Lugar de materialización de un daño consistente exclusivamente en una pérdida económica para la determinación de la competencia judicial (STJ 1ª 12 mayo 2021, as. c-709/19)

 

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 12 de mayo de 2021 (Asunto C-709/19: Vereniging van Effectenbezitters) declara que el art. 7, punto 2, del Reglamento Bruselas I debe interpretarse en el sentido de que la materialización directa en una cuenta de inversión de un daño puramente económico como consecuencia de las decisiones de inversión adoptadas bajo la influencia de información fácilmente accesible a nivel mundial pero inexacta, incompleta o engañosa de una sociedad internacional cotizada en bolsa no permite atribuir, por razón de la materialización del daño, la competencia internacional a un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que estén establecidos el banco o la empresa de inversión en cuyo registro se encuentra inscrita la cuenta cuando dicha sociedad no hubiera estado sometida a obligaciones legales de publicidad en ese Estado miembro.

 VEB es una asociación dotada de plena capacidad jurídica con arreglo al Derecho neerlandés, cuyo objeto, según se define en sus estatutos, es la representación de los intereses de los accionistas. En particular, puede entablar acciones colectivas en el sentido del art. 305a del libro 3 del BW. BP es una sociedad petrolera y gasística que desarrolla su actividad a escala mundial. Sus acciones ordinarias cotizan en las bolsas de Londres y Fráncfort. Las American Depository Shares derivadas de las acciones ordinarias cotizan en la bolsa de Nueva York (Estados Unidos). El 20 de abril de 2010, se produjo una explosión en la plataforma petrolera Deepwater Horizon, arrendada por BP y situada en el golfo de México, que causó víctimas mortales y heridos y de la que resultaron asimismo daños medioambientales. En 2015, VEB emplazó a BP ante el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos) ejercitando, al amparo del art. 305a del libro 3 del BW, una acción colectiva en nombre de las personas que adquirieron, tuvieron en su poder o vendieron acciones ordinarias de BP durante el período comprendido entre el 16 de enero de 2007 y el 25 de junio 2010 a través de una cuenta de inversión ubicada en los Países Bajos o a través de una cuenta de inversión de un banco o de una empresa de inversión establecidos en los Países Bajos (en lo sucesivo, «accionistas de BP»). Sin embargo dicho Tribunal se declaró incompetente para conocer de las pretensiones de VEB y el gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Países Bajos) confirmó en apelación la resolución de incompetencia. Así las cosas VEB interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales:

 

Apreciaciones del Tribunal de Justicia

 

Concretamente el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el art. 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil debe interpretarse en el sentido de que la materialización directa en una cuenta de inversión de un daño puramente económico como consecuencia de las decisiones de inversión adoptadas bajo la influencia de información fácilmente accesible a nivel mundial pero inexacta, incompleta o engañosa de una sociedad internacional cotizada en bolsa permite, en determinadas circunstancias, atribuir, por razón de la materialización del daño, la competencia internacional a un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que estén establecidos el banco o la empresa de inversión en cuyo registro se encuentra inscrita la cuenta cuando dicha sociedad no hubiera estado sometida a obligaciones legales de publicidad en ese Estado miembro. Este interrogante es resuelto por el Tribunal de Justicia en el sentido de que el lugar de materialización del daño así identificado responde al objetivo del Reglamento n.º 1215/2012 dirigido a reforzar la protección jurídica de las personas establecidas en la Unión, permitiendo a la vez al demandante identificar fácilmente el tribunal al que puede acudir y al demandado prever razonablemente aquel ante el que puede ser demandado, dado que el emisor de un certificado que no cumple sus obligaciones legales relativas al folleto, cuando decide que se difunda el folleto relativo a ese certificado en otros Estados miembros, no puede pasar por alto la posibilidad de que inversores insuficientemente informados, domiciliados en otros Estados miembros, inviertan en el certificado y sufran un daño. Entiende el Tribunal de Justicia que este objetivo de procedibilidad no es garantizado de la misma manera cuando, en el Estado miembro en el que se ubica la cuenta de inversión que sirvió para la compra de los títulos cotizados en bolsa en otro Estado, el emisor de dichos títulos no está sujeto a obligaciones legales de publicidad. En efecto, los criterios relativos al domicilio y a la situación de las cuentas de los accionistas no permiten que la sociedad emisora efectúe una previsión sobre la determinación de los órganos judiciales internacionalmente competentes ante los que podría ser demandada, lo que sería contrario al objetivo, contemplado en el considerando 16 del Reglamento n.º 1215/2012, de evitar, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente.

En opinión del Tribunal de Justicia, de lo anterior resulta que, en el caso de una sociedad cotizada en bolsa, como la que es objeto del litigio principal, en razón de la materialización del daño únicamente puede establecerse la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en los que dicha sociedad haya cumplido, a los efectos de su cotización en bolsa, las obligaciones legales de publicidad. Solo en esos Estados miembros dicha sociedad puede prever razonablemente la existencia de un mercado de inversión y la generación de responsabilidad.

Por último, en lo que atañe a la cuestión de en qué medida el carácter colectivo de una acción como la ejercitada en el litigio principal permite hacer abstracción del domicilio de los inversores, ha de señalarse que de las consideraciones anteriores se desprende que, en sí mismo, este no es determinante para establecer el lugar en el que se ha producido el hecho dañoso, con arreglo al art. 7, punto 2, del Reglamento n.º 1215/2012..

Deja un comentario