Determinación de un foro especial de competencia en los contratos de distribución, en función del lugar de cumplimiento de la obligación contractual que sirve de base a la demanda (AAP Barcelona 1ª 29 marzo 2021)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sala Primera,  de 29 de marzo de 2021 revoca la resolución de instancia procediendo a procede desestimar una declinatoria internacional, argumentando del siguiente modo:

«(…)  La parte demandante, A. & S., S.L., presentó demanda de juicio ordinario contra la mercantil W.P.P., GmbH, en la que solicitaba la condena a la parte demandada, en concepto de indemnización por diferentes conceptos -compensación por clientela e indemnización por falta de preaviso suficiente de la terminación del contrato de distribución perfeccionado entre las partes-, por la cantidad total de 149.947,50 €, con imposición de costas a la demandada. La parte demandada, formuló declinatoria por falta de jurisdicción y de competencia territorial, de la que se dio traslado a la parte actora y al Ministerio Fiscal, con suspensión del plazo de contestación a la demanda. La demandante se opuso a la declinatoria formulada por la adversa y el Ministerio Fiscal, tras interesar la aportación del contrato, informó en el sentido de desestimar la falta de jurisdicción y de competencia territorial del Juzgado, al no constar sumisión expresa en el contrato verbal confirmado entre las partes y considerar que el nacimiento y cumplimiento de las obligaciones se ubica en Barcelona, aunque la demandada tenga su domicilio social en Alemania. Mediante auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 31 de Barcelona, en fecha 30 de septiembre de 2020, se acordó estimar la declinatoria y declarar la falta de competencia del Juzgado para conocer del asunto correspondiendo el conocimiento a los Tribunales de Wiesbaden (Alemania), de conformidad con el domicilio de la demandada. Contra este auto interpuso la parte demandante recurso de apelación formulando, en síntesis, la alegación exclusiva sobre la existencia de un foro especial de competencia, alternativo al foro general del domicilio del demandado, en los contratos de distribución, en función del lugar de cumplimiento de la obligación contractual que sirve de base a la demanda, de acuerdo con los arts. 1, 4 y 7.1 del Reglamento (UE) nº 1215/2012, de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (conocido como «Reglamento Bruselas I»), así como por el artículo 28 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, considerando que, a su juicio, debe confirmarse la jurisdicción y competencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, por ser este el lugar del cumplimiento de la obligación indemnizatoria que sirve de base a la demanda y donde se han prestado los servicios de distribución, donde se encuentra la clientela por la que se solicita una compensación económica, toda vez que ha quedado acreditado que no se suscribió cláusula alguna de sumisión expresa a los Tribunales de Alemania, ni hubo acuerdo verbal en tal sentido, sin que pueda servir como aceptación de tal cláusula la constancia por la demandada en la confirmación de los pedidos de la frase «sujeto a nuestras condiciones generales puestas a su disposición», por cuanto que se exige que el consentimiento se haya prestado de forma clara y precisa, como así se entiende en la propia resolución impugnada, aunque finalmente acepte, indebidamente a su juicio, el criterio del domicilio de la demandada. La parte demandada se opuso al recurso.  (…).- Competencia judicial internacional Queda determinada, por tanto, la controversia en esta alzada, en torno a la competencia judicial internacional, cuando está en juego un litigio con elemento extranjero domiciliado en otro estado miembro de la Unión Europea, como ocurre en este caso, y que está regulada, con carácter general, por el Reglamento (UE) núm. 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, 12 diciembre de 2012, que derogó el anterior Reglamento (CE) nº 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, al establecerse, que, a su vez, sustituyó, entre los Estados miembros, a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968, sobre este particular, estableciéndose, en el artículo 66 de aquel, su aplicación a las acciones judiciales ejercitadas a partir del día 10 de enero de 2015, por lo que, teniendo en cuenta que la demanda rectora del presente procedimiento se interpuso en fecha 20 de diciembre de 2019, queda determinado su vigencia y aplicación sobre las acciones judiciales ejercitadas a través del presente procedimiento ordinario. Pues bien, en la resolución judicial impugnada se justifica la aplicación automática del fuero general del domicilio de la demandada, en virtud del artículo 4 del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 , relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el hecho de que la demandada haya cuestionado, mediante declinatoria, la competencia de los tribunales españoles, sin tomar en consideración dos elementos fundamentales que determinan la competencia judicial internacional del Juzgado de instancia para conocer del presente pleito y que, en definitiva, nos llevan a admitir el recurso de apelación interpuesto por la demandante y a revocar, en consecuencia, la resolución impugnada: Por un lado, resulta trascendental el lugar de origen y cumplimiento de la obligación que sirve de base a la acción ejercitada a través de la demanda interpuesta, y, por otro lado, debe reconocerse la relevancia del foro especial de competencia alternativo, al foro general del domicilio de la demandada, derivado, precisamente, del lugar de cumplimiento de esa obligación, de conformidad con el