Cualquier intento de convertir el elenco de supuestos fijados en el art. 41.1º LA en vía adecuada para eliminar supuestas injusticias formales o de fondo contenidas en el laudo dictado está llamado al fracaso (STSJ Canarias 25 marzo 2020)

La Sentencia del Tribunal de Justicia Canarias, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 25 de marzo de 2020 desestima en su integridad la demanda de anulación contra un laudo arbitral con los siguientes argumentos, tras un exordio sobre la acción de anulación:

«(…) Antes de entrar en el examen de los motivos concretos de anulación del Laudo, es preciso reseñar que aunque la intervención jurisdiccional una vez dictado el Laudo sea fundamental para garantizar la seguridad del mismo, la acción de anulación del Laudo es una figura sui generis, distinta de las impugnaciones por medio de los recursos ordinarios, cuya finalidad es sólo la de comprobar si los árbitros se han sometido a lo convenido por las partes, pero sin entrar en la mayor o menor fundamentación del mismo. La acción de 2 anulación, por tanto, no es una segunda instancia en la que se puedan analizar todas las cuestiones, es sólo un instrumento fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales que no permite entrar a conocer del fondo del asunto resuelto por los árbitros. De lo que se trata en el fondo es de impedir que los jueces conozcan de lo que ya ha sido objeto de decisión por los árbitros, cayendo de esta forma en lo que desde el primer instante se ha querido evitar, esto es, la intervención jurisdiccional y consiguiente aplicación del esquema o patrón propio de la Justicia estatal. El título VII de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, con su posterior modificación, regula la acción que las partes tienen a su disposición para garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la Ley. Ahora bien dicha acción, expresamente prevista en el art. 40 de la citada Ley, no supone un ilimitado mecanismo de control del Laudo por parte de los Tribunales, sino que la acción de anulación, tal y como resulta de la remisión que efectúa el citado precepto, habrá de fundarse en la alegación y prueba de unos determinados motivos dentro del procedimiento legalmente establecido. La Ley no ha establecido, por tanto, un recurso de apelación contra el Laudo arbitral, esto es, un recurso que permita la nueva y plena valoración de los hechos y la íntegra revisión del Derecho aplicable, sino que, en definitiva, lo que ha establecido son unos topes máximos a la función de control y, en su caso de anulación que otorga a los tribunales. Topes máximos por cuanto la invocación y desarrollo del control judicial no pueden sobrepasar el ámbito de los concretos y tasados motivos de anulación que se establecen en el art. 41 LA. El control jurisdiccional, pues, queda circunscrito a la observancia de las formalidades o principios esenciales establecidos por la ley en cuanto al convenio arbitral, el procedimiento y el Laudo, y a la preservación del orden público, como queda recogido en los tasados motivos de nulidad que enumera el art. 41.1º de la Ley, cuya interpretación ha de ser, además, estricta, excluyendo de su ámbito cualquier otro que no se incardine en el mismo».

