No es relevante que el contrato no se documentara por escrito, pues el transportista no se opuso, por cualquier medio y en el momento legalmente oportuno a someter la controversia a arbitraje (AAP Barcelona 27 abril 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de 27 de abril de 2020 confirma una decisión del Juzgado que admitió una declinatoria arbitral con el siguiente razonamiento:

«(…) El art. 38.1º de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en el que se sustenta la estimación de la declinatoria de jurisdicción, dispone  lo siguiente: ‘…’.. La redacción del precepto se introduce con la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de noviembre de 1995, que declaró inconstitucional el art. 38.2º LOTT por ser contrario a los arts. 24.1º y 117.3º de la Constitución, en la medida que prescindía de la voluntad de una de las partes para el sometimiento de la controversia a arbitraje. El precepto, tras la modificación de 1996, excluye el consentimiento del contrario para ejercer la reclamación ante un órgano judicial, que se sustituye por una presunción legal de acuerdo entre las partes para someter la controversia a la Junta Arbitral de Transporte en reclamaciones de pequeña cuantía (que no excedan de 15.000 euros) y siempre que ninguna de las partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra, manifestación que en todo caso deberá emitirse antes de que se inicie o debiera haberse iniciado el transporte o la actividad contratada (…). En este caso, la cuantía (1729,48 euros) no supera el mínimo legal y no es discutido que la demandante no manifestó, antes de prestar los servicios contratados, su voluntad contraria a someter la controversia a arbitraje, por lo que debemos confirmar el criterio seguido por la resolución apelada. No es relevante, a estos efectos, que el contrato no se documentara por escrito. Basta con constatar que el transportista no se opuso, por cualquier medio y en el momento legalmente oportuno (con anterioridad a iniciar el transporte), a someter cualquier controversia relacionada con el transporte a arbitraje. La atribución por el art. 86 ter a la jurisdicción mercantil de las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes sirve para dirimir los conflictos entre Juzgados del mismo orden jurisdicción (Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de lo Mercantil). Lógicamente no otorga ninguna preferencia frente a aquellas controversias de las que deban conocer los órganos arbitrales, como es el caso».

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