El colegio arbitral no falta a la verdad al expresar en el laudo que en el plazo adicional para la práctica de prueba documental la parte aportase documentación alguna (STSJ Madrid CP 1ª 15 junio 2021)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 15 de junio de 2021 (ponente: Celso Rodríguez Padrón) declara no haber lugar a la nulidad de un laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral del Transporte de Madrid, con el siguiente razonamiento:

«(…)  Particular relevancia alcanza la vertiente formal del orden público a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia ejercitando la acción de nulidad. Como hemos dicho, por ejemplo, en la STSJM de 27 de abril de 2021: ‘La renuncia transitoria a la tutela judicial que implica el arbitraje tiene su fundamento en el principio de autonomía de la voluntad a la hora de disponer de aquellas materias que admiten este poder desde el punto de vista jurídico…’. Solo cabe añadir: de modo muy significado, el respeto a los derechos de defensa y prueba. 3.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021, de 15 de febrero de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, han incidido con especial rigor en la correcta delimitación del concepto de orden público, en clara doctrina contraria a su entendimiento expansivo. Resulta innecesario recordar que con arreglo a estos criterios es como debe llevarse a la práctica la interpretación del ordenamiento jurídico a la luz del expreso mandado contenido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio de ulteriores precisiones específicas, las consideraciones contenidas -por ejemplo- en la STC 17/2021, de 15 de febrero, en cuanto dice que: ‘La acción de anulación,  por consiguiente, solo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior’ (…)». 

«(…) El concepto de indefensión, proscrito en el conocido art. 24.1º del texto constitucional, si bien se extiende a todas las manifestaciones del derecho fundamental de tutela, encuentra relación más estrecha que con otras en lo que afecta al derecho de defensa, a la prueba, a la contradicción, de tal modo que aun siendo una obligación constitucional apriorística y perenne para Jueces y Magistrados la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, ha de garantizarse que estos puedan introducir y defender en el proceso legítimamente sus pretensiones, y han de obtener una respuesta fundada en derecho sobre tales pretensiones. Entre otras muchas, entendemos que resulta pertinente la cita de la STC 205/2007, de 24 de septiembre, que establece en su FJ 4º que: ‘El derecho de defensa, expresado bajo el clásico principio procesal nemine damnatur nisi auditus, se conculca, ha señalado este Tribunal desde sus inicios (STC 4/1982, de 8 de febrero, FJ 5), cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su plena oportunidad de defensa, proscribiendo la desigualdad de las partes.  En ese sentido, hemos afirmado reiteradamente -lo recordaba la reciente STC 65/2007, de 27 de marzo, FJ 2- que la preservación de los derechos fundamentales y, en especial, la regla o principio de interdicción de indefensión «reclaman un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por garantizar la plena efectividad de los derechos de defensa de ambas partes ( STC 226/1988, de 28 de noviembre), por lo que corresponde a los órganos judiciales velar porque en las distintas fases de todo proceso se dé la necesaria contradicción entre las partes, que posean estas idénticas posibilidades de alegación y prueba y, en definitiva, que ejerciten su derecho de defensa en cada una de las instancias que lo componen’. La posibilidad de contradicción es, por tanto, una de las reglas esenciales del desarrollo del proceso, y debe garantizarse en cada grado jurisdiccional, ya que nadie debe ser afectado en sus derechos o intereses legítimos por una Sentencia sin que haya podido defenderse ( STC 28/1981, de 23 de julio, FJ 3)». No puede negarse que en el supuesto analizado la corte arbitral haya concedido a la mercantil hoy demandante una plena posibilidad de probar sus alegaciones. Teniendo en cuenta lo expuesto por las partes en el acto de la vista, se otorgó a P. un plazo adicional para la práctica de prueba documental, que -sencillamente se basó, al incumplir el límite de días concedido para la presentación de documentos. De tal modo, el colegio arbitral no falta a la verdad al expresar en el laudo (Hecho Quinto, penúltimo párrafo, y párrafo sexto de la fundamentación) que en dicho plazo la parte aportase documentación alguna. En consecuencia, no podemos acoger la reiterada postura de la parte demandante de nulidad al sostener en su demanda que sí se ajustó al plazo concedido y que el colegio ignoró por completo su prueba. No resulta asumible la denuncia de vulneración del orden público sobre la que se sustenta la pretensión».

 

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