No se aprecia arbitrariedad en la decisión del árbitro sino que el motivo tiende a una revisión sobre el fondo del asunto que está vedada al TSJ (STSJ Cataluña CP 1ª 12 febrero 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataliña, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 12 de febrero de 2021  (ponente: María Eugenia Alegret Burgues) desestima una acción de nulidad contra un Laudo dictado el 21 de febrero de 2020 por la Junta Arbitral de Transporte de Catalunya, con sede en Tarragona. Razona la Sentencia del siguiente modo:.

«(…)

“(…) (L)a acción de anulación no es equiparable a una segunda instancia, ni permite una nueva valoración de la prueba, o de la interpretación, en su caso, de los pactos contractuales habidos ni analizar – por regla general–la corrección en la aplicación de la Ley realizada por los árbitros en el análisis de la cuestión de fondo. 6.–Dicha tesis viene confirmada por la reciente STC 46/2020 de 15 de junio conforme a la cual en el arbitraje: ‘… es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, que han decidido en virtud de un convenio arbitral sustraer de la jurisdicción la resolución de sus posibles controversias y deferir a los árbitros el conocimiento y solución de sus conflictos, que desde ese momento quedan vedados a la jurisdicción por expresa voluntad de las partes. Por consiguiente, es claro que la acción de anulación debe ser entendida como un proceso de control externo sobre la validez del laudo que no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros, ‘al estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías formales sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo’ (SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3 , y 75/1996, de 30 de abril , FJ 2). Por todo ello, ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1 de la Ley de arbitraje puede ser interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues ‘la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo’ (ATC 231/1994, de 18 de julio , FJ 3)’”.

“(…) Sobre la regularidad del procedimiento arbitral y el orden público.

1.– Mediante su inclusión en el ap. 1, letra f) del art. 41 de la LA la demandante esgrime lo que, a su juicio, ha constituido una grave irregularidad del procedimiento arbitral susceptible de provocar la nulidad del laudo combatido, cual es la de no haber el tribunal arbitral dado traslado a la ahora demandante del escrito de contestación a la reconvención que formuló en el acto de la vista y de la documentación aportada por la otra parte en la cual, según se afirma, se basó el árbitro para rechazar su reconvención.

2.– Sin perjuicio de que tal causa de nulidad vendría integrada más propiamente en la letra del art. 41.1 d) de la LA, esto es, por no haberse ajustado el procedimiento arbitral a la ley de Arbitraje, el motivo debe ser rechazado.

3.– Como dijimos en la STSJCat nº 6 de 23 de enero de 2014 en relación con las eventuales irregularidades del proceso arbitral cabe proclamar con carácter general que no todo defecto procedimental puede dar lugar a la nulidad del procedimiento arbitral seguido, sino únicamente aquellos que por su gravedad han afectado a los principios de igualdad, audiencia o contradicción, incidiendo en efectiva indefensión.

4.– El procedimiento ante las Juntas arbitrales viene regulado, como hemos visto, en el art. 9 de Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. En él se prevé la celebración de una vista oral y que el laudo se dicte una vez oídas las partes y practicadas o recibidas las pruebas que se hayan admitido, en el plazo previsto en la legislación general de arbitraje pudiendo el Presidente decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento.

5.– Ciertamente el art. 30.3 de la LA, dispone que: ‘ De todas las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que una parte aporte a los árbitros se dará traslado a la otra parte. Asimismo, se pondrán a disposición de las partes los documentos, dictámenes periciales y otros instrumentos probatorios en que los árbitros puedan fundar su decisión’, mandato que, como dijimos en la STSJCat 51/2015 de 6 de julio, se adecua y se halla en consonancia con los principios procesales que han de regir el procedimiento arbitral y que aparecen en el artículo 24 LA (‘Principios de igualdad, audiencia y contradicción 1. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. 2. Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales’).

6.– Constatamos del expediente arbitral que nos ha remitido la Junta arbitral de Transporte que, realizada la vista oral el día 1 de marzo de 2019, en la misma se acordó dar traslado por 15 días a la hoy demandada para que contestase a la reconvención formulando las alegaciones que estimase oportunas (fl. 215 v de estos autos).

7.– La parte reclamada en la reconvención formuló alegaciones el día 15 de marzo 2019 reiterando lo que ya había dicho en la demanda arbitral inicial respecto de los cargos que la reclamada oponía como compensación con el precio de los transportes realizados por Furgo Trayler SL y no pagados a la reclamante. Acto seguido aparece en el expediente arbitral el laudo dictado por la Junta de Transporte con fecha 21 de febrero de 2020. Se produjo pues la irregularidad formal que denuncia la parte ahora demandante pues no consta que se diese traslado del escrito de alegaciones presentado en marzo por la parte contraria.

