Un Secretario Arbitral no es un Árbitro, por tanto, cada uno tiene su función y son funciones diferentes, con cometidos diferentes (STSJ Canarias CP 1ª 8 abril 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 8 de abril de 2020 desestima una demanda de anulación de laudo arbitral en arbitraje administrado por la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo (Anjar), con las siguientes consideraciones legales:

«(…) hay que manifestar que la interpretación flexible (no formalista) en la materia, es la que prevalece en la doctrina. En ella se sostiene que «basta que el convenio arbitral contenga por escrito y claramente el consentimiento de las partes de someterse a las decisiones de los árbitros» para que se reconozca la existencia en el contrato el compromiso arbitral. Éste debe contener el consentimiento, plasmado en las declaraciones de voluntad concordes de las partes, y es ésta la interpretación que más se ajusta al espíritu de la Ley respecto a la simplificación de formas y facilitación del arbitraje, en sintonía con su función y respeto al principio de la autonomía privada ( art. 1255 Cc: ‘Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público’. ), toda vez que en esta materia rige la doctrina jurisprudencial de la seguridad en las relaciones contractuales, las del tráfico jurídico, la prohibición de ir en contra de los actos propios, y las normas de la buena fe del art. 7 del Código Civil: «Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe». Sentado lo anterior, debemos afirmar que ciertamente existe la voluntad de compromiso arbitral entre ambas partes, según se desprende de la cláusula 12 del contrato de arrendamiento y de su Anexo. Esta estipulación doceava del contrato sobre el que se sustenta el acuerdo del arbitraje dispone claramente: «Las partes firmantes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación de la ejecución o interpretación del presente Contrato o relacionado con él directa o indirectamente, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de la Corte de Arbitraje de S/C de Tenerife, comprometiéndose expresamente a cumplir el laudo arbitral que se dicte». Por su parte, el Anexo al Contrato de Arrendamiento de fecha 2 de noviembre de 2017, recoge textualmente la misma cláusula número doce con exacto contenido. Pero es más, el citado consentimiento se hace extensible a que el arbitraje se lleve a cabo por medio de un árbitro, sin nominar a ninguno en especial, y bajo un Reglamento Arbitral. Sin embargo, surgidas las discrepancias y, por tanto, utilizando para resolverlas la citada clausula de Convenio Arbitral, entiende la parte hoy actora que nada sirve y nada vale para que dicha controversia sea resuelta según acuerdo arbitral y no judicial, afirmando que entiende que no es competente el arbitro que dictó el Laudo de fecha 5 de junio de 2019. Sin embargo, no es posible que, después de firmado el acuerdo de voluntades y surgido el desacuerdo, intente ir contra sus propios actos, alegando que el árbitro no es competente y que el Reglamento carece de validez. Es obvio que en este caso, al menos en cuanto a las infracciones que ahora se alegan, es de aplicación del concepto del consentimiento tácito, pero no por mera inactivada de la parte, sino por su propia actuación reveladora del consentimiento, ( STS 5 de julio de 2011 ), consideramos, por tanto, que de la documentación, y lo alegado se pone de relieve la existencia de actos propios de voluntad de someter la controversia a través de un convenio arbitral, y que puede cabalmente afirmarse que entre las partes medió la voluntad de someter sus disputas a arbitraje (…)»

«(…) Por todo cuanto antecede, ha de estimarse la existencia y validez de la cláusula compromisoria contenida en la Condición 12 del Contrato d Arrendamiento suscrito por los litigantes el día 20 de Febrero de 2017, y de su Anexo, de fecha 2 de noviembre de 2017.Consecuentemente, y tal y como dispone el Artículo 13.1 del Reglamento Procesal de Arbitraje de esta Institución «Quedará legitimada la Corte para conocer y administrar un determinado procedimiento de arbitraje cuando se acredite la existencia de Convenio Arbitral, adoptado por cualquiera de las formas reconocidas en el Artículo 9 de la Ley 60/2003, que contengan una sumisión expresa a sus Tribunales»; y ello en congruencia con el Artículo 14 de la Ley de Arbitraje, según el cual ‘1.Las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a: (.) b)Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales. 2. Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos>> precisando el Artículo 4 del mismo cuerpo legal que <<Cuando una disposición de esta Ley: b)se refiera al convenio arbitral o a cualquier acuerdo entre las partes se entenderá que integran su contenido las disposiciones del reglamento de arbitraje al que las partes se hayan sometido’; e indica tal reglamento que ‘A tales efectos se entenderá por sumisión al Tribunal el compromiso de las partes a aceptar: a) La designación de árbitro o árbitros realizada por el Tribunal Decano. b) La determinación del lugar e idioma del arbitraje. c) La sustanciación del procedimiento arbitral de conformidad con las normas procesales contenidas en este Reglamento. d)El acatamiento a lo dispuesto en el Laudo final o, si existieran, por los laudos parciales’ (Art. 14) (…) Consecuencia de la cláusula contractual citada es la existencia del acuerdo de las partes para someter a arbitraje cualquier cuestión que se suscite en la interpretación o con respecto al cumplimiento del contrato, y de su Anexo, como es la que ha sido objeto del Arbitraje discutido. Es decir, se acuerda, sin asomo de duda alguna, la voluntad de las partes de someter a arbitraje las discrepancias o controversias que pudieran surgir a raíz del citado acuerdo de voluntades. Ello a través de un arbitro y mediante un reglamento arbitral y, descartando en el citado acuerdo de voluntades, la vía judicial para la resolución de sus conflictos. Tampoco le presenta duda alguna a esta Sala que el arbitraje se acordó para ser llevado a cabo por un solo árbitro, que puede ser una persona física o una institución, pues nada señala la parte al respecto. Solo y únicamente señala que la normativa a aplicar para la resolución de la contienda tiene que estar basada en el Reglamento de la Corte de Arbitraje de Santa Cruz de Tenerife…».

«(…) la parte solicita la anulación del Laudo debido a que, a su entender, la composición del Tribunal Arbitral es contraria a lo prevenido en el art. 12 de la Ley de Arbitraje, en relación con el art. 41.1, apartados d) y f). Sostiene la el demandante incidental que los árbitros, según la Ley, han de constituirse en número impar y, en este caso, han sido dos los árbitros que han resuelto la controversia. Tal afirmación la fundamenta en que en este arbitraje ha intervenido doña Frida , Secretaria Arbitral, y es en base a tal intervención por lo que entiende que son dos los árbitros que han resuelto la disputa (…). Resulta obvio que un Secretario Arbitral no es un Árbitro, como tampoco un Letrado de Administración de Justicia, por mas que en una sentencia sea citado, no es Juez o Magistrado y, por tanto, no dicta Sentencia. Cada uno tiene su función y son funciones diferentes, con cometidos diferentes, tal y como queda expuesto en el artículo citado. Y, resulta acreditado, no sólo porque el demandante así lo afirma en este apartado de su demanda, sino que también de la propia documentación aportada a las actuaciones a instancia de este Tribunal consistente en el Expediente de Laudo Arbitral remitido por la Corte, que doña Frida es la Secretaria del Tribunal Arbitral, con una labor en la que no se encuentra la de enjuiciar, como también contempla el mencionado artículo. Ello lleva a este Tribunal a rechazar la argumentación expuesta por la parte demandante. El Laudo ha sido dictado por un único árbitro. Doña Frida ha formado parte del Tribunal en su condición de Secretaria, es decir, de tramitación del procedimiento arbitral. Consecuencia de ello, es la desestimación del motivo alegado

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