El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación tras un exhaustivo estudio del fondo del asunto (STS Madrid 4 febrero 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera de 4 de febrero de 2020 desestima una acción de anulación contra un laudo  dictado por un árbitro único designado de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La acción de anulación se ejercitó con apoyo en ap. f) del art. 41.1º. El TSJ, tras realizar una serie de consideraciones en torno al orden público como causal de anulación, soluciona el supuesto en los siguientes términos:

«(…) El motivo de oposición fundamental o principal, que esgrime la mercantil MFR, S.L., para oponerse al pago reclamado y que ahora fundamenta uno de los argumentos para considerar que el Laudo emitido es contrario al orden público, por contravenir la Ley, en referencia al ámbito del suministro de energía eléctrica, a la par que imputar al citado laudo que incurre en incongruencia omisiva, al no dar respuesta a las cuestiones que sobre ello, formuló la demandada, como decíamos, solo tiene una aparente virtualidad y un único y fútil fin, desenfocar, como decíamos la cuestión litigiosa. Y ello por la simple razón de que no estamos ante un problema de facturación de un servicio de suministro eléctrico, por parte de una operadora reconocida en el mercado correspondiente. En relación a esto, sí podemos dar la razón a la parte impugnante, lo que nadie discute, es que la mercantil «RMD, S.A.», efectivamente no es una empresa del Sector Eléctrico, ni ha suministrado a la mercantil actora dicho suministro. La cuestión y en esto radica el desenfoque que plantea la parte impugnante, es que la reclamación de cantidad que se le formula, no lo es por la prestación, por parte de la mercantil ahora demandada, de un servicio de suministro eléctrico, que efectivamente se ha realizado por una empresa homologada del Sector Eléctrico, sino el simple reembolso parcial, en la parte que corresponde a la mercantil «MFR, S.L.», de la cantidad pagada previamente por «RMD, S.A.», por el servicio eléctrico disfrutado por aquélla. El título por el que reclama, no es una factura por la prestación del servicio eléctrico disfrutado, sino por el dinero abonado previamente, en beneficio, repetimos, de la ahora demandante y trae causa, como igualmente señalábamos en, en el contrato de arrendamiento de industria, de fecha 20 de diciembre de 2007, y en particular de lo que establece la estipulación séptima, puesta en relación con la decimoquinta, párrafo primero y apartado 1º a). Así lo resuelve y motiva el Laudo Arbitral, por lo que ni incurre en arbitrariedad, ya que se basa en las alegaciones de las partes y documentos aportados por las misma, ni incurre en incongruencia omisiva, puesto que desestima el inconsistente argumento de encontrarnos ante una factura emitida por la prestación de un servicio de energía eléctrica, ni, tampoco, la respuesta que da supone vulneración de norma legal alguna. En consecuencia, procede desestimar el primer apartado (A) de la impugnación formulado, al amparo del art. 41.1 f) LA.”

“(…) Como segundo apartado (B) de la impugnación, la parte considera la respuesta del árbitro al tema del dies a quo incomprensible, desenfocada e incongruente. La cuestión tiene que ver con la determinación de la facturación por el consumo eléctrico y con la cláusula decimoquinta 1º a) del contrato suscrito por las partes. Dicha cláusula establece: ‘a) Se posibilitará la colocación de un contador de energía eléctrica en la divisoria de las dos parcelas, con el fin de contabilizar el consumo de MFR, que se facturará desde la empresa arrendadora a la parte arrendataria’. Dicha cláusula, por otra parte, señala la parte impugnante, solo ampararía la reclamación del consumo eléctrico, pero no de otros conceptos, tales como ‘potencia contratada’, ‘exceso de potencia consumida’ o ‘impuesto eléctrico’. La parte impugnante mantiene que el dies a quo, ‘en su caso, para la facturación coincide con la propia instalación del contador eléctrico’ que fija el 1 de diciembre de 2017. El Laudo Arbitral examina dichos motivos de oposición a los que da respuesta. Por lo que respecta al dies a quo, analiza la conducta de la parte demandada (MRF), a la vista de la documentación aportada, que califica como no facilitadora de la conducta de RMD tendente a la efectividad de la instalación del contador homologado, haciendo referencia a que hubo que solicitar del JPI nº 101 de Madrid, en ejecución del anterior laudo, de fecha 16 de junio de 2016, dictado en relación a las mismas partes, para que MFR permitiera el paso a su parcela para realizar la instalación del contador. Hubieron de dictarse posteriores resoluciones judiciales, también, para hacer posible la instalación del contador. Concluye el laudo Arbitral que «retrasar el período de consumo repercutible al 1º de Diciembre de 2017 hubiera significado exonerar a MRF el importe de la electricidad consumida desde Junio de 2016, no obstante el aprovechamiento de la misma efectivamente producido.» La respuesta dada responde a las pretensiones de las partes, está basada en la documentación aportada al procedimiento arbitral y no es absurda, por lo que, incluso, con independencia de su acierto, en el que no procede entrar la Sala, debe mantenerse. Es más, dado que el arbitraje es de derecho, se sitúa en la más respetuosa aplicación de una interpretación cabal del contrato suscrito y en la interdicción del enriquecimiento injusto o sin causa. Igualmente, el Laudo Arbitral da respuesta a las referencias a otros conceptos rechazados por la parte impugnante, y de los que anteriormente nos hemos hecho eco. La respuesta es igualmente correcta e inatacable, desde el momento en que, ‘por elemental lógica’, como señala el árbitro, sería imposible ‘excluir su apreciación si lo que quiere calcularse es el ‘costo’ del consumo y no únicamente el consumo producido’. Por otra parte, para la inclusión de los mismos o su desecho, señala el Laudo, se ha tenido en cuenta los informes periciales aportados por la parte demandada. En conclusión, tampoco se alcanza a ver que la respuesta dada a estas cuestiones por el Laudo Arbitral incurra en infracción del orden público, en cualquiera de las facetas invocadas en la demanda”.

