Auto de ejecución forzosa dictado en un Estado miembro y notificado en otro Estado miembro únicamente en la lengua del primer Estado miembro: Plazo de oposición (STJ 4ª 7 julio 2022)

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia,  Sala Cuarta, de 7 de julio de 2022 (as. C 7/21: LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG y CB, DF, GH) considera que el art. 8, ap. 1, del Reglamento n.º 1393/2007, en relación con el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa del Estado miembro de la autoridad que haya emitido un documento que deba notificarse o trasladarse, en virtud de la cual el inicio del cómputo del plazo de una semana, contemplado en el ap. 1 del art. 8, en el que el destinatario de tal documento podrá negarse a aceptarlo por alguno de los motivos previstos en dicha disposición, coincide con el inicio del cómputo del plazo para interponer un recurso contra el referido documento en ese Estado miembro.

La demandante en el litigio principal es una sociedad inscrita en el Registro Mercantil austriaco que opera en el sector del transporte internacional de mercancías. El 30 de octubre de 2019, el Okrajno sodišče v Ljubljani (Tribunal Regional de Liubliana, Eslovenia) notificó por correo postal a la parte demandante en el litigio principal un auto de ejecución forzosa, dictado a instancia de Transport Gaj d.o.o., por el que se ordenaba el embargo de 25 créditos de los que la demandante en el litigio principal era titular frente a diferentes sociedades eslovenas, que implicaban el cobro de un importe de 17 610 euros (en lo sucesivo, «auto controvertido»). Dicho auto fue dictado en rebeldía, sobre la base de documentos auténticos, a saber, facturas, sin haberse recabado las observaciones de la demandante en el litigio principal. Dicho auto no fue transmitido al servicio jurídico de la demandante en el litigio principal, por correo interno, hasta el 4 de noviembre de 2019. El 5 de noviembre de 2019, a raíz de un intercambio de información entre dicha demandante y los demandados en el litigio principal, que son miembros de una sociedad de abogados con domicilio social en Klagenfurt (Austria), sobre la naturaleza y las consecuencias del auto controvertido, la demandante en el litigio principal solicitó a estos últimos que formulasen oposición contra dicho auto. Entre los documentos que la demandante remitió a los demandados en el litigio principal figuraba la fotocopia del sobre que demostraba que la demandante en el litigio principal había recibido efectivamente dicho auto el 30 de octubre de 2019.

El 11 de noviembre de 2019, los demandados en el litigio principal presentaron ante el Okrajno sodišče v Ljubljani (Tribunal Regional de Liubliana) un escrito de oposición motivada contra el auto controvertido. También pagaron la tasa judicial reclamada por dicho órgano jurisdiccional por un importe de 55 euros. Mediante resolución de 10 de diciembre de 2019, el citado órgano jurisdiccional desestimó dicha oposición por extemporánea, al haberse presentado transcurridos más de ocho días desde la notificación del auto controvertido.

Los demandados en el litigio principal interpusieron, en nombre de la demandante, un recurso contra esa resolución, ante el Višje sodišče v Mariboru (Tribunal de Apelación de Maribor, Eslovenia). En apoyo de su recurso, invocaron, entre otros argumentos, la inconstitucionalidad del plazo de ocho días para formular oposición, debido a que un plazo tan breve no era compatible con el Derecho de la Unión. Asimismo, alegaron que el auto controvertido no había sido notificado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, al entender, en particular, que no era conforme con el art. 8 de este Reglamento y que no se había efectuado a través del organismo receptor en el sentido de su art. 2. Dado que el Višje sodišče v Mariboru (Tribunal de Apelación de Maribor) desestimó el recurso de los demandados en el litigio principal, el auto controvertido adquirió firmeza y fuerza ejecutiva. Sobre la base de ese auto, la demandante en el litigio principal abonó la totalidad de la cantidad reclamada en el mismo.

A raíz de dichos procedimientos, la demandante en el litigio principal ejercitó ante el órgano jurisdiccional remitente, es decir, el Bezirksgericht Bleiburg (Tribunal de Distrito de Bleiburg, Austria), una acción de reclamación de responsabilidad contra los demandados en el litigio principal, debido a la desestimación por parte de los órganos jurisdiccionales eslovenos de la oposición formulada contra el auto en cuestión por razones de extemporaneidad, solicitando, sobre esta base, que se les condenara al pago de la cantidad de 22 168,09 euros, correspondiente al importe pagado con arreglo al auto controvertido más los intereses y costas procesales. El 10 de julio de 2020, ese órgano jurisdiccional expidió un requerimiento de pago contra los demandados en el litigio principal por el importe reclamado.

En tales circunstancias, el Bezirksgericht Bleiburg (Tribunal de Distrito de Bleiburg) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia si el art. 8, ap. 1, del Reglamento n.º 1393/2007, en relación con el art. 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa del Estado miembro de la autoridad que haya emitido un documento que deba notificarse o trasladarse, en virtud de la cual el inicio del cómputo del plazo de una semana, contemplado en el ap. 1 del art. 8, en el que el destinatario de tal documento podrá negarse a aceptarlo por uno de los motivos previstos en dicha disposición, coincide con el inicio del cómputo del plazo para interponer un recurso contra el referido documento en ese Estado miembro.

