Reconocimiento y ejecución de una sentencia alemana de condena de cantidad (AAP Barcelona 6 mayo 2019)

Oberlandesgericht Düsseldorf

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 6 de mayo de 2019, confirma el reconocimiento y ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Düsseldorf (Alemania) frente a Justiniano, con domicilio en Barcelona, en reclamación de la cantidad de 690.426’34 euros, resultante de descontar pagos parciales efectuados frente a la deuda determinada en sentencia en la cantidad de 820.000 euros. La parte ejecutante se opone al recurso por entender que se hace una interpretación errónea e interesada del Derecho aplicable. Se alega en primer lugar una insuficiente revisión de oficio por parte del juzgador de instancia para despachar la ejecución y falta de aplicación de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. La Audiencia considera que “el motivo debe ser rechazado. La LCJI tiene una aplicación subsidiaria y solo resulta aplicable en defecto de norma europea o internacional en la materia o de norma especial del Derecho interno. Rige en este caso el Reglamento 44/2001 donde se dice, en su art. 38.1 que ‘1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en este último’. La competencia objetiva y territorial está perfectamente determinada conforme al art. 39 y conforme al Anexo II del Reglamento, que la atribuye a los juzgados de primera instancia, del lugar donde tenga el domicilio el ejecutado (…). Se alega también infracción del art. 525.2º LEC , que impide la ejecución provisional de las sentencias extranjeras no firmes, salvo que se disponga lo contrario en los Tratados internacionales vigentes en España. El recurrente afirma que esta es la norma a la que se remite el Reglamento 44/2011, en su art. 40, que no resulta de aplicación al referirse a las modalidades de presentación de la solicitud, ignorando además la prevalencia del Reglamento comunitario sobre la ley procesal española en esta materia. Por lo demás, la sentencia cuya ejecución se solicita expresamente afirma que es un título ejecutable, salvo que se hubiera presentado una fianza por el deudor del 120% de la condena, fianza que no consta que se haya constituido, hecho además que fácilmente podía acreditar el recurrente. El art. 38 del Reglamento no deja lugar a dudas al decir que ‘Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueron ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en este último’, por lo que en definitiva, por lo ya expuesto, procede la desestimación del presente recurso”.

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