“(…) Impugna la parte el Laudo Arbitral en lo relativo al método de cuantificación del consumo eléctrico utilizado por la actora en sus facturas, que considera improcedente. Califica el modo de cuantificación de la parte demandante como arbitrario y carente de la mínima seguridad normativa y técnica. Considera que el argumento recogido por el Laudo para dar respuesta a la cuestión, es contrario a la prueba obrante en las actuaciones, señalando que, contrariamente a lo recogido en el Laudo Arbitral, sí existían otros elementos que, permiten contabilizar aquel supuesto consumo en forma muy distinta y más real a la producida en el laudo. Dichos otros elementos «destruyen» la razonabilidad de los argumentos empleados al tiempo del dictado del Laudo. Respecto de este tercer apartado de consideraciones, por los que la parte actora impugna el laudo Arbitral, hay que señalar que, las ciertamente estudiadas consideraciones que hace la parte, se articulan sobre la base de dos puntos sustanciales. Por una parte la improcedencia de la incorporación y valoración del informe pericial practicado en el anterior procedimiento arbitral y que dio lugar al Laudo de fecha 16 junio 2016 y como segundo punto, frente a lo anterior la preeminencia que da, lo que es comprensible, al informe pericial de esta parte. El Laudo que examinamos, señala, en este punto, que se ha de partir de la prueba practicada en el presente procedimiento y, en concreto del dictamen emitido por el Ingeniero D. Casiano, de julio de 2018, designado por insaculación por el árbitro. Expone en sus consideraciones, que como consecuencia de los avatares sufridos, incluida la disolución y liquidación de MFR, así como la retirada parcial de maquinaria existente en la empresa durante los inicios del presente año 2018, ‘la utilización por el mencionado perito de criterios utilizados en la prueba pericial practicada en el proceso arbitral 636/15-C para el cálculo, bien que con referencia a un anterior período, de importes relativos al consumo eléctrico por las mismas sociedades y con las mismas maquinarias utilizadas para el desempeño de sus respectivas actividades industriales, no puede calificarse de inadecuado, máxime cuando el informe pericial aportado por la demandada también lo hace cuando no tiene otros datos a su alcance (v.gr. en cuanto a la potencia instalada de 2.715,75 KW/h, que toma de la pericia practicada en el procedimiento 363/15-C por manifestar no disponer de los datos reales)». El Laudo valora (epígrafe 72) el informe pericial emitido por el perito insaculado y expone qué conclusiones alcanza, incluso aplicando lo más favorable para la demandada MFR. E incluso da respuesta a la objeción de ésta, en cuanto a la existencia de un contador homologado, en los siguientes términos: ‘Hay también, como dato a tener en cuenta, un examen del concurso ponderado y corregido en el mes de Diciembre de 2017, es decir, del mes siguiente a la finalización del período aquí contemplado, que ya fue tomado con contador homologado -el colocado a partir de 1º de Diciembre- y por tanto con certeza de real consumo y que arroja una facturación estimada mensual (2.757,51 €) superior incluso a la tenida en cuenta para el período en cuestión, que ascendería a 2.744,88 euros2’. Pues bien, partiendo que no corresponde a esta Sala, con ocasión del presente procedimiento, dado su objeto y alcance, realizar un reexamen de la prueba practicada y efectuar una valoración propia para enfrentarla a la realizada por el árbitro, sí lo es examinar si el proceso valorativo realizado por éste, es conforme a criterios de racionalidad, que el resultado valorativo y consiguiente conclusión es cohonestable con la prueba practicada, sin que esto signifique el acierto en dicha valoración, pero sí que se ha apoyado en la prueba practicada, exponiendo, de manera que pueda comprenderse dicha valoración y la lógica de la conclusión que alcanza; que no es extravagante, voluntarista o arbitraria y que la conclusión resolutoria que alcanza con base en la misma, es racional. Todo ello, sin olvidar que el procedimiento arbitral goza, en general, de una mayor flexibilidad procedimental frente a los procedimientos judiciales, y a ello no es ajeno la materia probatoria, tal como señala el art. 26.2º in fine de la ley 60/2003, de Arbitraje, al establecer que la potestad de dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado, comprende ‘la de decidir sobre la admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración’. Pues bien, una vez más, la Sala ha de concluir que, con independencia del mayor o menor acierto en la valoración de la prueba, en lo que no podemos pronunciarnos, dicha valoración no puede tacharse de arbitraria, ilógica, incomprensible o que no haya tenido en cuenta el acervo probatorio practicado o que sea contraria a principios esenciales del procedimiento arbitral, así como a los de general y obligada observancia, singularmente los que garantizan los derechos de las partes a un procedimiento justo, por lo que debe desestimarse que la misma infrinja el denunciado orden público, como motivo de nulidad. Procede, en consecuencia, desestimar la demanda formulada”.

 

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