE conforme a su art. 3.1), deben concurrir en éste los requisitos que se contemplan en su art. 7 (traspuesto en el art. 7 del RD 240/07 ), pero, si es nacional del Estado en que reside (español en España), no se exigen -ni pueden exigirse-tales requisitos para residir en su propio país. Sin embargo el TS entiende que “dados los términos en los que ha quedado redactado el art. 2 (y anulada la Adicional Vigésima del Reglamento de Extranjería ), el Real Decreto 240/07 -con independencia y al margen de la Directiva-, en cuanto disposición de Derecho interno, es también aplicable a la reagrupación de familiares extranjeros (cualquiera que sea su nacionalidad) de españoles, hayan -o no- hecho uso de su derecho a la libre circulación y residencia por el Espacio Común Europeo, y, concretamente, su art. 7. Al español, es cierto, no se le podrá limitar -salvo en los casos legalmente previstos- su derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio español ( art. 19 CE ), pero esto no obsta para que cuando pretenda reagrupar a familiares extranjeros quede sometido a requisitos o condiciones, en este caso, los mismos que al resto de los ciudadanos europeos. Los presupuestos, pues, de los que deriva el derecho de residencia del familiar extranjero del español residente en España son la nacionalidad española del reagrupante y concurrencia de alguno de los requisitos previstos en el art. 7, y, una vez surgido ese derecho, se aplicará el art. 8, de naturaleza meramente procedimental. Por último, las limitaciones a la reagrupación familiar de extranjeros por españoles residentes en España (como las impuestas en la legislación de Extranjería a la reagrupación de familiares por extranjeros residentes legalmente en España) no afectan negativamente al derecho fundamental a la intimidad familiar, reconocido en el art. 18.1º CE” ,

Expulsión de de un ciudadano de la Unión que reside en el Estado miembro de acogida en el que cumple una pena de prisión por delitos de abusos sexuales sobre menores

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E es un nacional italiano que el 14 de abril de 2003 fue registrado como ciudadano de la Unión residente en España. El 13 de noviembre de 2013, la Subdelegación del Gobierno en Álava adoptó, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, letra c), del Real Decreto 240/2007, una resolución de expulsión de E del territorio del Reino de España por razones de seguridad pública, con prohibición de entrada durante diez años, debido a que E había sido condenado mediante tres sentencias firmes a doce años de prisión por reiterados delitos de abusos sexuales sobre menores, pena que cumplía en un centro penitenciario. E recurrió dicha resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Vitoria-Gasteiz. Mediante sentencia de 12 de septiembre de 2014, dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso, ya que consideró que la resolución de expulsión se hallaba debidamente motivada, habida cuenta, en particular, del informe psicológico establecido por el centro penitenciario y de la situación familiar y económica del interesado en el Estado miembro de acogida. Así las cosas E interpuso un recurso de apelación contra la anterior sentencia ante el tribunal remitente alegando alegó que se encontraba encarcelado desde hacía seis años cumpliendo las penas que se le habían impuesto por delitos de abusos sexuales sobre menores. Según él, ese hecho impide considerar que, en el momento en que se adoptó la resolución de expulsión, representara una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad. En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia aue se dilucide si el artículo 27, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una persona se halle encarcelada en el momento de la adopción de una resolución de expulsión, sin perspectiva de liberación en un futuro próximo, excluye que su conducta constituya, en su caso, una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad del Estado miembro de acogida. La respuesta vino a través de la Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 13 de julio de 2017, asunto C-193/16: E, según la cual no puede considerarse que el hecho de que el interesado se halle encarcelado en el momento de la adopción de una resolución de expulsión, sin perspectiva de liberación antes de varios años, tenga relación con la conducta personal de aquél. Para el Tribunal de Justicia el art. 33, apartado 1, de la Directiva 2004/38 contempla la posibilidad de que el Estado miembro de acogida emita una orden de expulsión, cuando ésta cumpla los requisitos, en particular, del artículo 27 de esta Directiva, como medida accesoria a una pena de privación de libertad. Por lo tanto, el legislador de la Unión ha previsto expresamente que los Estados miembros puedan adoptar una orden de expulsión contra una persona condenada a una pena privativa de libertad si se acredita que la conducta de ésta constituye una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad de dichos Estados miembros. Por consiguiente responde que el art. 27, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una persona se halle encarcelada en el momento de la adopción de una resolución de expulsión, sin perspectiva de liberación en un futuro próximo, no excluye que su conducta constituya, en su caso, una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad del Estado miembro de acogida.

Denegación de la residencia que puede obligar al menor a abandonar el territorio del Estado miembro, o incluso el territorio de la Unión

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 10 de mayo de 2017 (C-133/15: Chavez-Vilchez y otros), declara que un nacional de un país que no es miembro de la UE puede, en su condición de progenitor de un hijo menor de edad que posee la ciudadanía europea, invocar un derecho de residencia derivado en la Unión. La circunstancia de que el otro progenitor, ciudadano de la Unión, pueda asumir por sí solo el cuidado diario y efectivo del menor constituye un elemento pertinente, pero no basta por sí misma para denegar un permiso de residencia. Para ello es necesario poder determinar que entre el menor y el progenitor nacional de un país que no es miembro de la UE no existe una relación de dependencia tal que una decisión que deniegue el derecho de residencia a este último obligaría al menor a abandonar el territorio de la Unión.

Dos iniciativas ciudadanas europeas sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión tras la retirada del Reino Unido y rechazo de otra dirigida a impedir dicha retirada

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La Comisión Europea ha registrado el 22 de marzo de 2017 dos iniciativas ciudadanas europeas relativas a los derechos de los ciudadanos de la Unión en el contexto de la retirada de un Estado miembro de la UE y ha rechazado una tercera propuesta llamada “Impedir la retirada del Reino Unido de la Unión”. La primera pide a la Comisión que separe la ciudadanía de la Unión de la nacionalidad de los Estados miembros a la luz de la retirada del Reino Unido. La primera pide a la Comisión que separe la ciudadanía de la Unión de la nacionalidad de los Estados miembros a la luz de la retirada del Reino Unido (“Ciudadanía de la UE para los europeos: Unidos en la diversidad, a pesar del ius soli y el ius sanguinis) y la segunda le pide que preserve el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en la Unión Europea (en lo sucesivo, “Mantenimiento de la ciudadanía europea”). Ambas iniciativas europeas instan a la Comisión a preservar el estatuto jurídico y los derechos de la ciudadanía de la UE en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La Comisión concede una gran importancia a la cuestión subyacente de proporcionar certidumbre y seguridad a los cuatro millones de ciudadanos de la UE (3,2 millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido y 1,2 millones de ciudadanos del Reino Unido en la UE) que no están seguros de su futuro como consecuencia de la decisión del Reino Unido de abandonar la UE.

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