En el presente proceso se ejercitó la pretensión de reconocimiento de Exequatur del Laudo arbitral dictado por La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional presentado por las partes, para su homologación, escrito de transacción judicial, en los siguientes términos:
«Que, S.E., reconoce la validez y eficacia del Laudo cuyo reconocimiento integra el objeto de las presentes actuaciones, a la par que reconoce que el mismo es acorde a Derecho. En tal sentido y por dicha razón renuncia a cuantos derechos, acciones y/o pretensiones le pudieren corresponder al objeto de oponerse a la demanda rectora de las presentes actuaciones. Que, consecuentemente, S.E. reconoce deber a I. el importe total que en junto asciende a la suma de 260.000 €. Dicho importe comprende los siguientes conceptos y se desglosa en los importes que se detallan a continuación» (…).

A partir de esta situación el Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 16 de septiembre de 2021 (ponente Roberto Saiz Fernández ) declra que:

«(….) Dispone el art. 19.1º LEC, que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Añade el apartado siguiente que si las partes pretendieran, como en este caso, una transacción judicial y el acuerdo fuera conforme con lo anteriormente previsto, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin (…).  En el presente caso, de los elementos obrantes en los autos, no se desprende que el acuerdo adoptado por las partes esté prohibido por la ley, ni  desconozca ninguna de las limitaciones a las que hace referencia el precepto antes citado, por lo que procede la homologación de la transacción, declarando finalizado el proceso».