Remisión a las Cortes del Acuerdo de protección de las inversiones entre la Unión Europea y Vietnam (1 junio 2021)

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se aprueba la firma ad referéndum del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

Antecedentes

Vietnam ocupa un lugar central en la estrategia de la UE respecto al Sudeste Asiático, puesto que es su segundo mayor socio comercial en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Desde 1980 las relaciones UE-Vietnam se articulan dentro del «Acuerdo Marco de Cooperación CEE-ASEAN», y a finales de 2000, la UE decidió profundizar y modernizar sus relaciones con los distintos países de la zona, entablando negociaciones en paralelo sobre Acuerdos de Libre Comercio (ALC) y Acuerdos políticos de Colaboración y Cooperación (ACC).

En marzo de 2010, comenzaron las negociaciones de los dos acuerdos en paralelo. Las negociaciones del AAC terminaron en 2012 y el Acuerdo está en vigor desde 2016. Por lo que respecta al ALC, en septiembre de 2011, se ampliaron las negociaciones para abarcar también la protección de inversiones (sobre la base de las nuevas competencias UE del Tratado de Lisboa) y éstas finalizaron en octubre de 2015.

Ante las presiones de los Estados Miembros (EEMM) sobre la naturaleza jurídica del ALC y el reparto de competencias entre la UE y los EEMM, la Comisión sometió el asunto a consulta del Tribunal de Justicia UE, que falló en mayo de 2017, confirmando la competencia exclusiva de la UE en todas las materias incluidas en el ALC, excepto las inversiones distintas de las directas y la solución de diferencias entre inversores y Estados en las que los EEMM actúen como demandados, considerada competencia compartida UE – EEMM. A la vista de este dictamen, el texto negociado inicialmente fue adaptado para crear dos acuerdos independientes: un ALC y un API (Acuerdo de Protección de Inversiones), este último concluido en 2018.

Los tres acuerdos (AAC, ALC y API) forman parte del marco institucional global, aunque sus respectivas situaciones difieren:

El AAC está en vigor desde 2016, y su Comité conjunto se reúne desde mayo de 2019.

El ALC, que fue firmado por la UE y Vietnam el 30 de junio de 2019 conjuntamente con el API, fue aprobado por el Parlamento Europeo el 12 de febrero de 2020, tras comprometerse Vietnam a acomodar su legislación laboral al espíritu de determinados Convenios de la OIT, y entró en vigor el 1 de agosto de 2020.

El API, que fue firmado por la UE y Vietnam el 30 de junio de 2019 conjuntamente con el ALC, fue adoptado en Luxemburgo en el marco del Consejo de Asuntos Generales de 25 de junio de 2019. Por parte de España fue firmado ad referendum por el Embajador Representante Permanente mediante plenipotencia. El Parlamento Europeo lo aprobó el 12 de febrero de 2020 y, al tratarse de Acuerdo de competencia mixta, los Estados miembros deben ratificarlo conforme a sus correspondientes procedimientos internos.

El objetivo primordial del API es generar seguridad jurídica y brindar nuevas oportunidades comerciales y de inversión entre ambos socios en consonancia con la visión de la Estrategia Europa 2020. La Comisión propuso que el Acuerdo no fuese objeto de aplicación provisional, en consideración a la sensibilidad de los Estados miembros sobre el posible ejercicio de competencias compartidas en cuestión de inversiones.

Hasta la fecha, ha sido ratificado por Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, República Checa, Rumania, Suecia y Vietnam.

La entrada en vigor del API, con un régimen común y modernizado de protección de inversiones, implicará la suspensión y reemplazo de los 20 Tratados de Inversión Bilaterales existentes entre Vietnam y los EEMM (Alemania, Austria, Bélgica-Luxemburgo, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Suecia), a los que superará y mejorará en garantías.

Junto con el AAC y el ALC, el API formará parte integrante de un marco institucional común singularizado para las relaciones UE-Vietnam.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 21 de noviembre de 2019, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos de los apartados a) y e) del Artículo 94.1 de la Constitución, debido a que el Acuerdo presenta un evidente carácter político (apartado a) y toda vez que sus previsiones afectan a materias sobre las que existe reserva de ley en el ordenamiento jurídico español, como las relativas a la expropiación de inversiones, las que afectan a la propiedad intelectual o las que regulan la solución de controversias (apartado e).

