El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado un auto sobre el denominado ‘caso Defex’ donde señala que existen indicios para jugar a 27 personas investigadas y a las sociedades Defex, Comercial Cueto 92 SL y Global Reach S.A. en su condición de personas jurídicas. El magistrado les atribuye delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito de organización y grupo criminal, todo ello en relación con el presunto desvío y apropiación de fondos de la empresa pública Defex en contratos de suministro de material policial para Angola. En el auto en el que acuerda el pase de las diligencias al procedimiento abreviado y pone fin a la instrucción, de 275 páginas, el juez dirige el procedimiento contra exdirectivos de las empresas investigadas. De la Mata procede también contra la sociedad pública Defex y Comercial Cueto S.L. como responsables penales corporativos por su “absoluto descontrol en materia de organización y control societario económico financiero y jurídico y la inexistencia de los más elementales y básicos mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos”. La resolución da a partir de ahora un plazo de 20 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral presentado escrito de acusación, al tiempo que archiva el procedimiento para cinco investigados. Ratifica también la busca y captura e ingreso en prisión de Oliveira TP. En esta pieza se han investigado los contratos firmados por la UTE Cueto-Defex y el Comando general de Policía Nacional de Angola, firmado el 12 de junio de 2008, de suministro de equipamientos y material policial, por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (el 38,6 por ciento) y el beneficio obtenido de casi 94 millones (61,3 por ciento). Después de analizar toda la operativa relativa a este contrato el magistrado apunta que la distribución que hizo la UTE, de forma genérica, fue la siguiente: un 33 por ciento para la adquisición y suministro del material; un 33 por ciento de beneficios para las dos empresas que formaban la UTE y un 33 por ciento transferido para el supuesto pago de servicios locales de Angola, que no se llevaron a cabo y cuyos fondos se desviaron. El instructor afirma que los investigados destinaron a las empresas sólo una parte del beneficio y el resto se dedicó a pagar comisiones a autoridades y funcionarios público angoleños y al beneficio propio de varios de ellos mediante una estructura compleja de empresas pantalla.
