El TSJ de Madrid desestimar una acción de anulación al no apreciar que el Laudo contenga una irracional valoración de la prueba lesiva del orden público, ni que concurre déficit de motivación relevante (STSJ Madrd CP 1ª 18 abril 2022)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera de 19 de abrukl de 2022 nº 15/2022 (ponente: Jesús María Santos Vijande) desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral administrado por la Corte Española de Arbitraje, De acuerdo con la presente decisión:

«(…) para determinar si la motivación del juicio de hecho es irracional y/o deficitaria por exclusión del análisis de tal o cual medio de prueba, ha de partirse de una premisa insoslayable: verificar qué hecho o hechos, contemplados desde una de determinada perspectiva jurídica, se constituyen en ratio de la decisión; porque, en efecto, puede suceder que un Árbitro, como un Juez, no analice exhaustivamente el acervo probatorio, pero que ello sea irrelevante porque adolezca de virtualidad revocatoria del fallo. Pues bien, lo que el Laudo aprecia para excluir la responsabilidad de CESCE, ante todo y sobre todo, es que ALIFRUIT no ha subvenido a la carga que le asiste de probar que las ventas que dice impagadas tuvieron lugar en firme -no, v.gr., a resultas o en consignación-, de modo que se hubiera perfeccionado la obligación de abonar el precio cuyo impago se pretende repercutir sobre CESCE. El Laudo también proclama la infracción del deber de colaboración con CESCE -v.gr., al no haber aportado el contrato o pedido ni la correspondencia cruzada-; en realidad la infracción de ese deber es un motivo más para fundar lo que nuclearmente sustenta la decisión del Laudo: la insuficiencia de la prueba aportada por ALIFRUIT para entender acaecida una sustancial premisa fáctica de la cobertura asumida por CESCE: que han resultado impagadas unas ventas realizadas en firme. Esa apreciación en absoluto deriva de un déficit en la ponderación de la prueba y menos aún de una irracional valoración de la misma. De entrada, el Laudo adolece de cualquier atisbo de arbitrariedad cuando, sin yerro alguno en la apreciación de la documental que pondera, observa que toda ella es de confección unilateral; por el contrario, la Sala Primera -v.gr., la STS, 1ª, 13.10.2013, FJ 11º (roj STS 5358/2013-, en ocasiones ha entendido como valoración arbitraria de la prueba haber tenido por cierto un hecho ante una actividad probatoria manifiestamente insuficiente, como es la aportación de facturas emitidas de forma unilateral en que se fija el importe de unos costes que se pretende repercutir. Es más, completando el círculo de un razonamiento que, compártase o no, ni es arbitrario ni incurso en sinrazón, el Árbitro explica por qué, en las circunstancias concurrentes en el caso, esa documental de factura unilateral que pondera no le lleva a entender como plausible la celebración de un contrato verbal – ante la no aportación del contrato o pedido, ni de correspondencia cruzada entre las partes-, a saber: porque, en plena sintonía con la jurisprudencia que cita la misma ALIFRUIT, el antiformalismo que se pretende es más propio de ventas masificadas, (acaecidas) en una relación de tracto sucesivo, en relaciones de confianza o mantenidas en el tiempo. Por el contrario, enfatiza el Laudo que, «como la demandante ha señalado, se trató de una venta o ventas de albaricoque puntuales a un nuevo cliente, realizadas en el margen de escasos días en el mes de mayo de 2018, por importe de 186.767,86 euros. Y no se ha aportado ni contrato, ni pedido, ni correspondencia cruzada » (§ 90). Lo que a su vez se completa con la alusión -esta vez no pasa de ahí- del § 81 del Laudo a las contradicciones entre la documental y la testifical de la propia ALIFRUIT, en referencia implícita pero inequívoca a cómo en la audiencia la gerente de ALIFRUIT reconoció que en ocasiones efectuaban ventas en consignación o a resultas…, éstas no amparadas por la Póliza. El Laudo también pondera la certificación del administrador concursal sobre el reconocimiento como crédito ordinario de ALIFRUIT frente a la masa de 86.640,86 euros: es incuestionable que una certificación sobre la inclusión del crédito en el listado definitivo de acreedores de la masa pasiva tiene en nuestro Derecho un indudable valor jurídico a favor de la existencia y legitimidad del crédito (FJ 2º.2 STS 558/2018, de 9 de octubre -roj STS 3468/2018- y FJ 3º STS 364/2021, de 26 de mayo -roj STS 2137/2021); pero de ahí no se sigue que esa inclusión goce de efecto vinculante para el árbitro respecto de la cobertura del impago de ese crédito por la aseguradora: el reconocimiento de un crédito como incobrable en un concurso no significa que ese impago se haya generado observando las condiciones pactadas en la Póliza para poder repercutirlo sobre la aseguradora, que es lo que se analiza en la presente causa. Ese reconocimiento, alegado como hecho mediante la aportación de la certificación del Administrador Concursal y de un listado del Registro del Tribunal de Comercio de Nimes con la relación global de la admisión de créditos en el concurso SAS LA ROUTE DE NIMES, puede ser valorado  por el árbitro conjuntamente con elresto de la prueba -y así ha sido-, pero sin que su efecto vinculante -ejecutivopueda ser asimilado al que podría derivar del correspondiente reconocimiento en España de la decisión judicial extranjera – mutatis mutandis, art. 32 R(UE) 2015/848 en relación con R(UE) 1215/2012 , extremo que no consta. En todo caso, ya hemos dejado constancia de que la falta de valor demostrativo de la documentación aportada en el arbitraje sobre las características y realidad misma de las ventas que se dicen impagadas y la efectiva entrega de las mercaderías -para así acreditar el interés asegurado- ha sido examinado por el Árbitro con suficiente detalle: v.gr., cuando repara en que las cartas de porte -CMRs o documentos que formalizan un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera- no están firmados por el destinatario en prueba de recepción de la mercancía, sin que, es de observar, tampoco consten la fecha de la descarga, la forma de pago, ni el precio y gastos del transporte (…).

En suma: procede desestimar la demanda de anulación porque ni es de apreciar que el Laudo contenga una irracional valoración de la prueba lesiva del orden público, ni concurre déficit de motivación relevante que concierna a la ratio decidendi de lo laudado».

Esta decisión incluye un voto concurrente de su ponente Jesús María Santos Vijande.

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