Contenido

En cuanto a su estructura, el Acuerdo consta de un Preámbulo, cuatro Capítulos y 13 Anexos aclaratorios e interpretativos.

El Preámbulo pone de manifiesto el enmarque y la complementariedad de este Acuerdo con los de Asociación y Cooperación y de Libre Comercio entre la UE y Vietnam, y con los esfuerzos de integración económica regional. Señala además su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos y su vinculación con las reglas de la OMC. Manifiesta el compromiso con los principios del desarrollo sostenible (protección medioambiental y laboral) y fija como objetivos la intensificación de relaciones económicas, comerciales y de inversión, potenciando un clima propicio partiendo de un marco jurídico predecible.

El Capítulo I trata de los objetivos y definiciones generales y establece que el objetivo de este Acuerdo es reforzar el clima de inversión entre las Partes.

El Capítulo II se refiere a la protección de inversiones, y determina su ámbito de aplicación (inversiones cubiertas y explotación de las mismas), y el régimen de medidas reglamentarias y su impacto sobre las inversiones (derecho de las Partes a adoptar medidas para perseguir objetivos políticos legítimos). Se establecen reglas y preceptos en cuanto al trato nacional asimilado y excepciones a su cumplimiento (por razones políticas legítimas), garantías de nivel de trato justo y equitativo, y normas para la compensación por pérdidas, la expropiación, las transferencias y la subrogación.

El Capítulo III regula la solución de diferencias (secciones A y B) y constituye el núcleo central del Acuerdo, al encarnar el nuevo tratamiento de las diferencias en materia de inversión a través del Sistema de Tribunales Permanentes de Inversiones (a semejanza de lo estipulado en el CETA con Canadá y en el API con Singapur). Establece, además, el germen de un hipotético futuro Tratado Multilateral de Inversiones.

La Sección A trata de la Solución de Diferencias entre las Partes, regulando el ámbito de aplicación y los procedimientos de consultas y de mediación como opciones previas al inicio de un procedimiento arbitral.

El Grupo Especial de Arbitraje constituye el eje sobre el que se articula el procedimiento de solución de diferencias. Estará compuesto por tres árbitros, uno seleccionado por cada Parte y el tercero por el Comité del Acuerdo, en base a una lista establecida de personas capacitadas y no vinculadas con los gobiernos

La Sección B regula la solución de diferencias entre Inversores y Partes. Se definen los conceptos de demandante y demandado, se establecen normas, reglas y plazos para la solución amistosa de controversias, los procedimientos de consultas, el recurso a la mediación y la solución de diferencias alternativa.

Se hace mención al Convenio CIADI (Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados nacionales y otros Estados) de 1965 y a la Convención de NNUU sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, así como a la Comisión de NNUU de Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), como puntos de referencia.

Por lo que respecta a la demanda propiamente dicha, se estipulan las condiciones para su presentación y se crean los siguientes organismos: Tribunal de Primera Instancia, Tribunal de Apelación permanente (para atender los recursos de los laudos provisionales emitidos por el Tribunal de Primera Instancia),

El Capítulo IV contiene las disposiciones institucionales, generales y finales:

Disposiciones institucionales: Las Partes establecen un Comité, copresidido por el Ministro de Planificación e Inversiones de Vietnam y el Comisario de Comercio UE. Se reunirá normalmente cada año, alternativamente en la UE y en Vietnam, y en reuniones extraordinarias previo acuerdo entre las partes.

Disposiciones Generales: Se establecen normas sobre modificaciones del Acuerdo, cumplimiento de obligaciones y reglas sobre fiscalidad. Se reconocen excepciones al mismo por razones de seguridad pública y sanitaria, y para proteger su sistema financiero (política monetaria y de tipo de cambio), así como en situaciones excepcionales con criterios restrictivos.

Disposiciones Finales: Se establecen reglas sobre entrada en vigor y aplicación provisional, territorial, duración (indefinida), terminación y sobre su redacción en las lenguas oficiales de las partes.

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