Decomiso de una suma de dinero que se alega que pertenece a un tercero e imposibilidad de este último a intervenir como parte en el procedimiento (STJ 3ª 21 octubre 2021, as. C-845/19)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 21 de octubre de 2021 (asunto C-845/19: Okrazhna prokuratura – Varna) precisa determinadas disposiciones de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Esta Directiva se opone a una normativa nacional que permite que se decomise a favor del Estado un bien del que se alega que pertenece a una persona distinta del autor de la infracción penal, sin que esa persona tenga la facultad de intervenir como parte en el procedimiento de decomiso.

Dos personas de nacionalidad búlgara (en lo sucesivo, «interesados») fueron condenados penalmente por estar en posesión, en febrero de 2019, en Varna (Bulgaria), de estupefacientes de alto riesgo sin autorización con el fin de distribuirlos. Tras la condena penal de los interesados, la Okrazhna prokuratura — Varna (Fiscalía provincial de Varna, Bulgaria) solicitó al Okrazhen sad Varna (Tribunal Provincial de Varna, Bulgaria) el decomiso de las sumas de dinero descubiertas en sus viviendas respectivas tras ser registradas. En la vista celebrada ante ese órgano jurisdiccional, los interesados declararon que las sumas de dinero decomisadas pertenecían a miembros de sus respectivas familias. Estos últimos no intervinieron en el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional porque el Derecho nacional no lo permite. Ese mismo órgano jurisdiccional se negó a autorizar el decomiso de esas sumas de dinero por considerar que el delito por el que se había condenado a los interesados no podía generar ventajas económicas. Asimismo, si bien existían pruebas de que los interesados vendían sustancias estupefacientes, no habían sido acusados ni condenados por ese delito. La Fiscalía provincial de Varna recurrió esa sentencia, alegando que el citado órgano jurisdiccional no había tomado en consideración la Directiva 2014/42 al aplicar las disposiciones nacionales pertinentes. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente decidió interrogar al Tribunal de Justicia acerca de si era necesario que existiese una situación transfronteriza para que se aplique la Directiva 2014/42, acerca de la extensión del decomiso que esta Directiva prevé, así como acerca del alcance del derecho a la tutela judicial efectiva de un tercero que alega, o respecto del que se alega, ser el propietario de un bien objeto de decomiso. Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre cuestiones de crucial importancia para precisar el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/42 y la interpretación de algunos de sus conceptos clave.

Apreciación del Tribunal de Justicia

En primer lugar, el Tribunal de Justicia declara que la posesión de estupefacientes para su distribución está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/42, aun cuando todos los elementos inherentes a la comisión de este delito se circunscriban al interior de un solo Estado miembro. Así, en virtud del Tratado FUE, tal delito forma parte de uno de los ámbitos delictivos particularmente graves, de dimensión transfronteriza, citados en ese Tratado. Por consiguiente, el legislador de la Unión es competente para adoptar normas mínimas de armonización relativas a la definición de los delitos y las sanciones en ese ámbito, cubriendo competencia también las situaciones en que los elementos inherentes a la comisión de un delito concreto se circunscriban a un único Estado miembro.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva 2014/42 no prevé únicamente el decomiso de los bienes constitutivos de una ventaja económica derivada de la infracción penal por la que se ha condenado al autor de esa infracción, sino que también contempla el de los bienes pertenecientes a ese autor respecto de los que el tribunal nacional que conoce del asunto haya resuelto que proceden de otras actividades delictivas. Tales decomisos deben, no obstante, llevarse a cabo respetando las garantías previstas en esa Directiva y están sujetos al requisito de que la infracción por la que se haya condenado a dicho autor figure entre las enumeradas en la misma Directiva y de que tal infracción pueda dar lugar, directa o indirectamente, a una ventaja económica.

Por lo que se refiere al primer tipo de decomiso, es preciso que el producto cuyo decomiso se prevea resulte del delito por el que se ha producido la condena firme de su autor.

En relación con el segundo supuesto, que se corresponde con el decomiso ampliado, 5 el Tribunal de Justicia precisa, por una parte, que, para determinar si una infracción penal puede dar lugar directa o indirectamente a tal ventaja económica, los Estados miembros podrán tener en cuenta el modus operandi, por ejemplo, si la infracción ha sido cometida en el contexto de la delincuencia organizada o con la intención de generar beneficios periódicos procedentes de infracciones penales. Por otra parte, la convicción del órgano jurisdiccional nacional de que los bienes proceden de actividades delictivas debe basarse en las circunstancias del asunto, incluidos los hechos específicos y las pruebas disponibles. Para ello, dicho órgano jurisdiccional puede tomar en consideración en particular la desproporción existente entre el valor de los bienes en cuestión y los ingresos lícitos de la persona condenada.

Por lo que se refiere, en último lugar, al decomiso de bienes de terceros, este requiere que se haya demostrado la existencia de una transferencia de productos, por un sospechoso o un acusado, a un tercero, o la adquisición de tales productos por un tercero, así como el conocimiento por parte de ese tercero de que el objetivo de la transferencia o adquisición era evitar el decomiso.

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 2014/42, en relación con el art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se opone a una normativa nacional que permite el decomiso, a favor del Estado, de un bien del que se alega que pertenece a una persona distinta del autor de la infracción penal, sin que esa persona tenga la facultad de intervenir como parte en el procedimiento de decomiso. Así, esta Directiva dispone que los Estados miembros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas afectadas por las medidas previstas en la misma, incluidos los terceros que alegan, o respecto de los que se alega, ser los propietarios de un bien cuyo decomiso se contempla, tengan derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio justo a fin de preservar sus derechos. Asimismo, dicha Directiva prevé varias garantías específicas para salvaguardar los derechos fundamentales de tales terceros. Entre estas garantías figura el derecho a acceder a un abogado durante todo el procedimiento de decomiso, lo que conlleva el derecho de estos terceros a ser oídos en el marco de este procedimiento, incluido el derecho de hacer valer su título de propiedad sobre los bienes a los que se refiere el decomiso.

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