Remisión a las Cortes del Acuerdo entre la Unión Europea y Singapur de Protección de las Inversiones (1 junio 2021)

El Consejo de Ministros ha adoptado el 1 de junio de 2021 el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

Antecedentes

Singapur, integrada en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ocupa un lugar central en la estrategia de la UE respecto al Sudeste Asiático y constituye un aliado clave de la UE. ASEAN en su conjunto es el tercer mayor socio comercial de la UE fuera de Europa, después de EEUU y China.

Desde 1980 las relaciones UE-Singapur se articulan dentro del «Acuerdo Marco de Cooperación CEE-ASEAN» y a finales de 2000, la UE decidió profundizar y modernizar sus relaciones con los distintos países de la zona, entablando negociaciones en paralelo sobre Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y Acuerdos políticos de Colaboración y Cooperación (ACC).

En marzo de 2010 comenzaron las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Singapur y se completaron en 2011 para incluir la protección de inversiones. La Comisión negoció finalmente un Acuerdo de Libre Comercio y un Acuerdo de Protección de Inversiones (API).

Ante las presiones de los Estados Miembros (EEMM) sobre la naturaleza jurídica del ALC y el reparto de competencias entre la UE y los EEMM, la Comisión sometió el asunto a consulta del Tribunal de Justicia UE, quien falló en mayo de 2017, confirmando la competencia exclusiva de la UE en todas las materias incluidas en el ALC, excepto las inversiones distintas de las directas y la solución de diferencias entre inversores y Estados en las que los EEMM actúen como demandados, considerada competencia compartida UE-EEMM. A la vista de este dictamen, el texto negociado inicialmente fue adaptado para crear dos acuerdos independientes: un ALC y un API, este último concluido en septiembre de 2017.

La UE y Singapur firmaron este Acuerdo en octubre de 2018, en el marco de la XII Cumbre Asia-Europa (ASEM). El API fue aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de febrero de 2019.

Por lo que respecta a nuestro país, el Consejo de Ministros del 11 de octubre de 2018 autorizó la firma del Acuerdo, que fue firmado por España y por los demás Estados miembros durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de 15 de octubre de 2018.

Hasta la fecha, este Acuerdo ha sido ratificado por Dinamarca, Estonia, Hungría, Letonia, Luxemburgo, República Checa y Suecia. Se trata de un Acuerdo de competencia mixta, toda vez que, junto a la UE participan en él sus Estados miembros, además de Singapur, por lo que deberá ser ratificado por ellos de conformidad con sus respectivos procedimientos internos para su entrada en vigor.

El objetivo primordial del API es generar seguridad jurídica y brindar nuevas oportunidades comerciales y de inversión entre ambos socios en consonancia con la visión de la Estrategia Europa 2020.

El Acuerdo establece un Sistema de Tribunales de Inversión para la solución de diferencias en materia de inversión, que garantiza que se respeten las normas de protección de las inversiones y pretende encontrar un equilibrio entre proteger a los inversores de manera transparente y salvaguardar el derecho de los Estados a legislar para perseguir objetivos de políticas públicas.

Contenido

En cuanto a su estructura, el Acuerdo consta de un Preámbulo, cuatro Capítulos -cada uno con su correspondiente articulado- y 11 Anexos aclaratorios e interpretativos.

El Preámbulo menciona el enmarque y la complementariedad de este Acuerdo con los de Colaboración y Cooperación y Libre Comercio entre la UE y Singapur, y su vinculación con las reglas de la OMC. Se fijan como objetivos la intensificación de relaciones comerciales y de inversión a través de la creación de un clima propicio, a la vez que se reconoce el derecho de las Partes a adoptar medidas para perseguir objetivos sociales y medioambientales, de seguridad, salud pública y de protección de la diversidad cultural.

El Capítulo I se titula Objetivos y Definiciones Generales y establece que el objetivo de este Acuerdo es reforzar el clima de inversión entre las Partes.

