Valoración de la extensión del convenio arbitral a un tercero que no lo ha suscrito, en el marco del execuátur de un laudo CCI (ATSJ País Vasco 7 noviembre 2018)

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El Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera,  de Bilbao, de 7 de noviembre de 2018 (Ponente: Nekane  Bolado Zarraga) desestima una demanda interpuesta por la representación de Bascotecnia S.A., Industrias Lagun Artea S.L. e Ingeteam Power Technology S.A. de denegación del reconocimiento del laudo parcial extranjero CCI, dictado en París (Francia), el 29 de septiembre de 2015. También desestima una demanda interpuesta por la misma entidad de denegación del reconocimiento del laudo parcial extranjero, dictado en París (Francia), el 13 de abril de 2017 y de su adenda de 9 de agosto de 2017. Las consideraciones legales de la presente decisión son de una extensión considerable. Merecen destacarse las siguientes: “si la Convención (de Nueva York de 1958) no impone el reconocimiento y prevé la posibilidad de denegarlo cuando se cumplan las causales de denegación, y, no prohíbe la solicitud de no reconocimiento del laudo extranjero, la pretensión de la parte actora sobre la base de su no consentimiento al arbitraje y la ausencia de voluntad a renunciar a la jurisdicción ordinaria, y, pese a ello, el sometimiento al mismo con los perjuicios que les han irrogado, pudiendo considerar como notorios, desde luego, los gastos legales y recursos humanos y económicos para defenderse, justifica, en este caso, su pretensión de denegación del reconocimiento del laudo francés, al poder verse conculcado el derecho de las actoras a la libertad fundamentada en la autonomía de la voluntad de las mismas (art. 10 CE), al verse sometidas a un arbitraje sin su consentimiento y sin su voluntad de renunciar a la jurisdicción ordinaria, anticipando con esta pretensión de denegación de reconocimiento, sobre la base de un interés sustancial, concreto y definido (interés legítimo), al ser indudable que la decisión del Tribunal arbitral les afecta de forma real y efectiva, anticipando, decíamos, la protección de este derecho constitucional (necesidad de tutela jurisdiccional), que de otra manera podría no quedar tutelado. En definitiva y, en el caso concreto analizado, la situación jurídica de gravamen en que se encuentran las demandantes (interés legítimo) es digna de protección y justifica la iniciativa de solicitar una protección anticipada de un derecho que se cree conculcado, mediante una formulación directa apoyándose en las causales de denegación, pues la postura de mera resistencia u oposición a la demanda de reconocimiento, no garantizaría la protección de unos intereses que, por ser legítimos, no estarían suficientemente tutelados si se hiciera depender su defensa, únicamente, de la conducta adoptada por la contraparte. Y a ello se llega sobre la base del CNY como norma general aplicable y rectora del exequátur de laudos extranjeros y no -como sostiene la parte demandante- de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. En efecto –dando debida contestación a las alegaciones de las partes–, dejábamos recogido que, el artículo 46 LA, reconocido como norma especial de aplicación preferente por la Disposición Primera de la LCJI, en su numeral 2 especifica la concreción del régimen jurídico para el reconocimiento y ejecución de los laudos foráneos en nuestro país, rigiéndose el exequátur de laudos extranjeros por el CNY y sustanciándose según las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia fuera invocada. En el caso español, la inexistencia de procedimiento específico en la LA para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales internacionales, conlleva su remisión al procedimiento establecido en el ordenamiento procesal civil, procedimiento que se encontraba regulado en los arts. 951 a 958 de la Ley procesal civil de 3 de febrero de 1881 relativos a la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros. Estos artículos han sido derogados por la Disposición Derogatoria Única de la LCJI, de conformidad con lo previsto en la Disposición Derogatoria Única (1, 3ª) de la LEC 1/2000, quedando el procedimiento por aquellos regulado (artículos 951 a 958) sustituido por el procedimiento judicial de exequátur regulado en el Capítulo IV del Título V, en los artículos 52 a 55 de la LCJI, y no de forma automática, ya que en materia de competencia funcional y de acumulación de la acción ejecutiva a la demanda de reconocimiento, habría de acudirse a otras disposiciones normativas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Arbitraje. Estas normas (artículos 52 a 55 LCJI) y no otras (artículos 42 y 46 LCJI), son las que en la actualidad sustancian el procedimiento judicial de exequátur y por tanto, el procedimiento para reconocer y ejecutar laudos extranjeros. Así las cosas, y, pese a coincidir con la parte demandada en lo tocante a la inaplicación del artículo 42 LCJI, procede -por lo precedentemente razonado– rechazar los motivos de oposición primero a tercero esgrimidos por la misma para solicitar la desestimación de la demanda relativa al Laudo No.2, así como los motivos de oposición primero y segundo en relación con la demanda de no reconocimiento del Laudo No.4 y su Adenda, y, sin perjuicio de que en esta materia- como en casi todas-sea recomendable huir de afirmaciones radicales, siempre que los jueces y tribunales comprendan las claves de la institución arbitral, como