En un arbitraje: «si la parte creía que la falta de interrogatorio de su perito le producía indefensión, tuvo necesariamente que impugnar esa decisión en la forma dispuesta en el nº 1 del art. 240 LOPJ» (STSJ Castilla La Mancha CP 1ª 24 mayo 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 24 de mayo de 2021 (ponente: Eduardo Salinas Verdeguer) desestima una demanda de anulación contra un laudo arbitral dictado por un árbitro único designado por la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación en el ámbito de la Economía Social, del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha, incluyendo el desafortunado argumento que intitula este enlace.

«(…) El primer motivo de recurso (…), sostiene que la sentencia incurrió en incongruencia por omisión en relación con el fundamento de derecho segundo del laudo. La jurisprudencia relativa a la congruencia de las sentencias (aplicable a los laudos) afirma que no exige una correspondencia absolutamente rígida entre lo pedido y lo acordado, sino que tal exigencia también se cumple cuando el fallo, pese a no concordar literalmente con lo pedido, se adecue racionalmente a las pretensiones de las partes y a los hechos que las fundamenten, hasta el punto de ser admisibles pronunciamientos complementarios del juzgador, no pedidos por las partes pero sí encaminados a facilitar la ejecución del fallo o a evitar nuevos pleitos. El actor al pedir la nulidad transcribe lo que argumentó al demandar en el proceso de arbitraje, sostiene que ‘el laudo deja sin resolver una cuestión crucial que se formulaba en el escrito de demanda’, y afirma que no pretendía discutir las cuentas sociales del año 2015 pero explica su opinión sobre cómo debían haber sido las cuentas de la cooperativa demandada. Es claro por lo ya expuesto que sin infracción del orden público (que no se expone) no procede que la Sala que resuelva sobre nulidad, o entre a resolver sobre el acierto o desacierto del laudo que ya ganó firmeza, lo que pide la estimación del motivo, que también es rechazado por una causa aún más clara, que no se produjo la omisión denunciada, pues la parte demandante cuestionó en el procedimiento arbitral el balance discutido y el árbitro resolvió en el laudo, argumentando que ‘… las cuentas anuales del año 2015 fueron aprobadas en su momento por la asamblea General por lo que las mismas devienen firmes, y no pueden discutirse, al menos en el ámbito del presente arbitraje'».

«(…) El segundo motivo ataca el fundamento de derecho tercero del laudo, sostiene la vulneración de derechos fundamentales por inaplicación de una norma imperativa, el art. 89 de la ley de cooperativas de Castilla-la-Mancha, que no se aplicó en la liquidación que el Consejo Rector de la cooperativa practicó a D. Gabino . No nos encontramos por tanto ante un defecto en el procedimiento arbitral o en el laudo impugnado, sino ante la disconformidad del actor con la valoración que el Sr. Arbitro realiza sobre el fondo del asunto, en concreto sobre la correcta o incorrecta aplicación de las pérdidas imputables a la liquidación de D. Gabino . No se explica qué derechos fundamentales, en opinión del actor, se afectan por el laudo arbitral, y por qué los conculca. Lo que con su argumentación pretende la parte recurrente es convertir este juicio de nulidad en una segunda instancia revisora de un laudo firme que, como se ha dicho, sólo pueden ser anulado por los motivos tasados del art 41 LA, sin que se pueda entrar a valorar lo resuelto por el árbitro sobre una de las cuestiones de fondo debatidas, pues al someterse las partes voluntariamente a la decisión del árbitro renunciaron a la resolución del conflicto ante la jurisdicción ordinaria, que sólo puede revisar el laudo arbitral, vía recurso de anulación, por los motivos legalmente tasados, entre los que no está la disconformidad con el contenido del laudo, el acierto o desacierto de la decisión arbitral o su justeza.  En definitiva, como no aparece una vulneración del orden público en el procedimiento arbitral, no ha lugar a acordar la nulidad del laudo por el motivo alegado».

«(…) El tercer motivo de recurso de argumenta la infracción de las normas procesales que aseguran el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el señor árbitro denegó la práctica de prueba pericial por medio de perito insaculado, aunque sí admitió la pericial de parte que había propuesto y emitido el informe, denegó la emisión del informe en comparecencia, contraviniendo en su opinión lo dispuesto en el art. 32 LA. Lo que alega el actor es una infracción de las normas procesales por infracción del art. 32, que no se ha producido. Este precepto, como su nombre indica, regula el ‘nombramiento de peritos por los árbitros’ no la aportación de pruebas periciales por una de las partes, que es lo sucedido en esta ocasión y prevé el interrogatorio de los peritos insaculados, mientras que en los peritos de parte sólo se ordena o procede como garantía del derecho de la contraparte, para no causar indefensión, pero no procede cuando sólo lo desea la parte que ha aportado el dictamen pericial. Estos dictámenes son los previstos en el nº 3 del precepto que dice ‘lo previsto en los apartados precedentes se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes, salvo acuerdo en contrario, de aportar dictámenes periciales por peritos libremente designados’. Por último si la parte creía que la falta de interrogatorio de su perito le producía indefensión, tuvo necesariamente que impugnar esa decisión en la forma dispuesta en el nº 1 del art. 240 LOPJ, según el cual ‘la nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales'».

 

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