Confirmada una declinatoria arbitral, pues la entidad actora no tiene la condición de consumidor, en el sentido del art. 8.2º de la LCGC (AAP Valencia 19 mayo 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, de 19 de mayo de 2020 confirma una decisión del Juzgado que estimó la declinatoria planteada que declaro la falta de jurisdicción de este juzgado para conocer de la acción entablada por haberse sometido el asunto a arbitraje. Entre otras cosas, la Audiencia afirma que:

«(…) En fecha 3 de septiembre de 2019 se dicto el Auto que es objeto de recurso que tras analizar la clausula debatida y la legislación aplicable al caso, concluye en el sentido de estimar la declinatoria planteada y declara la falta de jurisdicción de este Juzgado para conocer de la acción entablada por haberse sometido el asunto a arbitraje. Los argumentos de la resolución apelada son en síntesis los siguientes: A) la entidad actora no tiene la condición de consumidor, no le puede ser de aplicación la remisión que hace el art. 8.2 de la LCGC a la normativa de consumidores, que califica abusiva una cláusula de este tipo en su artículo 90.1. B) el art. 9.2º LA establece que «si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato». C) considerando que la cláusula debatida, debe ser considerada condición general de la contratación, le es de aplicación el control de incorporación y contenido, no de transparencia ( STS de 10/01/2018). La Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación. El art. 5.5 de la LCGC establece que «la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez». El apartado a) del art. 7 de la citada norma refiere que «no quedaran incorporadas al contrato las condiciones que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o no hayan sido firmadas; así como las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. (art. 7 apartado b). D) concluye la resolución apelada en el sentido de que de la lectura de dicha cláusula se aprecia que la misma es legible, comprensible gramaticalmente, y no se acredita que la prestataria no conociese la existencia y claridad de la misma, pues la misma demandante aporta los contratos suscritos por su representante legal. La cláusula hace referencia a la sumisión a arbitraje «para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada de este Contrato». Ha de suponerse que el administrador de una empresa que debe observar la diligencia del ordenado empresario (normativa del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades de capital) dentro del cual al menos debe entenderse incluido que haya leído el contrato que suscribe para la misma. Y ello con independencia de lo que se resuelva sobre la validez o nulidad de dicha clausula en los términos que se solicitan en la demanda, limitándose la resolución a realizar un análisis en cuanto a su incorporación al contrato. Además no podemos olvidar que el pronunciamiento de los árbitros sobre su propia competencia no escapa sin embargo al control jurisdiccional, pues la decisión que los árbitros adopten estará en todo caso sujeta a revisión judicial mediante el mecanismo previsto para la acción de anulación del laudo (art. 41 LA). Partiendo de cuanto antecede, la Sala considera el recurso de Apelación formulado, improsperable, y da por reproducidos los acertados fundamentos jurídicos contenidos en la resolución impugnada…»

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