art. 7.1º del Reglamento vigente, y que, además, son los criterios seguidos por el informe del Ministerio Fiscal, en las presentes actuaciones, al concluir que, aunque «la demandada tiene su domicilio en Alemania, no obstante, el lugar de nacimiento y cumplimiento de la obligación se encuentra en la ciudad de Barcelona», motivo por el que se pronuncia en orden a la oportuna desestimación de la declinatoria promovida por la demandada y considere que deba mantenerse la competencia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. Pues bien, el primer análisis que debemos efectuar para determinarla competencia judicial internacional para conocer del presente litigio se centra en identificar y calificar la obligación que sirve de base a la demanda, y, al respecto, del propio escrito de demanda se evidencia, con absoluta claridad, que la reclamación que se dirige por la demandante frente a la demandada se centra en una pretendida compensación por clientela y una indemnización de daños y perjuicios por la, a su juicio, falta de previsión en la terminación del contrato de distribución verbal perfeccionado entre las partes, y que determina la aplicación del artículo 28 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia , con independencia de que entre las partes se quiera denominar, a la relación contractual existente, de suministro o de distribución, siendo lo esencial que la obligación que sirve de base a la demanda no es el cumplimiento de ninguna obligación contractual, como, por ejemplo, podría ser sobre los productos suministrados o distribuidos, como se reconoce en el propio auto impugnado, sino de la indemnización que resultaría «ex lege», según lo establecido en esa norma legal. Sin entrar en este momento en el fondo del asunto, centrándonos en la cuestión incidental que se ventila y en el objeto del procedimiento ordinario incoado, es preciso tener en cuenta que el artículo 28 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia , establece lo siguiente: «Indemnización por clientela. 1. Cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran. 2. El derecho a la indemnización por clientela existe también en el caso de que el contrato se extinga por muerte o declaración de fallecimiento del agente. 3. La indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si este fuese inferior». En cuanto a la indemnización interesada, también la Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre su naturaleza «ex lege», al recordar, en su sentencia de 30 de octubre de 2014 , que su procedencia «presupone, además de la extinción de la relación contractual, que con su actividad profesional el reclamante hubiera aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela del mismo preexistente; que se considere razonablemente posible que la actividad desarrollada por el primero continúe produciendo en el futuro sustanciales ventajas al segundo; y que sea equitativo el abono de la indemnización a la vista de las circunstancias. Por tanto, la indemnización por clientela tiene por fundamento el enriquecimiento del empresario por aprovechamiento sin remuneración de la clientela creada o aumentada sensiblemente por el agente». Como ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala, en un caso equivalente al de autos, en la sentencia de 21 de diciembre de 2018 (Rec. 906/2016 ), para la regulación del contrato de agencia «se dictó la Directiva 86/653/CEE, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Estados miembros en lo referente a las agencias comerciales independientes, que fue traspuesta al Derecho español a través de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, de régimen jurídico del contrato de agencia, y que, siguiendo las pautas de la Directiva, recoge en su Exposición de Motivos (apartado III) que ‘El régimen jurídico del contrato de agencia se configura bajo el principio general de la imperatividad de los preceptos de la ley, salvo expresa previsión en contrario». En esa sentencia, partiendo de su carácter imperativo, se consideraba indisponible la regla de competencia establecida en la disposición adicional de esta Ley, según la cual «la competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia corresponderá al juez del domicilio del agente, siendo nulo cualquier pacto en contrario»,reforzado tal criterio interpretativo porla sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 17 de octubre de 2013, en el asunto C-184/2012 , seguido entre una entidad belga (UNAMAR) y otra búlgara (NMB), en el marco de un contrato de agencia, en la que la entidad belga era la agente, concluyéndose, en orden a una cláusula de sumisión expresa a los tribunales búlgaros, que «la ley de un Estado miembro de la Unión que garantiza la protección mínima prescrita en la Directiva 86/653, ley elegida por las partes en un contrato de agencia comercial, podrá dejar de ser aplicada por el tribunal que conoce del asunto, radicado en otro Estado miembro, para aplicar en su lugar la lex fori, basándose a tal efecto en el carácter imperativo que, en el ordenamiento jurídico de este último Estado miembro, tienen las normas que regulan la situación de los agentes comerciales independientes, pero ello únicamente si dicho tribunal comprueba de manera circunstanciada que, en el marco de la transposición, el legislador del Estado del foro consideró crucial, en el seno del correspondiente ordenamiento jurídico, conceder al agente comercial una protección más amplia que la protección prevista en la citada Directiva, teniendo en cuenta a este respecto la naturaleza y el objeto de tales disposiciones imperativas», e incluso se hacía referencia al Reglamento 1215/2012, que no era aplicable a ese asunto por encontrarse en período