sucede con carácter general en España, la acción de no reconocimiento no parece que sea ningún obstáculo para el desarrollo de un eficaz sistema arbitral (…) “. “coincidimos con la parte hoy actora en que su presencia en el arbitraje instado por la hoy demandada y admitida por el Tribunal arbitral, puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva garantizada en el art. 24 CE, al haber impedido a las demandantes el acceso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de justicia que, cuando falta la voluntad concurrente de los litigantes, son los únicos que tienen encomendada constitucionalmente la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE); en definitiva, conforme al Tribunal Constitucional se puede quebrantar la esencia misma de la tutela judicial la no constancia de la renuncia de la parte a la jurisdicción. Pero, con ser cierta la producción de esa posible vulneración, resulta que, ni las exigencias formales impuestas al convenio arbitral, ni el principio de la interpretación estricta del convenio arbitral a que aludimos en párrafos precedentes, impiden en nuestro derecho -lo volvemos a consignar– una eventual extensión ratione personae de la cláusula arbitral a la sociedad que no la haya suscrito, lo que por otra parte no ha negado la actora, dejando claro que esta posibilidad de la ampliación subjetiva de la cláusula arbitral ha de ser la excepción, debiendo venir debidamente justificada en cada caso; porque la búsqueda de esa voluntad inequívoca (este término no lo ha incorporado la LA 2003, pero es exigida por la jurisprudencia nacional y europea) se impone como criterio a cuya luz aceptar la extensión de los efectos del convenio y así es entendido, también, por la jurisprudencia comparada. Por tanto, esta Sala de lo Civil coincide con la parte demandante en un extremo esencial, a saber, la renuncia a la jurisdicción ordinaria que la firma de un convenio arbitral -a la postre– es lo que supone, sí exige una prueba contundente de la constatación de una voluntad inequívoca como prueba de la aceptación, y que, si no concurre esa voluntad, puede quebrantarse la esencia misma de la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a todos” (…). “En la misma línea de pensamiento y como consecuencia de recibir los tribunales arbitrales su investidura de la voluntad de las partes, esta Sala de lo Civil –aparte de insistir en recoger la premisa básica incuestionable de que en nuestro ordenamiento jurídico es admitida la extensión de los efectos de una cláusula de sumisión a tribunales arbitrales a quien no la ha firmado–, ahora debe añadir que, también es axioma incontrovertido que la interpretación extensiva de la cláusula arbitral a terceros que no la han suscrito, ha de estar sólidamente sustentada, no sólo por esta exigencia de la voluntad de sumisión -emisión escrita o tácita, deducida de actos concluyentes– como fundamento de la existencia del convenio arbitral (artículos 9.1., 9.3. y 9.5. LA, y, artículo II.1. y II. 2., en relación con los artículos IV.1. b) y V.1. a), todos del CNY), sino porque el deducir ese conocimiento del compromiso arbitral y por tanto, la inferencia de esa voluntad, lleva aparejada una radical consecuencia jurídica, nada más y nada menos que la renuncia al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción que, como señala el Tribunal Constitucional (reciente STC 1/2018, de 11 de enero y STC 75/1996, de 30 de abril) es “la ” esencia misma”, el ” núcleo duro” -en locución del Tribunal Constitucional–, o “contenido esencial” -en expresión de la Constitución misma ( art. 53.1 CE )– del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ) (…)”. “Y, en el caso de existir un tercero, lo que no parece ofrecer duda alguna es la obligatoria puesta en marcha, siguiendo las exigencias del artículo II.3. CNY, del arbitraje pactado por las partes, siempre que lo inste una de éstas -en el caso examinado, lo instó la empresa argelina hoy demandada–. La vinculación del tercero al convenio arbitral no suscrito por él dependerá -como dice el Tribunal Supremo– de la amplitud del contenido de la cláusula arbitral y, fundamentalmente, de la existencia de un nexo suficiente que dependerá de la relación jurídica existente entre el tercero y la parte suscriptora del convenio arbitral – en el caso concreto, de las relaciones jurídicas entre las hoy demandantes y los firmantes del contrato principal, es decir, BASCOTECNIA STEEL/Demandada 1 en el arbitraje y la empresa argelina/ADO–. Por tanto, en nuestro ordenamiento se exige el requisito del consentimiento (artículo 9.1. LA), lo cual no excluye el consentimiento implícito inferido del comportamiento, pero inferir dicho consentimiento, cuando no ha sido expresado, debe encontrarse sólidamente sustentado debido a sus radicales consecuencias legales, como son, entre otras, la renuncia al derecho de acceder a la jurisdicción ordinaria, renuncia que inexcusablemente ha de estar basada en la voluntad, pues lo contrario implicaría una lesión directa al ejercicio de su derecho fundamental a recabar la tutela judicial efectiva ( artículo 24 CE), en tanto que se vería privado de recurrir a ella sin su consentimiento y por la decisión de otros, cuando no puede olvidarse que el ejercicio del derecho fundamental es personalísimo y nuestra ley de arbitraje -en consecuencia-exige que el convenio deberá expresar la voluntad de las partes de someterse a arbitraje”.

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