«(…) Esta Sala no puede compartir la argumentación efectuada por la representación letrada de la demandante incidental, puesto que en el caso examinado consta que la parte actora sí pudo obtener el preciso conocimiento de las actuaciones arbitrales, toda vez que en dos ocasiones y a través del servicio de Correos fue entregado en el domicilio de la Comunidad, (…), aviso del burofax enviado por la Corte de Arbitraje por el que se remitía a la demandada la demanda arbitral, su documentación y la citación para la vista, tal y como consta a los folios 102 y 102 vuelto de las presentes actuaciones, y así fue puesto de manifiesto en los Antecedentes de Hecho Cuarto y Quinto del Laudo arbitral, y, sin embargo, se abstuvo de ir a recogerlo. Curiosamente, y remitida a la misma dirección, sí que fue recogida por la Comunidad demandada la copia de la diligencia de notificación del Laudo arbitral, de fecha 29 de julio de 2019, remitida `por la Corte Arbitral al mismo domicilio al que se había enviado por Correos el aviso para la recogida y recepción del burofax conteniendo la demanda arbitral y documentación adjunta a la misma, y también al mismo domicilio fue remitido y recogido el burofax en el que la aquí demandada comunicaba a la Comunidad de Propietarios la rescisión del contrato, en fecha 6 de febrero de 2019. El mero error mecanográfico que, en cuanto al número correspondiente al edificio donde radica la Comunidad demandada, se consigna en la demanda y en las facturas reclamadas, no priva de virtualidad alguna a la realidad constatada de que la comunicación de la notificación de la demanda y de sus documentos se llevó a efecto en la dirección correcta. Consecuencia de lo anteriormente expuesto es que la parte demandante incidental, pudo haber sido conocedora, si así lo hubiera querido, del procedimiento arbitral pues fue debidamente notificada y no compareció. Fue la mera voluntad de la parte demandada en el arbitraje y no un defecto del procedimiento arbitral, el que dicha representación no quisiera recoger la documentación que se le había remitido a través del servicio de Correos y el no defenderse frente a la reclamación efectuada de contrario…».

«(…) Lo recogido en el Laudo y antes trascrito no supone extralimitación alguna respecto a lo que constituía el petitum de la demanda arbitral, lo que sería causa de nulidad del art. 41.1º.c)  LA, dado que es a aquel petitum al que se limita exclusivamente el Fallo del Laudo, con independencia de que el árbitro pueda hacer constar en los fundamentos jurídicos de su resolución cuantos antecedentes considere oportunos en justificación de su decisión. El Fallo del Laudo se ajusta, por tanto, a la reclamación que se hace en la demanda, y por ello no concurre el vicio de nulidad que se alega».

«(…) En relación al motivo de nulidad por contravención por el Laudo del orden público, es sobradamente sabido que el objeto de la acción de anulación de un laudo no es la controversia suscitada entre las partes, sino una revisión por motivos tasados de la validez del mismo más allá de la cual, por la vía de la revisión judicial de fondo, quedaría desnaturalizada la institución del arbitraje. Entre esos motivos tasados de anulación, el legislador ha incluido la infracción del orden público. Es éste un concepto jurídico indeterminado cuya precisa determinación ha sido realizada jurisprudencialmente, tras definirlo (por todas, en la STC 54/1989 ) como «aquel conjunto de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico» y, por ende, a los efectos previstos en el art. 41.1, apartado f) de la Ley de Arbitraje, debe considerarse contrario al orden público aquel laudo que vulnere los derechos y libertadas fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad en el art. 21 CE, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3º CE (…). Lo que no puede perderse de vista en ningún momento es que, la acción de anulación del laudo no es un medio de impugnación en sentido estricto que tienda a corregir los errores –in procedendo o in iudicando– en que hubieran podido incurrir los árbitros. En absoluto. El arbitraje como instrumento de resolución de conflictos se diseña con una estructura procedimental de instancia única. De ahí que se otorgue firmeza al laudo y se impida encuadrar la pretensión de anulación en una situación de litispendencia, desde luego inexistente. Y puesto que la acción que se analiza da paso a un proceso nuevo, técnicamente no puede confundirse ni con los recursos extraordinarios, ni mucho menos con los de índole ordinaria, cuyo planteamiento permite la introducción de un segundo grado para revisar, desde una perspectiva fáctica y jurídica, el fondo del asunto o, en su caso, para proceder a un novum iudicium de la cuestión litigiosa. Excluyéndose como se excluye del ámbito de enjuiciamiento de la acción de anulación la valoración del acierto o desacierto de la decisión arbitral, cualquier intento de convertir el elenco de supuestos fijados en el art. 41.1º de la Ley de Arbitraje en vía adecuada para eliminar supuestas injusticias formales o de fondo contenidas en el laudo dictado está llamado al fracaso».

 

Deja un comentario