Apreciaciones del Tribunal Superior de Justicia

De acuerdo con el Tribunal de Justicia el efecto útil del derecho a negarse a aceptar un documento que deba notificarse o trasladarse exige, por un lado, que el destinatario haya sido informado de la existencia de tal derecho y, por otro lado, que disponga íntegramente del plazo de una semana para apreciar si le conviene aceptar o no un documento y, en caso de negativa a aceptarlo, para devolver dicho documento. En este caso, el plazo para formular oposición contra el auto controvertido era, de conformidad con el art. 9 de la ZIZ, de ocho días a partir de la notificación o traslado del mismo. Sin embargo, en virtud de la normativa procesal eslovena, cuyo alcance fue precisado por el Gobierno esloveno en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para que se respondieran por escrito, dicho plazo no comenzó a correr a partir de la fecha de expiración del plazo de una semana a que se refiere el art. 8, ap. 1, del Reglamento n.º 1393/2007, sino a partir de la fecha de entrega del referido auto a la demandante en el litigio principal, es decir, el 30 de octubre de 2019, de modo que estos dos plazos se superponen casi por completo. Por lo tanto, la demandante en el litigio principal no pudo, en la práctica, dedicar íntegramente el plazo de una semana, que le reconocía dicho Reglamento, a examinar si le convenía aceptar o no el documento judicial en cuestión, ya que, en virtud de esa normativa, le incumbía también, durante ese mismo plazo, formular oposición, si procedía, a dicho documento judicial, en caso de que lo aceptara.

Entiende en tribunal de Justicia que una normativa como la que es objeto del litigio principal da lugar, de hecho, a que el destinatario de un documento comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1393/2007 se vea privado de pleno derecho del plazo previsto por la legislación nacional para interponer un recurso, a saber, en el caso de autos, el plazo de ocho días para formular oposición al documento judicial en cuestión. Pues bien, en situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 47 de la Carta, los justiciables deben poder disfrutar íntegramente de los plazos reconocidos por el Derecho nacional de un Estado miembro para ejercer un derecho procesal contra un documento notificado o trasladado.

Añade en Tribunal de Justicia que cuando el inicio del cómputo de dichos plazos coincide y el destinatario del documento, redactado en una lengua que se supone que no entiende, no disfruta íntegramente, en la práctica, del mencionado plazo, y ello con independencia de la duración del plazo para interponer un recurso contra dicho documento, previsto por la normativa del Estado miembro de la autoridad que lo haya emitido, ese destinatario se encuentra en una situación de desventaja respecto a los demás destinatarios que comprenden la lengua en la que se ha redactado el documento dirigido a ellos y que, por tanto, disponen en la práctica del plazo íntegro para hacer valer sus derechos.

Considera que, el objetivo perseguido por el art. 8, ap. 1, del Reglamento n.º 1393/2007, a saber, evitar toda discriminación entre esas dos categorías de destinatarios, exige que los destinatarios que reciben el documento en una lengua distinta de las contempladas en la citada disposición puedan ejercer su derecho a negarse a aceptar ese documento sin sufrir una desventaja procesal debido a su situación transfronteriza. De ello se sigue que, cuando el documento que deba notificarse no está redactado o traducido en una de las lenguas mencionadas en esa disposición, el inicio del cómputo del plazo de una semana establecido en el art. 8, ap. 1, del Reglamento n.º 1393/2007 no puede coincidir con el inicio del cómputo del plazo para ejercer el derecho de recurso con arreglo a la normativa del Estado miembro de la autoridad que emitió el documento, so pena de menoscabar el efecto útil de dicha disposición, en relación con el art. 47 de la Carta, debiendo comenzar a correr dicho plazo, en principio, una vez que haya expirado el plazo de una semana al que se refiere dicho art. 8, ap. 1.

Responde esta interpretación también, de acuerdo con el Tribunal de Justicia, a la finalidad del Reglamento n.º 1393/2007. En efecto, si el Derecho de la Unión se interpretara en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que fija el inicio del plazo para interponer un recurso contra un documento comprendido en el ámbito de aplicación del art. 8, ap. 1, de dicho Reglamento, en el momento en que se inicia el plazo previsto por esa disposición para apreciar si le conviene aceptar o no dicho documento, el destinatario del mismo podría verse incitado, para no sufrir la desventaja mencionada en el ap. 45 de la presente sentencia, a elegir la opción de negarse a aceptar el documento en cuestión. Tal incitación sería contraria al objetivo de dicho Reglamento, que consiste, como se desprende en particular de su considerando 2, en favorecer la transmisión rápida de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil a efectos de notificación o traslado, sin perjuicio del respeto del derecho de defensa del destinatario de esos documentos. En idéntico sentido, el considerando 10 del mismo Reglamento indica que, con el fin de garantizar su eficacia, la posibilidad de rechazar la notificación o el traslado de dichos documentos se limita a situaciones excepcionales.

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