Ejecución forzosa en España de una sanción pecuniaria impuesta por la Comisón Europea contra un español (AAP Barcelona 19ª 4 noviembre 2021)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimonovena, de 4 de noviembre de 2021 desestima una recurso contra la decisión del Juzgado en los autos de Ejecución de Títulos Judiciales Extranjeros 85 /2017, instada por la Comisión Europea frente a Juan Carlos  y acordando la continuación de la ejecución y la imposición de las costas causadas al ejecutado. De acuerdo con la Audiencia:

«(…) Afrontando la cuestión controvertida hemos de recordar como el art. 299 TFUE establece: «Los actos del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos. La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. La orden de ejecución será consignada, sin otro control que el de la comprobación de la autenticidad del título, por la autoridad nacional que el Gobierno de cada uno de los Estados miembros habrá de designar al respecto y cuyo nombre deberá comunicar a la Comisión y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cumplidas estas formalidades a instancia del interesado, éste podrá promover la ejecución forzosa conforme al Derecho interno, recurriendo directamente al órgano competente. La ejecución forzosa sólo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, el control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución será competencia de las jurisdicciones nacionales». La Decisión adoptada por la Comisión de la Unión Europea con fecha 14 de abril de 2014 de recuperación del importe de 6.877,45 EUR y 2.057,58 EUR, por un total de 8.935,03 y notificada al ejecutado a través de requerimiento notarial efectuado el 1 de octubre de 2015, era susceptible de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el plazo de dos meses a partir de su notificación, tal y como resulta de lo dispuesto en el art. 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuyo párrafo 4 se dispone de forma expresa que «… Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente…». Sobre esta base cabe considerar que el control de la legalidad de la Decisión de la Comisión, que constituye el título de ejecución en el que se incluye la cuantía concreta adeudada por Juan Carlos corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en tanto que la supervisión de las medidas de ejecución correspondería a las jurisdicciones nacionales ante las que se promueve la ejecución de aquella Decisión. El art. 523 LEC establece: «… 1. Para que las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros lleven aparejada ejecución en España se estará a lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional. 2. En todo caso, la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos extranjeros se llevará a cabo en España conforme a las disposiciones de la presente Ley, salvo que se dispusiere otra cosa en los Tratados internacionales vigentes en España…». En el presente supuesto el recurrente opone la prescripción conforme a lo establecido en el art 81.1º del Reglamento UE 966/2012 en cuanto habrían transcurrido cinco años desde el ingreso de la indemnización hasta la notificación del auto despachando ejecución; a la que añade pluspetición entendiendo que, a lo sumo, la cantidad exigible seria la de 5.321,69 EUR. Hemos descrito ya que el título que se pretende ejecutar se incardina en el transcrito art. 523 LEC, el cual advierte del carácter supletorio de las disposiciones de la LEC en ausencia de concreta disposición establecida en Tratados internacionales; también hemos referido como el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contiene una regulación específica en materia de oposición a través del recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea frente a la Decisión adoptada por la Comisión Europea, por lo que tanto si el recurrente consideraba aplicable el plazo previsto en el art 81.1º del Reglamento UE 966/2012 como si discrepaba de la cuantía que se le reclamaba pudo y debió recurrir esta Decisión en los términos que hemos señalado . No constando esta actuación del recurrente y la pasividad observada ante los distintos y sucesivos requerimientos efectuados con carácter previo a la propia decisión ejecutada no corresponde otro examen a este Tribunal que el referido a las concretas medidas de ejecución que se dispusieren, sobre las cuales no se plantea controversia en esta litis. En consecuencia, debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto acordando la ratificación del auto recurrido y la continuación de la ejecución despachada».

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