El Capítulo II, titulado Protección de las Inversiones, determina su ámbito de aplicación, el régimen de medidas reglamentarias y su impacto sobre las inversiones (derecho de las Partes a adoptar medidas para perseguir objetivos políticos legítimos). Se establecen reglas y preceptos en cuanto al trato nacional asimilado y excepciones a su cumplimiento (por razones políticas legítimas), garantías de nivel de trato justo y equitativo, y normas para la compensación por pérdidas, la expropiación, las transferencias y la subrogación.

El Capítulo III se refiere a la solución de diferencias (secciones A y B) y constituye el núcleo central del Acuerdo, introduciendo una novedad para el tratamiento de diferencias en materia de inversión a través del Sistema de Tribunales permanentes de Inversiones. Establece, además, el germen de un hipotético futuro Tratado Multilateral de Inversiones.

La Sección A regula la solución de diferencias entre Inversores y Partes. Se definen los conceptos de demandante y demandado, se establecen normas, reglas y plazos para la solución amistosa de controversias, los procedimientos de consultas, el recurso a la mediación y la solución de diferencias alternativa.

En la medida de lo posible, toda diferencia debe solucionarse de forma amistosa a través de negociaciones y, cuando sea posible, antes de la presentación de una solicitud de consultas. En cualquier momento podrá alcanzarse una solución amistosa, incluso una vez que haya comenzado el procedimiento de solución de diferencias. Por lo que respecta a la demanda propiamente dicha, se estipulan las condiciones para su presentación y se crean los siguientes organismos: Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Apelación permanente (para atender los recursos de los laudos provisionales emitidos por el Tribunal de Primera Instancia),

La Sección B se ocupa de la Solución de Diferencias entre las Partes, regulando el ámbito de aplicación y los procedimientos de consultas y de mediación como opciones previas al inicio de un procedimiento arbitral.

El Grupo Especial de Arbitraje constituye el eje sobre el que se articula el procedimiento de solución de diferencias. Estará compuesto por tres árbitros, uno seleccionado por cada Parte y el tercero por el Comité del Acuerdo, en base a una lista establecida de personas capacitadas y no vinculadas con los gobiernos

El Capítulo IV contiene las disposiciones institucionales, generales y finales:

Disposiciones Institucionales: Las Partes establecen un Comité, copresidido por el Ministro de Comercio e Industria de Singapur y el Comisario de Comercio UE. Se reunirá normalmente cada dos años, alternativamente en Singapur y Bruselas, y en reuniones extraordinarias previo acuerdo entre las partes.

Disposiciones Generales: Se establecen normas sobre modificaciones del Acuerdo, cumplimiento de obligaciones y reglas sobre fiscalidad. Se reconocen excepciones al mismo por razones de seguridad de las Partes y una excepción específica sobre el no sometimiento al Acuerdo por bancos centrales, autoridades monetarias o entidades públicas.

Disposiciones Finales: Se establecen reglas sobre entrada en vigor y aplicación provisional, territorial, duración (indefinida), terminación y sobre su redacción en las lenguas oficiales de las partes.

Según el art. 4.15, el Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que las Partes se hayan notificado la finalización de los procedimientos jurídicos necesarios a tal efecto, salvo que fijen otra fecha de común acuerdo.

Este Acuerdo podrá aplicarse provisionalmente cuando ambas partes así lo acuerden. En ese caso, el Acuerdo se aplicará a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en la que la Unión y Singapur se hayan notificado mutuamente el cumplimiento de sus procedimientos pertinentes respectivos. Las Partes podrán fijar otra fecha de común acuerdo.

A su entrada en vigor, los Acuerdos entre los Estados miembros y Singapur referentes a inversiones, dejarán de tener efecto y serán sustituidos por este.

De acuerdo con el art. 4.12, este Acuerdo formará parte integrante de las relaciones bilaterales generales que se rigen por el Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Singapur y formará parte de un marco institucional común junto con el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) y el Acuerdo de Libre Comercio (ACL).

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