8.– Sin embargo, en el presente caso no puede olvidarse que toda la controversia versó desde un principio sobre la virtualidad de tales cargos –el precio del transporte no se había discutido– razón por la cual la reclamante ya presentó junto con su demanda ante la Junta de Transporte los documentos que entendió oportunos para acreditar que los cargos no eran procedentes, entre ellos, las conversaciones vía mail con las que quería demostrar que Salvesen Logística SA aceptaba los vales de palés canjeables que las empresas destinatarias de los transportes entregaban al transportista cuando no podía hacerse el intercambio en el momento de la entrega.

9.– Pese a que en el escrito de alegaciones presentado el día 15 de marzo 2019 por Furgo Trayler SL ante la Junta de Transporte se mencionaba la aportación de documentos, lo cierto es que no consta en el expediente arbitral que llegasen a presentarse y, de hecho, los mails que se mencionan en dicho escrito de alegaciones, de 4 de septiembre y de 4 de octubre de 2017, se hallaban acompañados con la reclamación inicial (…), de modo que no se acredita ni se razona, por el ahora demandante, de qué modo la omisión del traslado del escrito de alegaciones habría podido causar la indefensión material que se invoca cuando no se había previsto ni era exigible un nuevo trámite de réplica para que la parte contestase dicho escrito y tampoco existieron documentos nuevos que impugnar. De hecho, más que una reconvención propiamente dicha, lo que alegó la reclamada fue la compensación y el árbitro hace mención a los mails que ya constaban en el expediente y de los que se había dado traslado en su momento a la parte instada”

“(…) Infracción del orden público

1.– Como indicamos en la STSJCat 39/2020 de 30 de noviembre de 2020 en relación con la causa de anulación del laudo referida al orden público hemos declarado – SSTSJ Cataluña 45/2012, de 12 de julio , 27/2013, de 2 de abril y 3/2014, de 7 de enero, 38/2019 de 23 de mayo – que el orden público debe ser entendido como el conjunto de principios y normas esenciales que inspiran la organización política, social y económica de España, con inclusión desde luego de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pero no sólo de ellos; el orden público opera en consecuencia como un límite necesario e imprescindible a la autonomía de la voluntad, a fin de garantizar la efectividad de los derechos constitucionales de los ciudadanos, el fundamento de las instituciones y la protección de los conceptos y valores inspiradores del sistema de democracia social constitucionalmente consagrado, límite que se impone también. Por ello, el laudo arbitral no puede traspasar el orden público, y en caso que lo hiciere, aparece la posibilidad del control jurisdiccional de ese límite, a fin de garantizar que las decisiones arbitrales respeten ese conjunto de derechos y valores indisponibles.

2. Ello expuesto, el motivo también decae.

3. No apreciamos arbitrariedad en la decisión del árbitro sino que el motivo tiende a una revisión sobre el fondo del asunto que, como se ha expuesto, por ley nos está vedada. El árbitro no afirma que no existiese una obligación accesoria del transportista para el intercambio de los palés. Lo que aduce para rechazar la reconvención/compensación es que no se conocen los exactos términos de esta obligación (‘el régimen jurídico’) por no haberse aportado el contrato y ‘sense coneixer el contigut concret en relació amb aquest aspecte determinat’ no se podía condenar a la transportista’, que la práctica entre las dos empresas cuando no se podían recoger los palés era recibir un vale que se entregaba a Salvensen para su canjeo, lo que había hecho Furgo Trayler SL sin oposición por parte de la primera durante más de 6 meses; que, consecuentemente, existía la posibilidad de recobrar los palés. También rechazaba la compensación por cuanto no estimaba probada la liquidez de la deuda por palés no devueltos y/o extraviados.

4. La valoración de la prueba pertenece a los árbitros y solo en el caso de error patente o manifiesta arbitrariedad, que aquí no se aprecia, puede anularse el laudo por este motivo.

5. Advertir, una vez más, que la acción de nulidad no permite una revisión a modo de segunda instancia del fondo del litigio ni el concepto de orden público puede ensancharse como indica la STC 46/2020, de 15 de junio para llevar a cabo una revisión de fondo del litigio por el órgano judicial, lo que pertenece en esencia solo a los árbitros”.

Deja un comentario