No hay relación entre el acceso a fuentes de prueba y la acción de reclamación de daños para que pueda considerarse análoga a la protección interdictal y fundamentar la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles (AAP Valencia 4 diciembre 2019)

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena de 4 de diciembre de 2019 desestima un recurso de apelación contra una resolución del juzgado afirmando, entre otras cosas, que: «La primera alegación formulada por Daimler tiene por objeto cuestionar la la vulneración de las normas de competencia judicial internacional del Reglamento Bruselas I Bis para conocer de la «solicitud de medidas de aseguramiento anticipado de prueba» – según alega en su escrito – argumentando que el art. 7.2 no contempla el instrumento legal de acceso a fuentes de prueba. Como hemos apuntado anteriormente, la entidad recurrente afirma que, al no tratarse de medidas cautelares, tienen carácter autónomo de cualquier acción de fondo y, en consecuencia, los tribunales españoles carecerían de jurisdicción para demandar a su representada en España. No compartimos tal planteamiento. Y no lo hacemos por las siguientes razones: 1.- No estamos ante una solicitud de medidas de aseguramiento anticipado de prueba sino ante un instrumento nuevo y específico introducido en la LEC como consecuencia de la transposición de la Directiva 2014/104/ UE (Directiva de Daños), que ni son diligencias preliminares (256 y siguientes de la LEC) ni son medidas de anticipación (art. 293 y siguientes de la LEC) o de aseguramiento de prueba (arts. 297 y 298 LEC), ni medidas cautelares (721 y siguientes de la LEC). La solicitud de acceso a fuentes de prueba no es en sí misma una «acción» en el sentido que propone la impugnante en su escrito (cuando afirma ‘El Juzgado incurre en un error de base al equiparar una acción de compensación de daños y perjuicios, con una acción para la obtención anticipada de prueba…’) sino un mecanismo que se arbitra en favor del eventual perjudicado precisamente para que pueda preparar su acción (o en su caso, del infractor, para la defensa del passing on) por mor de la asimetría informativa derivada de la propia naturaleza de los ilícitos concurrenciales, a que se refiere la Directiva de Daños (cuyo art. 5 – relativo a la exhibición de pruebas – ha quedado transpuesto e incorporado a la LEC a través del Real Decreto ley 9/2017, de 26 de mayo).  La parte impugnante incurre en errores de concepto cuando pone al mismo nivel la acción y la solicitud de acceso a la información necesaria para prepararla, o trata como sinónimas instituciones procesales distintas. 2.- Sobre la competencia judicial internacional – en relación a la acción principal, y entendemos, extensible al instrumento vinculado a ella – ya hay pronunciamientos judiciales, como es el caso del Auto de la Audiencia Provincial de Lugo de 12 de noviembre de 2018. Además, conviene tener presente la pluralidad de resoluciones de la Sala Primera del Tribunal Supremo resolviendo sobre conflictos de competencia entre juzgados mercantiles, planteados como consecuencia de las numerosas acciones ejercitadas (algunos citados en el parágrafo 23 de la resolución apelada). En el Auto dictado por la Sala Primera el 22 de octubre de 2019, se dice: «…».

«No parece admisible reconocer la jurisdicción del tribunal español cuando la solicitud se articule con la demanda, y negar la misma cuando se promueva con anterioridad a ella con la finalidad de prepararla, máxime cuando el apartado 2 del precepto dice que ‘cuando las medidas se hubieran acordado antes de la incoación del proceso el solicitante habrá de presentar demanda en los veinte días siguientes a la terminación de su práctica’, con las consecuencias que la propia norma establece en caso de no hacerlo (nos remitimos al texto del precepto) (…). No compartimos la afirmación efectuada por el impugnante de que la relación entre el acceso a fuentes de prueba y la acción de reclamación de daños pueda considerarse análoga a la protección interdictal en materia posesoria, para fundamentar la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles con sustento en las resoluciones del TJUE. Tampoco que la atribución de competencia internacional pueda dilucidarse en función de que las ‘fuentes’ de prueba – eminentemente documentales – se encuentran en Alemania y los tribunales alemanes están mejor situados para proporcionar la tutela solicitada, si partimos del hecho notorio de la facilidad técnica que hoy en día permite la digitalización de documentos y la remisión de los mismos. Y que la finalidad de la norma es facilitar el ejercicio de estas acciones a los eventuales perjudicados por la infracción, lo que se compadece 6 mal con la remisión al fuero del domicilio del infractor para la obtención de la información necesaria para la preparación de una demanda para cuyo conocimiento tienen jurisdicción los tribunales españoles. 5.- Finalmente, y con respecto a la invocación de la Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 28 de abril de 2005 dictada en el asunto C-104/03 consideramos que no es aplicable porque se refiere – como apunta la propia impugnante – a un instrumento distinto al que ahora nos ocupa, como es el examen provisional de testigos para evitar que se pierda la prueba, lo que en nuestro ordenamiento se incardinaría en los arts.s 297 y 298 de la LEC como medida de aseguramiento de prueba. El acceso a las fuentes de prueba – siendo como es una institución procesal diferente – está más próximo a las diligencias preliminares que a la anticipación o aseguramiento de la prueba, lo que excluye la aplicación de la resolución invocada. Y no debe confundirse el acceso a las fuentes con los medios a proponer – con soporte en la información así obtenida – en el proceso principal al que se conecta. La Sentencia alegada por la parte impugnante dice algo distinto de lo afirmado por ésta, y en particular, que el artículo 24 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 ‘debe interpretarse en el sentido de que no está comprendida en el concepto de «medidas provisionales o cautelares’ una medida que ordena el examen de un testigo con el fin de permitir al solicitante evaluar la oportunidad de una acción eventual, determinar el fundamento de tal acción y apreciar la pertinencia de los motivos que pueden invocarse en ese contexto .»Y estamos de acuerdo, una medida de aseguramiento de prueba no es una medida cautelar en el sentido del art. 726 LEC. Tampoco el acceso a las fuentes de prueba se incardina en el aseguramiento de los medios de prueba. Consecuencia de cuanto acabamos de exponer es la desestimación del primero de los motivos de impugnación planteados por la representación de Daimler».

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