transitorio, pero sí al presente, que recoge esta misma interpretación, al establecer en el artículo 25 que el pacto de sumisión expresa a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro es válido «a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el derecho de dicho estado miembro», y ya hemos visto que la referida sumisión expresa alegada por la demandante ha quedado superada a la vista de su falta de aceptación, siendo relevante el carácter imperativo de la ley reguladora del contrato de agencia que busca otorgar la protección «crucial» al agente a que se refiere la citada sentencia del TJUE, en el desarrollo de su actividad dentro del territorio nacional y de conformidad con el Reglamento vigente, del que no puede deducirse otra conclusión que la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles para conocer del litigio planteado. Precisamente, teniendo en cuenta el desarrollo de su actividad y la acción indemnizatoria ejercitada, basada en obligaciones «ex lege», es contundente el fuero de los tribunales españoles, al nacer y cumplirse tal obligación donde se encuentra establecida la clientela de la demandante y ser en la ciudad de Barcelona donde desarrolla su actividad comercial, teniendo en cuenta que la relación contractual entre las partes no se basa en la mera transmisión de bienes del proveedor al distribuidor, sino en su finalidad de reventa en el mercado del lugar donde se localiza la clientela a la que se le distribuyen, lo que decanta el foro general (del domicilio de la demandada) al foro alternativo de competencia especial, más próximo al lugar de los hechos litigiosos, lo que facilita notablemente las medidas de instrucción y de búsqueda de las pruebas, en el sentido en el que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el TJUE, entre otras, en las sentencias de 8 de marzo de 2018, 11 de marzo de 2010 y 11 de enero de 1990, en la que ya se deja sentado que los foros de competencia especial «están fundados sobre la existencia de un nexo particularmente estrecho entre el litigio y otras jurisdicciones distintas a las del domicilio del demandado, que justifican la atribución de competencia a las mismas por razones de buena administración de Justicia y de organización útil del proceso». En definitiva, debe concluirse que el Juzgado de Primera Instancia «a quo» es el que tiene jurisdicción y competencia para conocer de la presente demanda, siguiendo, asimismo, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un caso equivalente a este, en su sentencia de 8 de marzo de 2018, en torno a «un contrato de distribución exclusiva celebrado entre una sociedad domiciliada en Bélgica y otra sociedad domiciliada en Portugal para la comercialización de productos en el mercado español, sin que ninguna de estas sociedades disponga de sucursales ni establecimientos en territorio español. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en caso de que exista una pluralidad de lugares de ejecución de la obligación característica de un contrato de prestación de servicios, habrá de entenderse por lugar de ejecución, en el sentido del artículo 7, punto 1, letra b ), segundo guion, del Reglamento nº 1215/2012 , el lugar que garantiza el vínculo de conexión más estrecho entre el contrato y el órgano jurisdiccional competente, vínculo que se encuentra, por regla general, en el lugar de prestación principal de los servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de marzo de 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C-19/09 , apartados 33 y 34). En consecuencia, el órgano jurisdiccional competente, en virtud de dicha disposición, para conocer de las demandas basadas en un contrato de prestación de servicios, en caso de que esta se produzca en varios Estados miembros, es el del Estado miembro en el que se encuentra el lugar de prestación principal de los servicios. La interpretación antes expuesta, que debe también aplicarse en circunstancias como las que concurren en el litigio principal, responden a los objetivos de previsibilidad y de proximidad que se propone lograr el legislador de la Unión (véase, en este sentido, las sentencias de 25 de febrero de 2010, Car Trim, C-381/08, apartado 48 y jurisprudencia citada, y de 11 de marzo de 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C-19/09 , apartados 41 y 42). Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda a octava, que el artículo 7, punto 1, del Reglamento nº 1215/2012 , debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional competente, en virtud de dicha disposición, para conocer de una demanda de indemnización por la resolución de un contrato de concesión mercantil celebrado entre dos sociedades, domiciliadas y operativas en dos Estados miembros diferentes (…) es el del Estado miembro en el que se encuentra el lugar de prestación principal de los servicios». La actividad de distribución de los productos suministrados por la demandada a la demandante se ceñía al mercado español, por lo que ha de considerarse este territorio como lugar de ejecución y cumplimiento del contrato verbal perfeccionado entre las partes, donde se prestan los servicios de distribución y donde se  encuentra la clientela por la que la demandante solicita a la demandada la compensación económica, y, en concreto, por ser el lugar de cumplimiento de la obligación indemnizatoria que sirve de base a la demanda, correspondiendo, en consecuencia, a los Juzgados y Tribunales españoles el conocimiento de la presente causa. Por todo lo cual, procede estimar el recurso formulado por la parte actora, y, revocando la resolución recurrida, procede desestimar la declinatoria formulada por W.P.P., GmbH.

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